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declara ex jefe de inteligencia militar


Ex jefe DINE declara por últimas víctimas de la dictadura. Tras diligencias, querellantes pedirían su procesamiento por desaparición de cinco frentistas en 1987. Por primera vez el general (R) Ricardo Ortega Prado será interrogado como inculpado en la investigación que dirige el ministro Mario Carroza.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. El recién retirado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), general Ricardo Ortega Prado, está citado a declarar por primera vez como inculpado en la investigación que instruye el ministro Mario Carroza por el secuestro y homicidio de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), detenidos en septiembre de 1987 tras el plagio del entonces gerente comercial de Famae, coronel Carlos Carreño Barrera.
Se trata del último caso de detenidos desaparecidos de la dictadura.
La diligencia está programada para hoy en el Hotel Militar y fue coordinada por el Comando de Apoyo castrense por tratarse de un alto oficial en retiro.
Ortega ya había sido interrogado por el juez en 2008 y enero de 2009, sin embargo, en esas oportunidades lo hizo en calidad de testigo y sólo reconoció su vinculación con el "secuestro de Karin Eitel", a quien se identificó como la mujer que hacía de enlace entre el Frente y la familia de Carreño. Con la desaparición de los otros cinco militantes nada tenía que ver, aseguró al magistrado.
Pero según los antecedentes reunidos en la indagación, en 1987 Ortega tenía el grado de mayor y era el jefe del G4, un comando de elite del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el brazo operativo de la DINE, encargado de vigilar las actividades que realizaban los grupos opositores al régimen militar en las poblaciones de la Región Metropolitana.

El Negocio de las Armas
El 1 de septiembre de ese año el Frente secuestró al coronel Carreño, quien por su cargo en la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae) estaba al tanto de importantes operaciones comerciales de armas relacionadas con el mundo castrense pero también con los negocios de Augusto Pinochet Ugarte. Se presume que los organismos de inteligencia reaccionaron por esa razón.
Así la DINE y la Central Nacional de Informaciones (CNI) pidieron al G4, que comandaba Ortega, elaborar una nómina de subversivos pertenecientes al FPMR. Se buscaba seleccionar a quienes serían una eventual carta de canje para negociar la liberación del coronel.
Entre el 9 y el 11 de ese mes fueron arrestados Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas. La información que manejaba el comando de Ortega había resultado útil.
Se sabe que estuvieron prisioneros en el Cuartel Borgoño de la CNI y que luego fueron ultimados con una inyección letal. Después sus cuerpos serían atados a rieles y lanzados al mar desde helicópteros en la zona de Quintay.
El coronel Carreño había aparecido en Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio y ya no era necesario intercambiarlo.

Los Otros Agentes
El descubrimiento de la coordinación que hubo entre miembros de la DINE y del BIE abrió una nueva veta en la investigación judicial, pues inicialmente los antecedentes sólo apuntaban al director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus agentes como responsables de los crímenes.
En 2007 fue el turno del entonces jefe del batallón, el general (R) Julio Cerda. Un año después el ministro encargó reo al director de la DINE de la época, general (R) Hugo Prado. Ambos eran superiores jerárquicos de Ortega cuando ocurrieron los secuestros. A ellos se sumó también uno de sus subalternos, el capitán Marco Bustos.
Este último, en una de sus declaraciones judiciales, asegura que su jefe directo, el mayor Ortega, le ordenó constituirse en el Cuartel Borgoño, donde se encontraban detenidos los frentistas, para actuar como enlace pero, en un interrogatorio posterior, dice que no recuerda quién le informó de su misión en el recinto de la CNI.

Reapertura y Nuevas Diligencias
En abril de este año el ministro Mario Carroza decretó el cierre de la etapa sumaria de la causa, pero los abogados querellantes así como los defensores de dos procesados solicitaron nuevas diligencias.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la indagación tras conocer las últimas declaraciones prestadas por encausados y testigos de la causa, quienes a juicio de los querellantes caían en evidentes contradicciones. Así se dispuso una serie de interrogatorios y careos además del despacho de oficios a distintas instituciones.

21 de agosto de 2009
©la nación
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