los falsos positivos
22 de agosto de 2009
[Eduardo Pizarro Leongómez] Los llamados ‘falsos positivos’ constituyen un motivo de vergüenza para las Fuerzas Armadas. Después de años y años de una mejoría sustancial e indiscutible en el plano de los derechos humanos por parte de las instituciones militares, los ‘falsos positivos’ cayeron como un baldado de agua fría. ¿Cómo era posible que oficiales o suboficiales del Ejército asesinaran a sangre fría a jóvenes de barrios populares para lograr un ascenso mediante bajas ficticias? ¿Cómo era posible que soldados profesionales disfrazaran de guerrilleros muertos en combate a jóvenes indefensos para obtener un descanso de fin de semana?
La reacción del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue oportuna y valerosa. No solamente adelantó una amplia depuración interna de los oficiales que, por acción u omisión, eran responsables de estos dolorosos hechos. Además, dictó una serie de medidas necesarias para fortalecer el respeto a los derechos humanos en las filas castrenses. Primero, en el marco de la política integral de derechos humanos (DD. HH.) y derecho internacional humanitario (DIH) del Ministerio de Defensa se aprobaron las denominadas Reglas de Enfrentamiento, que sirven para evaluar el trabajo de las unidades militares. Estas ya no serán evaluadas por el número de bajas en el campo enemigo, sino por el cumplimiento de los objetivos de cada una de las unidades, de acuerdo con las amenazas que enfrentan. Segundo, se creó un sistema de certificación en derechos humanos, la cual será necesaria para poder ascender en el escalafón militar. Tercero, se creó un equipo de asesores jurídicos operacionales, expertos en DD. HH. para apoyar el planeamiento de las acciones militares. Finalmente, cada miembro de la fuerza pública recibirá próximamente un Manual de Derecho Operacional, fundado en el respeto al DIH.
La rápida reacción del Ministerio de Defensa frente a la aberrante práctica de los ‘falsos positivos’ era indispensable, no solamente para demostrar que el respeto a los derechos humanos constituye un eje central del accionar militar, sino, además, como una condición necesaria para alcanzar un definitivo debilitamiento de los actores armados no estatales y la paz interna.
Un ejército desmoralizado no es un instrumento eficaz para enfrentar una insurrección armada. Las experiencias de Cuba y Nicaragua, las dos únicas revoluciones armadas triunfantes en América Latina, así lo atestiguan.
El primero de enero de 1959 abandona el poder el general Fulgencio Batista y Zaldívar, mientras las tropas del Movimiento 26 de Julio, encabezadas por Fidel Castro, entraban triunfantes a La Habana. Veinte años más tarde, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entra triunfante a Managua, tras el derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, quien parte presuroso a refugiarse en el Paraguay de Alfredo Stroessner.
¿Qué tenían en común Fulgencio Batista y Anastasio Somoza? No solo se trataba de dos férreas dictaduras patrimonialistas, sino, ante todo, de dos regímenes que, debido a la amplia corrupción interna de las instituciones militares, se hallaban seriamente desmoralizados. Bastó que dos organizaciones guerrilleras muy precarias en términos militares las enfrentaran para que estos dos regímenes se cayeran como un castillo de naipes. La moral de la tropa era muy precaria y nadie estaba dispuesto a morir para defender a dos gobiernos repudiables.
Sin duda, Colombia está lejos de una situación similar a las de Cuba o Nicaragua. Sin embargo, es indispensable combatir sin descanso cualquier práctica atentatoria contra los derechos humanos en las Fuerzas Armadas.
Una condición sine qua non para vencer a un adversario en el campo militar es demostrar una clara superioridad moral. Frente a la degradación creciente de las Farc y el Eln –cada día más y más dependientes del secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas–, las Fuerzas Militares no pueden terminar pareciéndose a sus adversarios.
9 de febrero de 2009
©el tiempo 
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