los ex agentes recontratados
4 de septiembre de 2009
El domingo 30 de agosto, La Nación informó sobre un grupo de ex agentes de la DINA y la CNI que a través del mecanismo de los honorarios continúa trabajando en el Ejército prestando servicios de asesoría. Los antecedentes, obtenidos en el marco de las normas de transparencia de los actos del Estado, han causado conmoción en la opinión pública, en particular entre dirigentes políticos y representantes de organismos de defensa de los derechos humanos. El ministro de Defensa solicitó a todas las ramas castrenses que entregaran sus datos acerca de las personas contratadas. Según el balance, en las Fuerzas Armadas trabajan catorce procesados y un condenado. Esta distinción procesal abrió todo un campo de disputa en torno a la idea de la presunción de inocencia entre autoridades gubernamentales y líderes partidarios.
El diferente punto de vista se extendió a la proposición de establecer una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, iniciativa que concluyó rechazada al no lograrse el quórum necesario. Esta distinta apreciación del caso ha sido utilizada con el propósito de instalar un supuesto quiebre entre la administración y la coalición. Si bien es efectiva la disidencia anotada -la cual debe evaluarse a la luz de los roles institucionales desiguales que cumplen el Ejecutivo y los partidos-, ella no debe hacer perder de vista el nudo fundamental de la investigación de este diario: la anomalía que supone que personas ligadas a graves violaciones de los derechos humanos colaboren aún con las FFAA a casi veinte años de reinstalada la democracia.
En la inconveniencia de esta situación no caben matices. La DINA y la CNI fueron organismos de la dictadura concebidos como maquinarias de aniquilamiento sistemático de opositores y su función era eliminar de la sociedad chilena una cultura política representativa. Que ambos entes hayan sido creados dentro de una legalidad de excepción, no anula que su modo de funcionamiento los vincula a una praxis como verdaderas asociaciones ilícitas, que aplicaron su arbitrario poder a través de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales -incluso contra la propia juridicidad autoritaria- e incluso corrupción económica. Los informes Rettig y Valech, así como los avances consistentes en la acción de la justicia para esclarecer las operaciones de los aparatos de seguridad, son suficientemente esclarecedores de la forma en que golpeó la dictadura.
En este ámbito conviene que la divisoria de aguas sea clara: las FFAA deben cortar vínculos contractuales con quienes, por la naturaleza intrínseca de su actividad represiva, están per se ligados a la violación de derechos humanos. En las acciones de la DINA y la CNI no hubo atisbo de inocencia. Ni penal ni moral. Por lo mismo, no corresponde que con dinero público se financie a ex miembros. La democracia está madura como para que las instituciones armadas se pongan a la altura del mínimo ético de justicia y reparación que demanda la sociedad.
©la nación 
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