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casos calientes vuelven a la suprema


Los magistrados juzgarán al ex embajador Salvador Arana, y los ex congresistas Mario Uribe y Álvaro ’El Gordo’ García Romero, quienes habían renunciado a su fuero para salirse del terreno de la Corte.
Bogotá, Colombia. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia reasumió tres de los casos más polémicos de parapolíticos: Mario Uribe (primo hermano del presidente Álvaro Uribe), Salvador Arana (ex embajador de Colombia en Chile) y Álvaro García Romero, uno de sus aliados políticos en Sucre.
El caso de Mario Uribe ha sido toda una ’papa’ caliente para investigadores, magistrados y fiscales, que han recibido toda clase de presiones por parte del Gobierno, porque se trata del primo hermano del presidente de la República y su más cercano aliado a lo largo de su carrera política.
Mientras que Arana fue embajador de Colombia en Chile y ’El Gordo’ García socio electoral en la primera campaña presidencial de Uribe Vélez en Sucre. 
A la fecha, los dos políticos sucreños se encuentran en etapa de juicio, mientras que la Fiscalía no definió si acusaba o no al ex senador antioqueño.
El ente acusador decidió devolver estos procesos a la Corte, a raíz de la nueva jurisprudencia que dictó la Sala Penal de esta corporación, la cual le permite reasumir los casos de congresistas que hayan renunciado a sus curules para evitar ser procesados por el Alto Tribunal.
La investigación por presuntos nexos con paramilitares contra Mario Uribe comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema lo llamó a indagatoria. La noticia tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe en Nueva York, donde participaba en la Asamblea de Naciones Unidas. Desde allí dijo: "Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza".
Desde entonces, cualquiera que tuviera el expediente del primo del presidente empezó a padecer las presiones.
Un mes después del llamado a indagatoria, la chispa se encendió cuando el magistrado Valencia dijo en una entrevista en El Espectador que el presidente Uribe, cuando lo llamó desde Nueva York, le preguntó por el caso de su primo Mario. La Casa de Nariño ripostó de inmediato, señaló a Valencia de no decir la verdad y, a renglón seguido, instauró una denuncia en su contra.
El contenido de la conversación no está claro, pero lo que si es cierto es que la denuncia penal contra el magistrado Valencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, aún no se resuelve.
Poco tiempo después de ser llamado a indagatoria por la justicia, Mario Uribe renunció a su calidad de congresista para evitar que la tenaza de la Corte Suprema lo siguiera apretando.
El ‘chicharrón’ del expediente Uribe le tocó a Ángela Buitrago, la fiscal que desenterró la investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y que entre los pasillos del búnker es considerada como ‘de línea dura’. Sin embargo, el fiscal Mario Iguarán le reasignó el caso a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal que reconocido por su seriedad que renunció denunciando que había recibido presiones para que precluyera al caso.
El 22 de abril de 2008 la Fiscalía ordenó su captura, por lo que Uribe Escobar intentó buscar asilo en la embajada de Costa Rica que fue negado por ser considerado improcedente y por lo tanto, se entregó a la Fiscalía. El 19 de agosto del mismo año fue dejado en libertad por orden del entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago en medio de las controversias.
Desde entonces se ha esperado que la Fiscalía decide si lo llama o no a juicio, algo que tendrá que definir ahora la Corte Suprema de Justicia.

’El Gordo’ García y Salvador Arana
La Corte Suprema de Justicia reasumió también los casos contra el ex senador Álvaro García, también del partido Colombia Democrática que dirigía Mario Uribe, y contra el ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile del gobierno Uribe, Salvador Arana, ambos por vínculos con grupos paramilitares. 
Los dos casos habían terminado la etapa de juicio a mediados de abril de este año y estaban pendientes sólo para sentencia. Para ambos casos, tanto la Fiscalía como la Procuraduría habían solicitado al respectivo juez especializado la condena contra los políticos. Sin embargo, ahora con la decisión de la Corte, el Alto Tribunal tendrá en sus manos la responsabilidad de condenarlos o absolverlos. 
En la misma decisión, la Corte decidió devolver el caso del ex senador Ciro Ramírez a los juzgados especializados para que estos lleven a cabo el juicio contra el ex senador boyacense. Una vez terminado el juicio, el caso sería devuelto a instancias de la Corte.
En el caso de Salvador Arana, el pasado 22 de abril, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron al pedir una sentencia condenatoria contra el ex gobernador y ex diplomático de Sucre por considerar que hay méritos para encontrarlo responsable por la desaparición y homicidio del ex alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, y la financiación de grupos paramilitares ubicados al sur del departamento de Sucre.  
La petición de la Fiscalía y la Procuraduría se hizo principalmente con base en los testimonios aportados por Sadys Enrique Ríos, Juan Pablo Viloría Flores y Jairo Castillo alias ‘Pitirri’, a quienes se les otorgó credibilidad por las acusaciones que hicieron contra Arana por sus vínculos con grupos paramilitares al mando del ex jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo alias ‘Cadena’.
Los testimonios de varios desmovilizados y ex jefes paramilitares como ‘Diego Vecino’, Salvatore Mancuso y ‘Ramón Mojana’ fueron descartados por la Fiscalía y la Procuraduría al considerar que tenían ‘mayor concordancia con los hechos y circunstancias’, los testimonios que se encontraron en contra de Arana.
Según la Procuraduría, el testimonio de ‘Pitirri’, ex guardaespaldas de Joaquín García –y actualmente asilado en Canadá-, fue también clave para el caso puesto que vinculó a Arana con la financiación de grupos paramilitares en Sucre, especialmente el Frente Mojana, y con la firma del ‘Pacto de Ralito’ en 2001.
Álvaro García. El pasado 16 de abril, el fiscal 26 de la unidad de Terrorismo solicitó la codena de García ante un juez especializado de Bogotá, al considerar que existen pruebas suficientes para condenar al político sucreñopor sus vínculos con grupos paramilitares en Sucre y como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el año 2000, y en el homicidio de una testigo electoral del municipio de San Onofre, en 1997.
Uno de los casos por los que pidió su condena fue como autor intelectual de la masacre de Macayepo, en el que el Fiscal aseguró que García fue cómplice y le colaboró al ganadero y paramilitar Joaquín García para que ejecutara la masacre con un grupo de paramilitares del frente Mojana de las Auc.
La fiscalía también pidió que se condenara a García Romero por el asesinato de Georgina Narvaez, maestra de San Onofre. El fiscal argumentó que el testimonio de alias ’Pitirri’ prueba que García se alió con paramilitar Salomón Feris Chadid alias ’08’- para asesinar a Narvaez, ya que ella fue testigo de un fraude electoral que permitió a Erick Morris, candidato de García a la gobernación de Sucre en 1997, ser elegido.
Desde finales de 2006, la Corte Suprema de Justicia investigaba al senador García por organizar, promover, armar y financiar grupos paramilitares. Las principales acusaciones en contra del entonces senador se basaban en el testimonio de Jairo Castillo Peralta alias ‘Pitirri’, quien trabajó como escolta del ganadero Joaquín García y del ex gobernador de Sucre Salvador Arana, y fue testigo de las reuniones de Salvatore Mancuso con políticos como Víctor Guerra de la Espriella, Salvador Arana, Miguel Nule Amín y el mismo Álvaro García Romero.

Ciro Ramírez. En abril de este año, el vicefiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, ratificó la acusación contra el ex senador Ciro Ramírez y lo llamó a juicio tras conocer unas conversaciones entre el ex congresista y Henry López Londoño, narcotraficante y paramilitar que se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar de las Auc y que era conocido con el alias de ’Mi Sangre’.
El ex senador Ramírez ya había sido acusado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y de promoción de grupos al margen de la ley. A pesar de que hay varios congresistas investigados por los vínculos con paramilitares, esta es la primera vez que un senador investigado por parapolítica también es vinculado a narcotráfico.
La conversación con alias ’Mi Sangre’ no fue la única que sostuvo el ex senador con narcotraficantes.
En 2006, la revista Semana tuvo acceso a varias horas de grabaciones efectuadas, entre abril y septiembre de 2005, por organismos de inteligencia antinarcóticos extranjeros en los que el nombre del político aparece en conversaciones que sostienen varios narcotraficantes y delincuentes. "La operación se diseñó para perseguir y arrestar una gigantesca banda de narcotraficantes vinculados con paramilitares, la cual actuaba en cinco países. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando, durante los controles electrónicos a los teléfonos de los narcos, empezamos a oír que mencionaban al senador Ciro Ramírez. Lo más desconcertante fue cuando empezamos a oír al propio senador conversando con los narcos", dijo en ese entonces a Semana un agente de una de las agencias antidrogas que participaron en la investigación.

24 de septiembre de 2009
©verdad abierta 
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