a juzgar crímenes de lesa humanidad
9 de octubre de 2009
[Mariana Carbajal] Argentina. El gobierno propone a una abogada cordobesa como candidata a jueza de la Corte Penal Internacional. La elegida es Silvia Alejandra Fernández, diplomática de carrera, con una larga y destacada experiencia como jurista en cuestiones de derecho internacional, derecho internacional humanitario y derechos humanos. Ayer fue recibida en la Comisión de Acuerdos del Senado, en una audiencia pública como parte del proceso de selección, el mismo que se aplica para los jueces de la Corte Suprema, que incluye consultas a organizaciones de la sociedad civil y entidades profesionales y académicas. Su nominación no recibió ninguna impugnación ni observación. Y podría aprobarse en la sesión especial de mañana en la Cámara alta. Compite por una vacante en la CPI –que corresponde a la región de Latinoamérica y el Caribe– con una chilena, un colombiano y un guyanés.
Es la primera vez que el gobierno argentino postula un/a candidato/a para magistrado de la CPI. En ese tribunal, encargado de juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, otro argentino, el abogado Luis Moreno Ocampo, se desempeña como fiscal desde 2003, cuando empezó a funcionar la CPI, que tiene sede en La Haya.
Fernández tiene 54 años y actualmente es directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Pero conoce muy de cerca la CPI. Tuvo una extensa participación en el proceso de su creación y puesta en marcha. Además, condujo la elaboración internacional del procedimiento penal que utiliza la CPI, que incluye las disposiciones sobre protección y participación de víctimas. Y fue vicepresidenta de la Conferencia de Roma, de 1998, en la que se adoptó el estatuto que creó el tribunal. De 2003 a fines de 2006 estuvo trabajando en la CPI como directora de una de las tres divisiones de la Fiscalía, la encargada de la cooperación internacional para poder llevar adelante las investigaciones.
Avalaron su postulación la Universidad Nacional de Córdoba, la UCA de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Asociación por los Derechos Civiles, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y la Fundación de Estudios para la Justicia y el Centro Internacional de Justicia Transicional, con sede en Nueva York, entre otras entidades académicas, profesionales y de la sociedad civil.
Ayer, tras la audiencia pública, los integrantes de la Comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el chubutense Marcelo Guinle (FpV), empezaron a firmar un dictamen para apoyar su nominación. Estuvieron presentes, entre otros, el jujeño Gerardo Morales, presidente de la bancada radical y su compañero de bloque el santacruceño Alfredo Martínez, los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Sonia Escudero (Salta), Guinle y Nicolás Fernández del FpV. No se escucharon cuestionamientos a la candidatura. El pliego podría aprobarse en la sesión de mañana, antes de la votación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El tratamiento en el Senado no debería postergarse demasiado dado que está prevista la elección del nuevo magistrado en La Haya a mediados de noviembre, cuando se reúnan los representantes de los 110 Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI. El o la elegida debe obtener el apoyo de dos tercios de las naciones presentes.
La CPI tiene 18 jueces, que representan en forma equitativa a las regiones del mundo. En enero se eligieron varios magistrados, entre ellos uno de Guyana, que nunca llegó a asumir por razones personales y renunció. Para cubrir esa vacante es que el Gobierno nominó a Fernández. No es el único país que propuso candidata. En las últimas semanas se conoció la postulación de Chile, que impulsa a la abogada Cecilia Medina, jurista de prestigio internacional, actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Articulación Regional Feminista, integrada por diversas organizaciones que trabajan en derechos humanos y justicia de género en los países de la región expresaron su apoyo a ambas candidatas.
Además de la argentina y la chilena, por ahora, hay un postulante colombiano, Gerardo Monroy Cabra, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro guyanés, Duke Pollard, integrante de la Corte Caribeña de Justicia. El período de cierre para presentar candidaturas se extendió hasta el 14 de octubre.
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