guerra de honduras en los medios
Elisabeth Malkin informó desde Tegucigalpa, y Marc Lacey desde Ciudad de México. 12 de octubre de 2009
[Elizabeth Malkin y Marc Lacey] Tegucigalpa, Honduras. Cuando era presidente, Zelaya compraba joyas, pagaba viajes y mantenía a sus caballos con dinero que había robado del Banco Central y de Hacienda, de acuerdo a un anuncio de televisión del gobierno de facto. Aparecen titulares de diarios hondureños en la pantalla, como si con eso se demostrase la verdad de las acusaciones.
El reclame, y otros parecidos, son anuncios habituales en la televisión y la radio hondureñas, donde la furiosa guerra política que divide a Honduras se desarrolla en medio de afirmaciones de todo tipo, sin importar si se basan o no en hechos reales. El retorno de Zelaya al país el lunes ha aumentado el volumen de la guerra en los medios -una guerra en la que la voz del gobierno es la que suena con más ruido, aunque Zelaya es un combatiente igualmente diestro y resbaladizo.
"Zelaya tiene un plan terrorista", afirma otro anuncio del gobierno, acusando al presidente depuesto de utilizar la embajada brasileña, donde se ha refugiado, como su comando general. Eso vino después de un ominoso aviso de que "tropas extranjeras y aviones militares" habían entrado a territorio hondureño.
Los anuncios del gobierno son el ejemplo más extremo de las acusaciones se que han convertido en la dieta habitual de las ondas radiofónicas.
Incluso antes de que Zelaya fuera derrocado por el golpe el 28 de junio, la televisión y los diarios, controlados por un puñado de hombres de negocios ricos, se volvieron contra él. Aparte del canal de televisión estatal, el gobierno de Roberto Micheletti, el presidente de facto, tiene muchas avenidas para desacreditar, sino difamar, a Zelaya.
El miércoles noche, por ejemplo, el canal del gobierno informó, sin mencionar la fuente, que Brasil había prometido restituir a Zelaya a cambio de una silla permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero Zelaya tiene sus propios medios aliados, especialmente la emisora Radio Globo, que transmite día y noche, abriendo sus micrófonos a los oyentes y repite su propio conjunto de rumores y falsedades. Zelaya llama frecuentemente a la radio y a otros en el mundo, haciendo sus propias denuncias escandalosas: que han pagado a comandos israelíes para que lo maten; que lo están envenenando en secreto por gas y radiación; que Micheletti está preparando tomar por asalto la embajada brasileña.
"Nadie en Honduras dice la verdad cien por cien", dice Alejandro Villatoro, dueño de Radio Globo y diputado aliado de Zelaya. Dijo que los informes sobre represión de parte de policías y soldados que se había convertido en pan de todos los días, no eran comentados en los medios aliados con el gobierno.
Claramente el gobierno lleva ventaja, dijo, observando que él y sus periodistas fueron arrestados brevemente el día del golpe. Esa experiencia lo ha convencido de mantener la emisora en el aire, incluso aunque el gobierno bloquee frecuentemente sus programas (el último programa bloqueado era cuentos de niños para la hora de acostarse).
Desde el golpe los anunciantes han retirado sus anuncios, de modo que debe financiar de su bolsillo el presupuesto de quince mil a veinte mil dólares de la emisora.
Cada lado argumenta que está contrarrestando las mentiras de los otros. "Nuestro objetivo es contar la verdad a la gente", dijo un asesor de medios del gobierno que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado para hablar a nombre del gobierno. "Los otros están dirigiendo una campaña de desinformación".
Las acusaciones opuestas continuaron cuando las dos partes discuten qué fue lo que provocó la crisis. De acuerdo a un análisis reciente de los aspectos jurídicos del caso preparado por la Biblioteca Jurídica del Congreso en Washington, tanto Zelaya como los que lo derrocaron han violado la ley.
En el caso de Zelaya, el presidente no acató las resoluciones de tribunales que le ordenaban suspender una encuesta sobre si los ciudadanos querían reformar la Constitución. Finalmente el fiscal general presentó una demanda ante la Corte Suprema acusando a Zelaya de traición y abuso de autoridad, entre otros cargos. Eso llevó a la orden de arresto que fue ejecutada el 28 de junio.
Pero Zelaya no fue arrestado formalmente cuando los soldados allanaron su casa. En lugar de eso, el ejército lo detuvo, lo llevó al aeropuerto y lo subió a un avión hacia Costa Rica [parando antes en el aeropuerto de la base militar norteamericana de Palmerola], aunque la Constitución hondureña prohíbe que un ciudadano hondureño sea entrega a autoridades extranjeras.
Las fuerzas armadas dijeron que decidieron expulsar a Zelaya del país para reducir la posibilidad de que su detención causara disturbios. Después de defender inicialmente esa decisión, algunos miembros del gobierno de facto han llegado a considerarla como un error.
Norma C. Gutiérrez, especialista en derecho internacional que preparó el análisis jurídico para los legisladores estadounidenses el mes pasado, criticó a las dos partes. Lo esencial: la acusación contra Zelaya tenía argumentos válidos en el derecho constitucional y penal. Pero no así su expulsión del país.
24 de septiembre de 2009
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios