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abusos policiales en honduras


Fuerzas de seguridad hondureñas son acusadas de abuso de autoridad.
[Elisabeth Malkin] Tegucigalpa, Honduras. Rosamaría Valeriano Flores volvía a casa después de visitar una clínica de salud pública y se encontró de pronto en una multitud de gente que se alejaba de una manifestación de apoyo al derrocado presidente Manuel Zelaya. Cuando cruzaba la plaza mayor de la capital hondureña, un grupo de soldados y agentes de policía la empujaron al suelo y la golpearon con sus porras.
Dijo que los hombres le rompieron casi todos sus dientes superiores, le quebraron las costillas y le abrieron la cabeza. "Un policía me escupió en la cara y me dijo: ‘Te voy a matar’", dijo, agregando que dejaron de golpearla cuando un oficial de policía les gritó que la estaban matando.
Valeriano, 39, visitó la semana pasada la oficina de una organización de derechos humanos de Tegucigalpa, para hablar sobre la agresión, que ocurrió el 12 de agosto. Cuando contaba la historia, hablando entre dientes para ocultar la pérdida de sus dientes, mostró una cicatriz en su cráneo y las costillas del lado izquierdo, todavía doloridas.
Desde que Zelaya fuera derrocado por el golpe del 28 de junio, las fuerzas de seguridad han tratado de detener la oposición con golpizas y detenciones masivas, denuncian organizaciones de derechos humanos. Desde el golpe, once personas han sido asesinadas, de acuerdo al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, o Cofadeh.
Según organizaciones de derechos humanos, la cantidad de violaciones y su intensidad han aumentado desde que Zelaya volviera clandestinamente a Honduras hace dos semanas, refugiándose en la embajada brasileña.
Las organizaciones describen un ambiente de creciente impunidad, con las fuerzas de seguridad actuando sin trabas de restricciones legales. Sus atribuciones han sido reforzadas por un decreto de emergencia que permite que la policía detenga a cualquiera que signifique una amenaza.
"En los años ochenta hubo asesinatos políticos, torturas y desapariciones", dijo Bertha Oliva, coordinadora general de Cofadeh, en una entrevista la semana pasada, recordando la represión política de la llamada guerra sucia del país. "Eran crímenes secretos y selectivos. Pero ahora hay una represión masiva y hostilidad hacia todo el mundo. Lo hacen a la luz del día, sin escrúpulos, sin nada que los detenga".
En medio de la represión, una delegación de cancilleres de la Organización de Estados Americanos debe llegar a la capital Tegucigalpa el miércoles en un intento de reiniciar la negociaciones entre representantes de Zelaya y Roberto Micheletti, el gobernante de facto.
Adelantándose a la reunión, Micheletti dijo que levantaría el decreto el lunes. Los abusos podrían tener un efecto desalentador sobre las elecciones presidenciales convocadas para el 29 de noviembre. El gobierno de facto y sus partidarios dicen que las elecciones cerrarán el capítulo sobre el golpe y sus secuelas, pero las Naciones Unidas, Estados Unidos y otros gobiernos han declarado que no reconocerán la votación si se realiza en las condiciones actuales.
"Las elecciones son un riesgo, porque la gente no votará", dijo Javier Acevedo, abogado del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Tegucigalpa. "Los soldados y policías en los colegios electorales serán los mismos que han estado implementando la represión".
Investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el país en agosto, y constataron sistematicidad en el uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y control de la información.
La organización pidió al gobierno de facto que proporcione las medidas de protección adecuadas a decenas de políticos, dirigentes sindicales, maestros, funcionarios de organizaciones de derechos humanos y periodistas, que denuncian que han sido seguidos y amenazados.
El gobierno de facto respondió que se necesitaban medidas fuertes contra los partidarios de Zelaya, a los que describieron como vándalos -una descripción respaldada por los anuncios del gobierno en la televisión mostrando buses quemados y barricadas en la calle. Algunas demostraciones se han vuelto violentas. Algunos partidarios de Zelaya han roto vitrinas y quemado llantas en barricadas callejeras. El gobierno declaró que, desde el golpe, han muerto tres personas.
Micheletti dijo que los investigadores de la Comisión Interamericana tenían prejuicios, observando que su presidente, Luz Patricia Mejía, es venezolana. La mayoría de la elite política y económica hondureña temía que Zelaya tratara de copiar la versión venezolana de socialismo, a medida que avanzaba hacia una alianza con el presidente de ese país, Hugo Chávez.
Las instituciones de derechos humanos del gobierno hondureño no han reaccionado con vigor frente a las violaciones de los derechos humanos, dicen partidarios.
La fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce, está de vacaciones, de acuerdo a informes en la prensa. Ramón Custodio, el comisionado de derechos humanos del gobierno que luchó contra la represión en los años ochenta, en general apoyó el golpe, aunque criticó algunas acciones del gobierno de facto.
Los grupos que eran vulnerables a que se violasen sus derechos humanos antes del golpe corren ahora más riesgos. Por ejemplo, desde el golpe han habido seis asesinatos de homosexuales o travestís, de acuerdo a organizaciones de derechos homosexuales. Hasta 2008, el promedio de esos asesinatos era de tres a seis víctimas al año.
Al día siguiente del retorno de Zelaya, la policía dispersó con gases lacrimógenos una demostración de sus partidarios frente a la embajada brasileña. Cuando la gente huía, las fuerzas de seguridad arrojaron bombas a las oficinas de Cofadeh, a unas cuadras de distancia. La acción, cree Oliva, pretendía impedir que los abogados de Cofadeh pudieran intervenir tomando declaraciones o pidiendo la libertad de los que eran detenidos.
Desde el retorno de Zelaya, las fuerzas de seguridad han estado allanando en barrios pobres que son la base de su popularidad. "Entran a las barriadas para intimidar a la gente", dijo Acevedo, el abogado. En ese tiempo, el centro ha documentado un creciente nivel de violencia. Algunos investigadores han visto más de dos docenas de personas con heridas de bala en hospitales, y algunos detenidos tenían sus manos rotas y habían sido quemados con cigarrillos, dijo.
Aunque la policía y los soldados andan buscando a los activistas que han estado organizando la resistencia, la barrida recoge a cualquiera que se ponga en el camino.
Yulian Lobo dijo que su marido fue arrestado en el barrio de Villa Olímpica y acusado de posesión de una granada. "No salió de ninguna parte", dijo, agregando que su marido, un conductor, no había participado en las manifestaciones a favor de Zelaya.
Lesbia Marisol Flores, 38, es una activista de la resistencia, pero cuando la policía la golpeó estaba esperando en una parada del autobús después de asistir al velatorio de una mujer de veinticuatro que murió después de haber sido atacada con gases lacrimógenos frente a la embajada brasileña el 22 de septiembre.
"Eran ocho agentes y llevaban la cara cubierta", dijo, agregando que la habían escogido al azar de entre la gente que estaba en la parada. "No tenían motivos. Ahora es su hobby".

14 de octubre de 2009
5 de octubre de 2009
©new york times 
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