nueva solución para honduras
El autor es un abogado de Washington y representa a la rama hondureña del Latin American Business Council. En 1996-98 fue asesor especial del presidente Bill Clinton, y, en 2005-06, miembro del Privacy and Civil Liberties Board del presidente George Bush. 17 de octubre de 2009
[Lanny J. Davis] En julio pasado, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se reunieron para convencer a las divididas fuerzas de Honduras de alcanzar una solución a la controversia por la remoción del ex presidente Manuel Zelaya. El proceso de mediación fue dirigido por el presidente costarricense, Óscar Arias, y fue respaldado por la secretario de Estado, Hillary Clinton.
Pero ese proceso, llamado el ‘Acuerdo de San José’, de Arias, no resultó en ningún acuerdo en absoluto. Una opinión, apoyada por Estados Unidos, la OEA y la UE -así como por Zelaya y sus partidarios- es que Zelaya fue derrocado ilegalmente sin un juicio justo. De acuerdo a este campo, la única solución es restituirlo en la presidencia.
La vista opuesta -compartida por la mayoría de los líderes de opinión de la sociedad civil hondureña, los cuatro principales candidatos a la presidencia, la Iglesia Católica, y prácticamente todas las instituciones del gobierno civil- es que Zelaya actuó ilegalmente cuando intentó extender su mandato por medio de un referéndum. Así que su remoción del cargo como resultado de una decisión unánime de la Corte Suprema y una abrumadora mayoría del Congreso, estuvo enteramente justificada.
Lo que ha hecho la situación todavía más intratable es que EUA, la OEA y la UE han sugerido enérgicamente que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre. Adoptaron esta posición sin tomar en cuenta que el proceso electoral es supervisado, de acuerdo a la Constitución hondureña, por el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal es completamente independiente de la rama ejecutiva dirigida por Roberto Micheletti.
Estas decisiones administrativas han producido un irónico y embarazoso escenario: EUA aparentemente no está dispuesto a reconocer elecciones libres y honestas en Honduras, con observadores internacionales; esto al mismo tiempo que está a punto de reconocer al presidente de Afganistán, que fue elegido en un proceso electoral hoy visto como fraudulento.
¿Así qué hacer?
En los últimos días ha emergido un plan B. Partidarios creíbles de Zelaya se han estado reuniendo con los cuatro principales candidatos a la presidencia hondureña, representantes del gobierno interino de Micheletti y otros miembros de la sociedad civil.
Las conversaciones han sido descritas por los presentes en la habitación como el "Diálogo de Guaymuras", en referencia al nombre indígena del país en el periodo precolombino. Lo que se discute son algunas disposiciones del Acuerdo de San José, como la necesidad de una moratoria de los procesos por crímenes políticos, lo que fue interpretado como que se aplicaba tanto contra Zelaya como contra los responsables de su deportación.
Una resolución exitosa del Diálogo de Guaymuras debería garantizar: la renuncia, después de las elecciones, de Micheletti y la renuncia de Zelaya a su intención de ser restituido como presidente; la sucesión, como prevista en la Constitución, de un presidente interino entre el día de las elecciones y el día de la investidura; un gobierno de unidad nacional con representación de todos los segmentos de la sociedad civil; y, lo más importante, compromisos vinculantes con una serie de reformas constitucionales y económicas dirigidas a una distribución más equitativa de la riqueza.
Para Zelaya, aceptar su renuncia a su derecho a ser restituido como presidente en estas circunstancias no debería ser un sacrificio muy grande, porque la Constitución le prohíbe presentarse para un segundo término. Incluso si fuera restituido, después del 29 de noviembre, sería un presidente inútil por menos de dos meses hasta la investidura del nuevo presidente el 26 de enero de 2010. Si logran lo que quieren en la actual discusión, sus partidarios habrán ganado importantes reformas legales, sociales y económicas.
Zelaya también podría decir que él nunca dejó de ser presidente, así que "renunciaría". Las autoridades constitucionales en Honduras lo llamarán renuncia, pues en su opinión ya no es presidente. Y están aliviados de que se haya marchado y no pueda socavar la legitimidad de las elecciones presidenciales próximas. Es un buen compromiso diplomático para los dos lados.
Pero dados los informes de ayer sobre las discusiones de continuada intransigencia de las dos partes, esto parece demasiado optimista. Si Zelaya se niega a "renunciar" o a desistir de su intención de ser restituido, que es una clara posibilidad, deberíamos esperar que EUA y los otros países de la OEA y de la UE no sientan obligadas a insistir en su restitución. Deberían reconocer la elección del nuevo presidente, y la crisis terminaría. Honduras sería restituida en su legítimo papel como una república constitucional estable y leal aliado de EUA.
8 de octubre de 2009
©wall street journal
©traducción mQh
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