el crimen invisible
22 de octubre de 2009
Colombia. Miles de personas en todo el país han sufrido la tragedia de la desaparición forzada. La mayoría de afectados son familias campesinas desarticuladas por los paramilitares. La unidad de Justicia y Paz distribuirá en regiones apartadas una cartilla con fotos de prendas halladas en fosas exhumadas para que los dolientes traten de identificar algo que les hable de sus familiares perdidos.
Cuenta la historia que en diciembre de 1941 Hitler expidió el decreto Noche y Niebla, que consistía en deportar a los miembros de la resistencia de los territorios ocupados, para desaparecerlos en campos de Alemania, donde eran vestidos con uniformes señalados con las iniciales N.N. Este es el antecedente de lo que después sería conocido como desaparición forzada y que se convirtió en un arma perfecta: sin cuerpo no hay víctima y sin víctima, no hay delito y menos justicia.
Las guerras o las dictaduras siempre han sido el terreno abonado para las desapariciones. En Vietnam nunca se supo el paradero de 300.000 personas. Quizá combatientes que murieron en las selvas o civiles indefensos asesinados lejos de sus hogares. En la guerra de los Balcanes hubo 50.000 desaparecidos.Un número similar arrojó como saldo la larga guerra de los contras en Guatemala. En el Cono sur, donde no había guerra, pero sí dictadura militar, la comisión de la verdad de Argentina documentó 9.000 hasta 1983, pero las organizaciones de víctimas señalan que son 30.000. En Chile, durante la era Pinochet, hubo cerca de 1.200 desaparecidos.
Esa misma niebla espesa, que ha envuelto durante más de dos décadas el fenómeno de los desaparecidos en Colombia, parece ahora estar diluyéndose. Y deja al desnudo un escenario aterrador. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha documentado 25.185 casos de víctimas de carne y hueso que fueron raptadas contra su voluntad y que hoy están siendo buscadas por sus familiares. "Hemos hecho 348 jornadas de atención integral a víctimas y 34 expresamente para el tema de desaparecidos. En las comunidades recogimos, y seguimos haciéndolo, todo tipo de información antes de muerto: denuncias, relatos, radiografías, fotos. Por primera vez tenemos una cifra seria y vigente. Acá no aparece el señor que se metió al motel un fin de semana, que la familia denunció y luego nunca retiró la denuncia", dice Luis González, coordinador de los fiscales de Justicia y Paz.
Se presume que la mayoría de ellos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados, arrojados a los ríos o deshechos por métodos horripilantes como los hornos crematorios.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que reúne todas las instituciones del Estado y ONG que trabajan en el tema, tiene una cifra global aun más aterradora de 35.086 casos, de los cuales puede confirmar que 9.268 personas fueron desaparecidas de manera forzada. Es una cifra bastante alta si se tiene en cuenta que hace apenas dos años, los cálculos de la Fiscalía, que muchos consideraban exagerados, era que los desaparecidos rondaban 15.000 casos.
La mayoría de las desapariciones ocurrió entre 1996 y 2003 y se le atribuye a grupos paramilitares. Si se saca un promedio diario, se estaría hablando de hasta más de cinco desaparecidos por día en esa época. Hay regiones donde masivamente la gente está buscando las tumbas o cualquier dato sobre sus familiares. Antioquia es quizás el departamento más golpeado: mientras la Comisión de Búsqueda registra 1.970 casos, la Fiscalía habla de 6.950. Sólo en el oriente de ese departamento se ha iniciado una búsqueda masiva de 601 desaparecidos, acudiendo sobre todo a los depósitos de cadáveres sin identificar. Los llamados NN (del latín nomen nescio, que significa ’desconozco su nombre’) que por alguna cruel paradoja es igual a la misma sigla del Noche y Niebla -NN- que decretó Hitler.
Otros departamentos con cifras abrumadoras son Magdalena, con 2009; Cesar, con 2.118; Meta, con 1.563, y Putumayo, donde la Fiscalía busca a 1.080 personas.
Caso aparte merece Casanare. La Fiscalía habla de 591 desaparecidos, pero Benetech, una ONG internacional que ha trabajado con varias comisiones de la verdad en el mundo, sostiene que el subregistro en esta zona es muy alto, según un estudio hecho en 2007. Calcula 2.553 desaparecidos allí.
No sólo esta ONG ha llamado la atención sobre este departamento. El padre Javier Giraldo, junto a Fabian Laverde, de la organización Cos-pacc, documentó el caso de dos municipios: Chámeza y Recetor, en los cuales encontraron que sólo en un lapso de dos meses, a principios de 2003, desaparecieron 60 personas. Una de las historias más trágicas es la de Jeison Salamanca, un joven de Recetor al que los paramilitares le desaparecieron a sus dos padres, dos hermanos y tres tíos.
En Casanare hay mucha dificultad para documentar casos, puesto que los sanguinarios paramilitares de Martín Llanos nunca se desmovilizaron. El Bloque Centauros quedó desarticulado y muchos de sus comandantes se rearmaron, luego hay poca información que provenga de los paramilitares. Y las víctimas no denuncian porque las autoridades allí estuvieron en una alianza perversa con los grupos armados.
Las cifras no están exentas de controversia. La Vicepresidencia de la República no incluye las cifras de desaparecidos en sus estadísticas de derechos humanos porque, según sus funcionarios, no son confiables. No obstante, entidades en las que sí confía, como Fondelibertad, aseguran que de las 2.800 personas que aparecían como secuestradas antes de la depuración de las bases de datos que están haciendo, por lo menos 330 eran en realidad víctimas de desaparición forzada.
En el pasado, muchas personas preferían decir que su familiar estaba secuestrado porque sabían que así la fuerza pública se movilizaba rápidamente a buscarlo, los medios de comunicación le hacían bombo y en general, no quedaba en el olvido. Porque la triste realidad es que en el país existe una profunda e injusta asimetría entre la indignación que causa el secuestro y la indiferencia que generan los desaparecidos. Esperanza Merchán, de Asfaddes, una organización crítica del Estado, dice que eso se debe en parte a que "quienes desaparecen están vinculados o cuentan con la complicidad de la fuerza pública".
Pero eso ha empezado a cambiar. Desde cuando se activó el mecanismo de búsqueda urgente, muchos casos se han resuelto. Por ejemplo, los falsos positivos de Ocaña, que se descubrieron hace un año gracias al trabajo que hicieron forenses de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, cruzando la información sobre unos muchachos desaparecidos en Soacha, y esta casó perfectamente con unos NN de Norte de Santander.
Sólo la fiscalía tiene nueve equipos dedicados a la búsqueda de desaparecidos y 17 fiscales dedicados al tema. Se han exhumado 2.666 cadáveres, de los cuales apenas 610 han sido entregados a sus familiares. Algunas ONG piensan que esto no se puede entender como la búsqueda de desaparecidos, pues muchas de las fosas entregadas por los paramilitares corresponden a los combatientes de sus grupos muertos en combate, y no necesariamente a gente que fue arrebatada de su hogar a la fuerza. No obstante, de cara a los familiares, el sentido humanitario es el mismo.
El registro sobre las personas desaparecidas se ha sofisticado, con el objetivo, entre otras, de que se acuda cada vez menos al sistema de identificación de ADN, que es muy costoso y no siempre necesario. En ese mismo sentido la Fiscalía publicará en pocas semanas un álbum con fotos de prendas y documentos hallados en fosas cuyos cuerpos exhumados no se ha logrado identificar. La cartilla será repartida en regiones apartadas, para que especialmente la gente del campo pueda identificar algo que les hable de sus familiares perdidos.
La cifra de desaparecidos sigue creciendo. Y aunque puede que nunca se logre saber a ciencia cierta cuántos son, Colombia sí está frente a una realidad que durante muchos años las autoridades se negaron a admitir: que hubo y sigue habiendo desaparición forzada.
19 de octubre de 2009
©semana 
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