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recuperar y devolver las tierras


Gobierno debe centrarse en reclamos de víctimas para recuperar y restituir tierras a desplazados. En Curvaradó, Chocó, la siembra masiva de palma africana desterró a varios de los habitantes.
[Alejandro Reyes Posada] Colombia. Las empresas de violencia organizada que agenciaron el destierro de campesinos han sido organizaciones complejas, con alta rotación de mandos, que tuvieron contribuyentes forzosos y a veces voluntarios, y que se financiaron con el narcotráfico, la extorsión y la captura de rentas públicas, han tenido aliados naturales -grandes propietarios y empresas vulnerables al sabotaje- pero también han creado sus propias bases de beneficiarios con reparto de tierras adquiridas a la fuerza.
El despojo de tierras también fue una conquista militar de territorios mediante una ‘limpieza social’ de campesinos, indígenas y afrocolombianos, que fueron reemplazados por clientes y testaferros en un esfuerzo por afianzar la emergencia de nuevas capas terratenientes, a veces con vocación empresarial. Pero además del despojo directo por la fuerza o la amenaza, la seguridad ofrecida por paramilitares y luego por el Gobierno despertó el apetito de grandes terratenientes que corrieron cercas sobre las parcelas de los desplazados o les compraron tierras a bajos precios.
La carrera por comprar extensiones grandes para minería y biocombustibles, y para la producción de alimentos, ha sido estimulada por los subsidios a grandes inversionistas y presiona a las víctimas empobrecidas por el conflicto a vender la tierra restante para salvar al menos parte del patrimonio familiar.
Es muy difícil identificar en manos de quiénes están las tierras despojadas. Con seguridad muy pocas quedan en poder de los jefes paramilitares extraditados y sus cabecillas más visibles. Los principales beneficiarios han sido familiares, empleados de confianza y amigos. Todo ello con la ayuda de mafias de abogados, notarios, jueces, registradores y autoridades locales especializadas en ocultar legalmente los despojos. Además la desmovilización de las Auc omitió negociar la devolución de las tierras usurpadas.
La seguridad democrática ha recuperado el control militar y policial de muchos territorios de despojo y ha permitido el retorno de una quinta parte de los desterrados, pero el resto continúa en la miseria, sin que el Gobierno logre restituirles las tierras. Para lograrlo es necesario un enfoque distinto al de buscar el ahogado aguas arriba, pues cuando examinan el patrimonio de los jefes paramilitares o la legalidad de los títulos de los testaferros no aparecen fácilmente las ilegalidades.
El enfoque debe centrarse en las reclamaciones de las víctimas, localizadas geográficamente, pues las pruebas del despojo se encuentran en los registros de la violencia en las regiones, en las estadísticas de masacres, homicidios y desplazamientos. Y el proceso legal, que debería hacerse de manera masiva y rápida, debe fundarse en invertir la carga de la prueba a favor de los desplazados, para declarar inválida toda la arquitectura de maniobras de ocultamiento con transferencias fraudulentas del patrimonio de las víctimas. Hacer eso es convertir la seguridad democrática en seguridad para el pueblo y no en confianza para los inversionistas emergentes del crimen organizado.

El autor escribió ‘Guerreros y campesinos, el despojo de la tierra en Colombia’.

26 de octubre de 2009
©cambio
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