la masacre del palacio de justicia
18 de diciembre de 2009
Casi un cuarto de siglo después de los hechos, la Comisión de la Verdad que investigó la tragedia del Palacio de Justicia entregó un informe final que avivó aun más el debate sobre las responsabilidades en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Colombia. En sus informes preliminares, desde el 2007, los ex magistrados de la Corte Suprema Nilson Pinilla (actual presidente de la Corte Constitucional), Jorge Aníbal Gómez y Roberto Herrera habían señalado que si bien la principal responsabilidad le cabe al M-19 por realizar una toma a sangre y fuego, el Estado falló porque no solo no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar el ataque, sino que las Fuerzas Militares incluso lo habrían propiciado para infligirle una derrota al grupo guerrillero.
En ese punto, señalaron la desprotección en la que estaba la sede de la justicia a pesar de que era clara la intención de la guerrilla de asaltar el Palacio.
Por "acción y omisión", dice la Comisión, el Gobierno de la época fue corresponsable de la tragedia. Por eso le pidieron expresamente al ex presidente Belisario Betancur y a sus más inmediatos colaboradores "aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones y omisiones en las que incurrieron en el curso de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como una manera de superar el dolor de las víctimas y sus familiares y de dar una lección de grandeza al país".
Concretamente, los comisionados hablan de admitir que "la solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negación de las evidencias no contribuyen a defender sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado de Derecho".
También le reclamaron a la hoy candidata presidencial Noemí Sanín, entonces ministra de Comunicaciones, por lo que llamaron "censura de información". Aseguran que ella "tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas".
El informe da casi como una certeza que el narcotráfico, concretamente el cartel de Medellín, aportó plata para la toma. En ese sentido, hablan de 2 millones de dólares que habrían sido entregados por Pablo Escobar a Iván Marino Ospina, uno de los líderes del ’M’.
Y afirma además que el Gobierno no tuvo intención real de rescatar a los secuestrados y se limitó a ser un espectador pasivo de lo que hacían el Ejército y la Policía:
"¿Cuántas vidas se hubiesen salvado de haberse atendido el clamor de los rehenes y permitido la labor humanitaria de la Cruz Roja, como era el deber del Estado y de sus Fuerzas Armadas?", cuestiona el documento.
También habla de ejecuciones sumarias en el caso de 8 guerrilleros que recibieron tiros de gracia, de la intención de ocultar la verdad sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia en esos dos días y de una "discriminación" macabra que habría llevado a las desapariciones forzadas que hoy tienen a varios oficiales de la época llamados a juicio y presos.
"La consideración de la juventud de las personas, su condición social, su raza o lugar de origen, así como, para el caso de los desaparecidos, el oficio que desempeñaban en el Palacio, fueron elementos de discriminación, estigmatizantes y violatorios" de los derechos humanos, aseguran los comisionados.
El ex magistrado Roberto Herrera aseguró que, tras la tragedia, hubo una especie de ’pacto de silencio’ para ocultar la verdad y que los familias de las víctimas, entre ellas las de los desaparecidos, fueron discriminadas.
Por su lado, el ex magistrado Jorge Aníbal Gallego señaló que nada deslegitima más a un Estado que recurrir a las tácticas de los ilegales que intenta combatir y afirmó que en esos días hubo censura de prensa en Colombia.
Quién Originó el Incendio
La Comisión de la Verdad señala que uno de los hechos en los que aún persiste mayor incertidumbre es el origen de uno de los tres incendios en el interior del Palacio de Justicia.
Los dos primeros, en el sótano y en la biblioteca, dice el informe, son de menor relevancia dado que no se propagaron, como sí lo hizo el tercero, ocurrido en el tercer y cuarto pisos del Palacio de Justicia.
Según el general Félix Gallardo, comandante de Bomberos de la época, los incendios fueron provocados.
"Las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estrategia y táctica sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el devastador, por falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento utilizados, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto nefasto que produjo la conflagración de la edificación", señala el informe.
Aunque la Comisión acepta que no puede afirmar que existió intencionalidad en la generación del incendio sí señala que "esa deficiencia y desconocimiento en la planeación, generó una omisión constitucional, legal táctica y técnica que desembocó en el incendio generalizado en el Palacio de Justicia y en la desprotección total de las personas que allí se encontraban".
Se Niega el Diálogo
La Comisión es enfática en señalar que el objetivo primordial del gobierno debió ser la de autorizar desde un primer momento la actuación de la Cruz Roja en aras deproteger la vida de los rehenes. Sólo hasta la noche del 6 de diciembre intentó contactar al director organismo humanitario pero no pudo ser localizado.
Entonces se recurrió al Director del Socorro Nacional pero el ejercito impidió su ingreso al Palacio, quien sólo pudo entrar cuando la toma y la operación de retoma había finalizado.
El gobierno también desatendió la mediación que intentó hacer el nobel de literatura Gabriel García Márquez y no quiso recurrir a la Comisión de Paz constituida por el gobierno para adelantar los diálogos con la guerrilla.
En la investigación, la comisión logró establecer que el Presidente Betancur delegó en un miembro de la Fuerza Pública, el Director de la Policía, el general Carlos Delgado Mallarino, la misión de dialogar con los guerrilleros del M-19 para tratar de salvar la vida de los rehenes. Además, se mantuvo al margen de las operaciones militares de rescate.
"Quienes estuvieron presentes al momento de la conversación del general Delgado Mallarino con Luis Otero, refieren que el Director de la Policía expresó que el Gobierno dialogaría si liberaban a los rehenes y deponían las armas, caso en el cual les garantizaban un juicio justo e imparcial, por parte de la justicia ordinaria.
Otros testigos afirman que el General expresamente pidió la rendición al M-19. Por su parte, el General Delgado Mallarino relató que la respuesta de Otero fue interrumpir la comunicación y colgar el teléfono".
Recomendaciones
La Comisión termina pidiéndoles a las autoridades judiciales que en los procesos judiciales que se siguen por la Toma del Palacio de Justicia se realicen esfuerzos por encontrar la verdad y se identifiquen y se sancionen a todos los responsables materiales e intelectuales.
También pide a los organismos de investigación que establezcan el paradero de los restos humanos de las personas desparecidas aplicando moderna tecnología de antropología forense y, si es el caso, solicitar apoyo internacional en esa tarea.
También le pide al Ministerio de Educación que revise los textos de historia que reflejen con objetividad y sin perjuicios las causas, los hechos y las consecuencias de la Toma del Palacio de justicia y que se cree una biblioteca que centralice la información mediante una política de archivos que permita divulgar y conocer la historia de la violencia en Colombia en contexto.
El Gobierno debe, asegura la Comisión, otorgar las reparaciones administrativas y simbólicas. Estos deben incluir la atención médica, psicológica y psiquiátrica de las personas que fueron víctimas de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias y a los familiares de las personas desaparecidas.
Entre las reparaciones simbólicas, la Comisión considera necesaria una ley que honre a las víctimas civiles, incluyendo a los 11 desaparecidos, tal como lo hizo la Ley 1056 del 2006 con los servidores públicos que cayeron en la toma. Esa norma debe incluir un monumento que debe levantarse en la plazoleta del Palacio de Justicia.
Además, pide a los organismos encargados de la protección reforzar las medidas para resguardar la seguridad de los funcionarios judiciales, con un esquema adecuado según sus cargos y el lugar donde laboren para que puedan desempeñar sus labores.
Finalmente le pide al Gobierno y a la Fuerza Pública activa como en retiro que respeten la separación de los poderes públicos, la independencia y la autonomía del poder judicial para que no vuelva a repetirse las condiciones de desprotección en que se encontraba el Palacio de Justicia y los jueces hace 24 años, durante los hechos que desencadenaron la toma.
Así mismo, le pide a la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los organismos de control del Estado que hagan seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para que sea atendido el llamado del presidente de la Corte Suprema, el 6 de noviembre de 1985, Alfonso Reyes Echandía para que "cese el fuego".
La Mafia y la Toma
"Todo indica que hubo una conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto del Palacio de Justicia", dice la Comisión de la Verdad. En una entrevista con la Comisión Jhon Jairo Velásquez Vásquez, declaró que Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente 2 millones de dólares por la toma del Palacio, entregados a Iván Marino Ospina, pero que no se sabe lo que finalmente sucedió con el dinero.
"Él (Pablo Escobar) le entrego dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida por que el murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron (...) eso lo decía Pablo abiertamente, para la época el colocaba mas o menos en viáticos y todas las cosas les dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata (...) todo eso lo manejaba Pinina, que era uno de los hombres súper clave".
La Comisión señala que Ospina antes y después de su expulsión como jefe del M-19 sostuvo que tenía estrecha amistad con Escobar "siendo el único autorizado del movimiento para hablar con él".
"Como comandante del M-19 Ospina coincidió con miembros del cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia", dice el informe.
Los miembros de la Comisión también recalcan que el 6 de noviembre la única Sala que sesionaba en el Palacio era la corte Constitucional que debatía la exequibilidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con E.U.
El informe revela que en el momento del asalto se daba discusión a la ponencia del magistrado Manuel Gaona que daba vía libre al tratado de extradición.
"Al ocupar violentamente el Palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron directamente y con tal prioridad a los costados oriental y nororiental del cuarto piso, los más distantes del sitio de ingreso, donde precisamente se hallaban los cuatro magistrados de la Sala Constitucional, a los cuales empezaron a llamar en voz alta, por lista, junto con el presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, magistrado de la Sala Penal, todos catalogados como ’rehenes fundamentales’ por los guerrilleros".
Señala el informe que estos no tuvieron igual tratamiento.
Finalmente resalta la Comisión que "lograron su propósito de producir la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición, y todavía, hacer proscribir la extradición de nacionales en la propia constitución de 1991".
Retiro de la Seguridad del Palacio
Un día antes de la toma el Palacio de Justicia amaneció con no más de seis empleados de la empresa de seguridad privada Cobasec, cita el informe de la Comisión. Dice además que la Policía procedió "unilateralmente a la suspensión del servicio de seguridad del Palacio un día antes de la toma del M-19, a pesar de la gravedad de las amenazas contra la Corte y el Consejo de Estado".
La Comisión señala como una de las hipótesis más ’probables de este hecho una estrategia de las autoridades llamada ’ratonera’, según la cual el retiro de la protección especial fue un acto deliberado de algunos miembros de la fuerza publica, al disponer de la suspensión de esta para permitir el ingreso del grupo guerrillero, dado que se tenia amplio conocimiento "como se demostró- de los planes del M- 19 para tomarse el Palacio y era una ocasión para tender una trampa a la guerrilla".
Señalan los miembros de la Comisión que múltiples testimonios coinciden en plantear que retiro de vigilancia pudo haber sido deliberado dado el conocimiento previo que se tenía de los planes de la toma y los antecedentes de la confrontación entre las fuerzas armadas y M-19.
"Era inocultable que el Ejército, vejado de sus dignidad, herido de amor propio ante hechos como el robo de 5.000 armas del Canto Norte, la orden de cese al fuego impartida por el gobierno. Ante los combates en el marco del conflicto armado en Yarumales, los atentados de grupo guerrillero, esperaban una oportunidad propicia para desquitarse con su enemigo".
Sobre la supuesta orden del presidente de la Corte suprema de retirar la vigilancia ese día 30 de octubre, la comisión señala que "Aún en el hipotético evento de una orden verbal del presidente de la Corte Suprema para el retiro de la protección -lo que indiscutiblemente no sucedió- era el deber de las autoridades responsables de la protección, dado su pleno conocimiento de la existencia de riesgo inminente, la gravedad de los hechos, los estudios de seguridad, las peticiones de los dignatarios de las Cortes de reforzamiento de vigilancia, no acceder a un requerimiento de esa naturaleza, que es su obligación constitucional y legal de protección trascendía cualquier expresión de voluntad individual, por tratarse de una protección institucional y personal de las altas autoridades de la rama judicial del poder público del Estado".
Ejecuciones
Después de analizar las necropsias de los cuerpos hallados en el Palacio de Justicia, los miembros de la Comisión advierten que dentro del edificio hubo ejecuciones.
"Con relación al análisis de los protocolos de necropsia relativos a los guerrilleros, se ha podido establecer que en ocho de los casos analizados, se presenta una lesión producida por proyectil de arma de fuego en el cráneo y en siete de ellas con frotis positivo para la pólvora y con características de las lesiones que sugiere haber sido a contacto", cita el informe.
Añade además que la distribución de los impactos no es compatible con "situaciones reales de combate que impliquen un enfrentamiento abierto (...). En este sentido las lesiones observadas en los casos en mención nos permiten sugerir que estas personas hubiesen sido ejecutadas".
Después de analizar las necropsias de cuerpos a los que se les tomaron pruebas dactilares la Comisión también detectó que aunque la mayoría pertenecen a guerrilleros, a dos rehenes Carlos Horacio Urán y Luz Stella Bernal, también les fueron practicadas las mismas pruebas.
"Este dato, aunado a ciertas fuentes que indican que el cuerpo de Carlos Urán, habría sido ubicado con los de los guerrilleros en la morgue, podrían sugerir que, tanto Urán como Bernal, habrían sido considerados preliminarmente como guerrilleros y recibido el mismo trato que estos. En este sentido, el hecho de que los cuerpos hayan sido lavados, tal como se reseñó podría indicar la intención de borrar evidencia de los actos relacionados con posibles ejecuciones sumarias".
Los guerrilleros identificados que murieron en la toma son Alberto Nicolás Erazo, Ariel Sánchez, Ángela Murillo, Andrés Almarales, Fernando Rodríguez, Héctor Lozano y Jesús Rueda.
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