Blogia
mQh

eran informantes de la policía


Muertos en la masacre de Cali eran informantes de la justicia. Dos de las siete personas asesinadas el pasado domingo en un cementerio de Cali dieron información a las autoridades para econtrar una caleta de armas de Miguel Ángel ’El Mellizo’ Mejía.
[Gonzalo Guillén] Colombia. El arsenal fue desenterrado entre el 5 y el 9 de noviembre en una hacienda situada entre los municipios de Caucacia y Tarazá, en el departamento de Antioquia.
Dos de las siete personas asesinadas el domingo por ocho sicarios en un cementerio de Cali habían conducido 10 días antes a un grupo élite del Ejército y la Fiscalía General de la Nación hasta un escondite de armas que guardaba bajo tierra el narcotraficante y jefe paramilitar preso en Estados Unidos Miguel Ángel Mejía Múnera, dijeron a El Nuevo Herald fuentes de ambas instituciones colombianas.
Los informantes habían prometido señalar lugares en los cuales Mejía enterró más armas, así como millones de dólares en efectivo.
"Con los asesinatos de estos dos muchachos perdimos la mejor posibilidad de encontrar las caletas [escondites] más valiosas de Mejía Múnera", afirmó una fuente que no quiso ser identificada.
Abogados de Mejía dijeron a El Nuevo Herald que consultarán con su cliente si está dispuesto a pronunciarse sobre el caso. Mejía fue extraditado el 4 de marzo del 2009, acusado de narcotráfico por una corte del Distrito de Columbia.
El arsenal fue desenterrado entre el 5 y el 9 de noviembre en una hacienda situada entre los municipios de Caucacia y Tarazá, en el departamento de Antioquia.
La masacre, que ha conmovido a Colombia, fue cometida por ocho sicarios, uno de los cuales murió en el lugar. Otro fue arrestado y los demás huyeron, dijo un testigo entrevistado en Bogotá.
Seis víctimas de la masacre en el cementerio pertenecían a una misma familia, sumados los dos informantes. El grupo familiar había asistido al cementerio para visitar la tumba de un familiar fallecido un mes atrás.
Los dos informantes, identificados como Silvio Alfonso Tolosa Carabalí y Guartis Fernando Obando Paz, habían trabajado por espacio de 15 años para Mejía y su hermano mellizo Víctor Manuel. Este último murió en abril del 2008 durante un combate contra la fuerza pública en la misma hacienda en que estaba escondido el arsenal.
Ambos informantes sostenían que habían participado en el entierro del arsenal.
Un contingente de 60 hombres entre funcionarios judiciales y militares viajaron en secreto el 5 de noviembre desde Bogotá hasta la hacienda, guiados por los dos informantes. Durante cuatro días desenterraron cerca de medio centenar de fusiles AK-47, pistolas automáticas, 40,000 proyectiles de fusil, varios lanzagranadas y más de un centenar de proveedores para pistolas y fusiles.
El armamento se encontraba empacado entre canecas de polietileno llenas de fueloil para conservarlo en perfecto estado.
``El hallazgo de estas armas seguramente evitará las muertes de miles de personas’’, comentó un agente que participó en la operación.
La hacienda figura como ``propiedad de un alcalde de un municipio del departamento de Antioquia’’ que sería testaferro de Mejía, indicó a El Nuevo Herald una fuente vinculada al caso.
Las actas de la operación indican que antes de entrar en acción un grupo de la Policía Nacional exigió detalles sin tener facultades legales adecuadas, espió el allanamiento a la hacienda y estuvo a punto de entrar en combate con la fuerza élite.
En las mismas actas se consignó que otro arsenal señalado por los informantes había sido saqueado pocos días antes de la llegada de la fuerza pública.
Un funcionario que participó en la extracción del arsenal dijo que la Fiscalía examina la posibilidad de que policías hayan identificado a los dos informantes y pasaran la información a paramilitares afines a Mejía.
Según una de las fuentes, los informantes asesinados habrían dicho que el arsenal fue vendido a Mejía Múnera por el también narcotraficante y paramilitar Ramiro ‘Cuco’’ Vanoy, extraditado a EEUU y condenado por narcotráfico en un tribunal federal de Miami.
Tanto Mejía como Vanoy se habían acogido a un polémico plan de paz del gobierno colombiano que les permite no recibir penas superiores a ocho años de cárcel por graves que hayan sido sus crímenes y gozar de una parte de sus fortunas mal habidas, siempre que desintegren sus ejércitos y entreguen las armas.
Ambos, a pesar de estar en Estados Unidos, siguen siendo beneficiarios de esas prerrogativas. No obstante, la Fiscalía dijo a El Nuevo Herald que podrían perder los beneficios por no entregar los arsenales de su propiedad.
Mejía es célebre por los entierros de dinero. Hace seis años, se hallaron $30 millones en efectivo camuflados entre las paredes de un apartamento suyo en Bogotá.

©el nuevo herald
©verdad abierta 
rss

0 comentarios