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en marcha comisión de la verdad en brasil


Más tarde que Chile y Argentina, Brasil busca la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridos en la dictadura. Pero hay una diferencia. Los brasileños quieren poner fin a la impunidad para hacer frente a un problema actual: los escuadrones de la muerte, práctica antigua que ha cobrado vigencia en el último tiempo. Es una vuelta de tuerca.
[Libio Pérez] Brasil. Casi 25 años después del término de la dictadura, Brasil se apresta a investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1964 y 1985. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, que contará con un equipo de trabajo que buscará identificar a las 475 personas que murieron o desaparecieron, las más de 20 mil que fueron torturadas, las más de 50 mil que fueron encarceladas y los miles de brasileños que fueron exiliados o buscaron refugio en el exterior. Pero Brasil también busca resolver su pasado para hacer frente a sus problemas actuales.
El grupo de trabajo será integrado "en forma plural y suprapartidaria, con mandato y plazo definidos" y deberá "presentar recomendaciones para promover la efectiva reconciliación nacional y prevenir en el sentido de la no repetición de violaciones de los derechos humanos".
La iniciativa -que cuenta con la oposición del Ministerio de Defensa y del Ejército de Brasil-, más allá de "dilucidar la responsabilidad de los militares" en los crímenes de la dictadura, busca también hacer frente a dos asuntos que tienen que ver con el Brasil de hoy. El primero es cómo abordar la violencia de la policía que, según organismos de derechos humanos e incluso investigaciones judiciales, está ejecutando personas sin dejar rastros. Y, el segundo, de muy distinta naturaleza, es cómo pavimentar el camino para que Brasil consiga un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para ello, en el plano de derechos humanos, Brasil está en deuda.
Hace dos semanas, Human Rights Watch (HRW) emitió un informe donde consigna que las policías, principalmente de Sao Paulo y Río de Janeiro, están ejecutando extrajudicialmente a delincuentes, para luego borrar las huellas de los asesinatos y así dificultar las investigaciones de la justicia. Es una práctica antigua en Brasil. Durante la dictadura militar, los entonces llamados "Escuadrones de la muerte" -compuestos por policías en activo y retirados-, financiados por grandes empresarios y comerciantes, asesinaban mendigos, niños de la calle, prostitutas y homosexuales para "limpiar" las ciudades turísticas, como Río de Janeiro.
"En Brasil existe una cultura de la impunidad, y la impunidad siempre realimenta la repetición del crimen", dijo el ministro de Derechos Humanos, Paulo de Tarso Vannuchi, el más decidido impulsor de la Comisión de la Verdad. En declaraciones al diario El País de España, el ministro develó la médula del proyecto: "No me refiero sólo a la impunidad del régimen militar. Tenemos una larga historia de esclavitud, y en nuestras escuelas nunca se ha discutido qué pasó durante esos períodos. Este pasado es el responsable de los sentimientos racistas que aún siguen socialmente arraigados. Lo mismo ha sucedido con el genocidio indígena, que entre 1500 y 1988 redujo la población originaria de cinco millones a 250.000 personas. Existe una conexión entre la falta de discusión sobre esta violencia y los problemas que tenemos hoy".
En el gobierno de Lula no son pocos los que creen que para combatir la violencia policial de hoy se requiere remover la impunidad de ayer. Un manto de olvido y silencio que cubrió todo desde 1979, cuando el general Joao Baptista Figueiredo promulgó una Ley de Amnistía que evitó que más de 24 mil represores -incluidos unos 350 que participaron directamente en crímenes y torturas- fueran investigados, así como todas las violaciones de los derechos humanos cometidos en los casi 20 años de régimen militar. La misma ley permitió en esos años que ex guerrilleros salieran de la clandestinidad y millares de exiliados regresaran a su país. Y esa es una de las razones del "silencio de las elites", acusan las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión.
Pero esa Ley de Amnistía está siendo revisada desde hace un año por el Superior Tribunal Federal (STF), la máxima autoridad judicial. Para el ministro Vannuchi, la amnistía, que permitió el regreso de exiliados y la apertura política pero también impidió el inicio de procesos contra policías y militares involucrados en delitos contra la humanidad, no incluye a la tortura. "Y si el STF decide que la Ley de Amnistía no permite procesar ni condenar la tortura, esa interpretación será contradictoria con las convenciones de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA de la que Brasil es signatario", alerta el ministro.
Para despejar cualquier duda, Vannuchi agrega: "Brasil puede salirse de esas convenciones (internacionales sobre derechos humanos). Algunas republiquetas amenazan con eso. Pero Brasil está en el camino contrario, no logrará un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU si toma esa decisión".
La Comisión de la Verdad deberá "escuchar a las víctimas y sintetizar sus declaraciones, vincular los datos, las locaciones, el tipo de violencia y determinar responsabilidades", explicó el ministro Vannuchi, aunque no está claro todavía que con los informes finales sea posible llevar a los represores a los tribunales. Por lo pronto, ya hay una comisión catastrando a las víctimas y sus familias, para diseñar una política de reparación. El proyecto de ley contempla, además del acopio de información sobre las acciones represivas y las víctimas, mecanismos de cooperación de entidades públicas y privadas (principalmente la Iglesia Católica) para acceder a documentos que aporten a la verdad y sobre todo a la búsqueda de los desaparecidos. El cuerpo de la ley también incluye la derogación de toda la legislación heredada de la dictadura que "sea contraria a la garantía de los derechos humanos o haya dado sustentación a graves violaciones".
También serán creados "centros de la memoria", con financiamiento estatal, y será prohibido el uso de nombres de ex represores para designar edificios o lugares públicos.
El presidente Lula aprovechó el acto en el que anunció la Comisión de la Verdad para validar la lucha antidictatorial de la que él fue parte en los ‘70, que incluso le significó la cárcel.
"Valió la pena luchar" contra la dictadura militar, dijo el gobernante al hacer un reconocimiento público a la ministra Dilma Rousseff, quien participó en la guerrilla urbana, fue presa y torturada a inicios de los ’70. "Si alguien detuvo y torturó a Dilma creyendo que había acabado la lucha de ella, yo le digo que ella es hoy una posible candidata a la Presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores", agregó.
Pero no se quedó ahí. "Debemos transformar a nuestros compañeros (desaparecidos) en héroes, no en perseguidos, y decir que ellos no están porque lucharon por un mundo mejor", enfatizó.

La Masacre
El documento del Ministerio de Derechos Humanos que dio origen a la iniciativa de crear la Comisión de la Verdad establece que el grupo de trabajo procurará reconstruir la forma en que se violaron los derechos humanos, buscar información para dar con los detenidos desaparecidos, entre ellos los que murieron en la llamada Guerrilla de Araguaia.
Desde el 2007, un equipo de profesionales integrado por brasileños y antropólogos argentinos -los mismos que localizaron en Bolivia el cuerpo de Ernesto "Che" Guevara- trabaja en la localización de los restos de unos 60 guerrilleros que en 1975 fueron masacrados por efectivos del Ejército.
La búsqueda está centrada en una abandonada base militar en la Amazonia, en las orillas del río Araguaia. A mediados de la década de los 70, el Partido Comunista del Brasil (PC do B, de tendencia maoísta) instaló un grupo guerrillero en la zona selvática compuesto por unos 70 hombres y mujeres precariamente armados, pero que contaron con apoyo de la población campesina.
Para sofocar el brote guerrillero el Ejército desplegó unos 20 mil efectivos y luego de sucesivas operaciones militares, capturó al grueso de los insurgentes y a algunos campesinos. Sólo una decena de los rebeldes logró sobrevivir, entre ellos el ex presidente del PT, José Genoino. Todo el resto fue asesinado luego de sufrir torturas. Sus cuerpos están desparecidos hasta ahora.
El Ejército se ha negado a entregar información sobre la represión a la guerrilla de Araguaia, así también como la relacionada al trabajo de sus servicios de seguridad en las grandes ciudades, donde a mediados de los ’70 desarticuló a los distintos grupos armados que se opusieron a la dictadura. Según los militares, los archivos de inteligencia fueron quemados.
Pero el trabajo de la Comisión de la Verdad no parte de cero. Ya en el 2007, el Presidente Lula divulgó un primer informe sobre los crímenes de la dictadura elaborado por la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República que cruzó datos recopilados por la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos y los registros de organismos como la Arquidiócesis de Sao Paulo.
La comisión que anunció Lula será el primer paso de Brasil hacia una "verdad oficial", que llega con rezago en relación a la región. Pero como dice el ministro Vannuchi, citando a la Presidenta chilena Michelle Bachelet: "No queremos que sangren las heridas antiguas, queremos que cicatricen y sólo las heridas bien lavadas cicatrizan".

27 de diciembre de 2009
©la nación
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