diva con corazón bien puesto
[Héctor Tobar] La defensora del pueblo para derechos humanos es llamativa, pero clara a la hora de hablar sobre su misión de depurar las instituciones judiciales de El Salvador.
San Salvador, El Salvador. Beatrice Alamanni de Carrillo tiene debilidad por las joyas chillonas: anillos con piedras sólo ligeramente más pequeñas que las canicas, crucifijos incrustados con una deslumbrante gama de diamantes.
Nativa de Turín, Italia, habla español con un pesado acento italiano, y es la orgullosa madre de Miss El Salvador 1995.
Con su abundante lápiz de ojo estilo Cleopatra y trajes exquisitamente confeccionados, no es seguramente la primera persona que se viene a la mente cuando pensamos en una firme defensora del estado de derecho en un país donde a menudo la ley parece no importar.
Alamanni es la defensora del pueblo para derechos humanos de El Salvador, una posición creada en 1992 por el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en este país. Dirige un ministerio del gobierno cuyos funcionarios son fundamentalmente abogados jóvenes y mal pagadas. Son las vigilantes oficiales del gobierno, cuya intención es amortiguar el ejercicio arbitrario del poder del estado que participó en la guerra.
"Hay gente que cree que como soy una señora burguesa, de los altos círculos sociales, debo de ser una loca como para meterme en los derechos humanos", dice la mujer de 62 años que ha recibido amenazas de muerte. "Piensan que es una especie de traición".
Todos los días, las víctimas de crímenes, las madres de reclusos en la cárcel y otros lanzados a la deriva en la endeble estructura judicial de El Salvador y en garras de burocracias disfuncionales entran a la oficina de la defensora del pueblo a contar sus desgracias.
Cuentan sobre cadáveres de delincuentes que aparecen en los vertederos de la ciudad con sus pulgares amarrados por vigilantes auto-designados, como acostumbraban a hacer los escuadrones de la muerte de la extrema derecha de El Salvador. Hablan de testigos de asesinatos que son a su vez amenazados por bandas criminales que operan con aparente impunidad.
Lo que ofrecen Alamanni y sus abogados a cambio es sobre todo el poder de poner en aprietos al gobierno con la publicación de sus hallazgos. Alamanni usa este poder libremente, y las cámaras de televisión salvadoreñas la aman por eso: La doctora Beatrice aparece regularmente en los telediarios de la noche.
Pero su inmutable defensa de las libertades civiles y buena jurisprudencia le ha ganado muchos detractores entre los círculos conservadores que dominan aquí la vida cívica.
El popular comentarista de radio Raúl Beltrán ha apodado a Alamanni ‘la Madrina de las Bandas'. En sus programas, la retrata como una presuntuosa extranjera, hambrienta de la atención de los medios.
"Ella defiende los derechos de los presos y de los pandilleros, pero no dice nada sobre los actos de barbarie cometidos por esos criminales", dijo Beltrán en una entrevista. Luego lanzó el tipo de ataques sin fundamento que utiliza repetidas veces en la radio. "La señora tiene un problema con el alcohol".
Más de una década después del fin de la guerra civil, El Salvador sigue siendo un país profundamente dividido, donde la violencia define la vida diaria para muchos. La guerra de guerrillas y los escuadrones de la muerte han allanado el paso para una ola de crímenes violentos alimentada por traficantes de drogas y notorias ‘maras', pandillas importadas desde las calles de Los Angeles.
En 2004, el gobierno de centro-derecha aprobó una ley anti-pandillas -la ‘Super Mano Dura', el ‘Puño de Hierro'- que otorgó nuevas atribuciones de detención a la policía e incrementó las penas para jóvenes condenados por ‘asociación ilícita'.
Alamanni es solamente la más ruidosa de un pequeño número de abogados y juristas aquí, muchos de ellos mujeres, que dicen que la guerra contra el crimen está poniendo en peligro las instituciones judiciales de El Salvador.
"Las instituciones que se crearon en el proceso de paz están en crisis", dijo la juez de la Corte Suprema, Mirna Perla. El sistema penal del país es una vergüenza nacional, dice Perla, y los niveles más altos de la Policía Nacional Civil, un cuerpo creado por los acuerdos de paz de 1992, son controlados por ex militares que tienen pasados manchados.
"La corrupción está generalizada en la policía y hay muchos lazos entre la policía y el crimen organizado", dice Alamanni. Aunque los salvadoreños ven la corrupción oficial a su alrededor, dijo Alamanni, "no se castiga nunca a nadie, y esto crea un clima de miedo".
El despacho de Alamanni está enzarzada en una continua guerra con las fuerzas policiales de El Salvador. En 2004, la policía arrestó a dos de sus abogados que estaban tratando de impedir la deportación de un dirigente sindical con doble nacionalidad salvadoreña-ecuatoriana.
"Cuando vamos al Directorado de Investigaciones del Crimen Organizado, no vamos nunca solas", dice Grisela Victoria González, una abogado de 28 años con un salario de 550 dólares, un tercio de lo que ganan los abogados en la fiscalía del gobierno. "Siempre somos al menos dos, porque podrían querer hacernos algo".
Alamanni dice que cree que los agentes de policía asignados como sus guardaespaldas informan de sus actividades a sus superiores. Los agentes no la hacen sentirse más segura. Las amenazas continúan, a pesar de la presencia policial.
"La noche pasada, a la una de la madrugada, uno de los canales de televisión nacional llamó a mi casa para preguntar si estaba muerta o viva", dijo Alamanni. "Habían recibido una llamada anónima diciéndoles que yo había muerto en un accidente en la carretera... La amenaza de muerte en un accidente automovilístico es muy común aquí".
El presidente salvadoreño Tony Saca, que dice que Alamanni es una amiga, desecha su acusaciones más serias contra el sistema judicial del país y la fuerza policial, como hacen muchos funcionarios policiales.
Sin embargo, los miembros del gabinete de Saca rara vez ignoran sus censuras públicas. El director de la Seguridad Social, Jorge Mariano Pinto, soportó hace poco una reprimenda en su despacho de parte de enfurecidos ciudadanos de la tercera edad sobre la precariedad de los cuidados médicos a los que tienen acceso. Ningún alto funcionario se puede negar a concederle una audiencia.
Cualquier ciudadano puede acercarse al despacho de la defensora del pueblo para quejarse. La oficina puede entonces iniciar una investigación formal, la que puede resultar en que la oficina contacte a los burócratas en cuestión, haciendo recomendaciones o publicando una nota de censura.
"Yo asumo posiciones contra el gobierno porque es mi trabajo", dice Alamanni.
Ella ha interpretado ampliamente su papel, transformándose en una declarada defensora de todo tipo de derechos legales y políticos. Trasmite anuncios sobre los derechos sindicales y el derecho a la salud, y cuestionó la respuesta del gobierno ante el huracán Adrián en 2005.
Cuando cientos de reclusos se amotinaron en una de las más infames cárceles de El Salvador en 2002, tomando de rehenes a varios gendarmes en el proceso, Alamanni llegó con un equipo de abogados. Ayudó a negociar su entrega, pero sólo después de haber asesinado a dos gendarmes. Algunos la acusaron de retrasar una operación de rescate.
La ruta que llevó a Alamanni desde Italia a este empobrecido país de América Central pasa por varios de los capítulos más turbulentos de la historia reciente de El Salvador.
Hija única de una acomodado diplomático italiano, Alamanni conoció a su futuro marido, Juan Antonio Carrillo, en Turín en los años sesenta. Él era un expatriado salvadoreño, y estaba estudiando ingeniería eléctrica en la Universidad de Turín. Ella sacaría finalmente un doctorado en derecho.
Se casaron en Italia en 1968 y se asentaron permanentemente en El Salvador una década más tarde, cuando estaban empezando la revolución de izquierda y la guerra civil.
En 1980 Alamanni fundó la facultad de leyes en la prestigiosa Universidad Centroamericana de San Salvador, administrada por los jesuitas, a instancias del Padre Ignacio Ellacuria, filósofo y activista social.
Cuando Ellacuria y otros sacerdotes y empleados universitarios fueron asesinados por soldados salvadoreños en el campus universitario en 1989, Alamanni dejó por un breve período el país. Volvió tres meses después y dirigió durante una década la facultad de leyes.
Dos de sus tres hijos -incluyendo Eleonora, Miss El Salvador 1959- han sacado diplomas en derecho en universidades italianas. El tercero es ingeniero, como su padre. Alamanni se convirtió recientemente en abuela.
Fue nombrada por la legislatura de El Salvador en 2001, gracias en parte al hecho de que muchos de los miembros importantes del partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como Arena, habían sido estudiantes suyos en la facultad.
Alamanni dice que su amor por las leyes la llevó a enfrentarse con el establishment salvadoreño. Todavía dicta algunas charlas en la universidad, y le duele que ninguna institución salvadoreña ofrezca una doctorado en derecho. Su antigua universidad ofrece solamente diplomas de licenciatura y maestría en derecho.
"Empezamos la facultad de leyes con la intención de construir democracia, de lograr excelencia académica, de enseñar a la gente joven que sólo con la ley, y el estado de derecho... podíamos avanzar como país", dijo.
"La gente que estudia derecho hoy lo hace por interés propio, porque es una carrera en la que se gana bien. Hay una total ignorancia de la historia reciente... La juventud de El Salvador no sabe lo que pasó aquí hace diez o quince años".
Hoy, muchos de los jueces y ministros de gobierno más importante de El Salvador son antiguos alumnos de Alamanni: La mayoría de ellos se preocupa de pronunciar su nombre de pila correctamente en italiano: Beh-ah-Trice-che.
"Doctora Beatrice, siempre es un placer verla por aquí", la saludó Walter Araujo, presidente de la Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, cuando Alamanni visitó hace poco sus oficinas.
Alamanni había llegado con media docena de periodistas para hablar sobre las inminentes elecciones municipales y legislativas. Araujo, miembro de Arena, era uno de sus críticos.
"Este joven era uno de mis estudiantes cuando era un cipote", dijo Alamanni con una sonrisa, utilizando el coa salvadoreño para joven.
Araujo prometió que El Salvador tendría elecciones limpias. Después del encuentro, Alamanni se dirigió a la prensa. En los días anteriores había estado escuchando los primeros discursos de campaña. La retórica no le agradó.
"Los discursos son demasiado estridentes", dijo. "La gente común es influida por el discurso del enfrentamiento y del combate. No veo que se propongan programas".
Los reproches de Alamanni fueron transmitidos esa noche, la defensora del pueblo vestida impecablemente en un traje de rayas gris.
Para algunos, la doctora Beatrice es una angelical presencia televisiva. Muchos entre los pobres de El Salvador la ven como su protectora.
"Habíamos organizado un evento en una pequeña ciudad y todo el mundo salió a saludarla", dijo Ecaterina Canjura, la portavoz de Alamannni. "A último momento, tuvimos que cancelar su venida. El cura del pueblo empezó a llorar cuando se lo dijimos. Nos dijo: ‘¿Qué le voy a decir a la gente? La noticia los hará pedazos'".
Un día hace poco, Francisco Martínez fue a la oficina de la defensora del pueblo tratando de escapar de una pesadilla kafkiana que implicaba al endeble sistema judicial de El Salvador.
Meses antes, dijo, había sido secuestrado con su coche por una banda de criminales que lo obligaron a convertirse en su chofer tras un asesinato. Fue testigo de cómo mataban a un hombre en la calle. "También me iban a matar a mí", dijo. "Pero sus armas de atascaron".
Uno de los pistoleros fue detenido posteriormente. Martínez quería declarar para la fiscalía pero tenía miedo de que lo mataran antes de hacerlo.
"El fiscal me dijo que ellos no tienen dinero para proteger a la gente", dijo Martínez. Ha estado viviendo en la clandestinidad durante semanas, y tiene miedo de volver a su casa.
Después de escuchar a Martínez, una joven abogado en la oficina le prometió investigar el asunto. Era una queja común, dijo. Llamaría al fiscal y le recordaría de su obligación legal de proteger a todos los testigos. Era lo único que podía hacer la oficina de la defensora del pueblo.
Sin embargo, Martínez sonrió débilmente y se declaró satisfecho.Pero no estaba dispuesto a volver a su casa todavía.
Sí, él conoce sus derechos, dijo. Pero de momento era una víctima de un delito que estaba viviendo como si fuera un forajido fugitivo.
San Salvador, El Salvador. Beatrice Alamanni de Carrillo tiene debilidad por las joyas chillonas: anillos con piedras sólo ligeramente más pequeñas que las canicas, crucifijos incrustados con una deslumbrante gama de diamantes.Nativa de Turín, Italia, habla español con un pesado acento italiano, y es la orgullosa madre de Miss El Salvador 1995.
Con su abundante lápiz de ojo estilo Cleopatra y trajes exquisitamente confeccionados, no es seguramente la primera persona que se viene a la mente cuando pensamos en una firme defensora del estado de derecho en un país donde a menudo la ley parece no importar.
Alamanni es la defensora del pueblo para derechos humanos de El Salvador, una posición creada en 1992 por el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en este país. Dirige un ministerio del gobierno cuyos funcionarios son fundamentalmente abogados jóvenes y mal pagadas. Son las vigilantes oficiales del gobierno, cuya intención es amortiguar el ejercicio arbitrario del poder del estado que participó en la guerra.
"Hay gente que cree que como soy una señora burguesa, de los altos círculos sociales, debo de ser una loca como para meterme en los derechos humanos", dice la mujer de 62 años que ha recibido amenazas de muerte. "Piensan que es una especie de traición".
Todos los días, las víctimas de crímenes, las madres de reclusos en la cárcel y otros lanzados a la deriva en la endeble estructura judicial de El Salvador y en garras de burocracias disfuncionales entran a la oficina de la defensora del pueblo a contar sus desgracias.
Cuentan sobre cadáveres de delincuentes que aparecen en los vertederos de la ciudad con sus pulgares amarrados por vigilantes auto-designados, como acostumbraban a hacer los escuadrones de la muerte de la extrema derecha de El Salvador. Hablan de testigos de asesinatos que son a su vez amenazados por bandas criminales que operan con aparente impunidad.
Lo que ofrecen Alamanni y sus abogados a cambio es sobre todo el poder de poner en aprietos al gobierno con la publicación de sus hallazgos. Alamanni usa este poder libremente, y las cámaras de televisión salvadoreñas la aman por eso: La doctora Beatrice aparece regularmente en los telediarios de la noche.
Pero su inmutable defensa de las libertades civiles y buena jurisprudencia le ha ganado muchos detractores entre los círculos conservadores que dominan aquí la vida cívica.
El popular comentarista de radio Raúl Beltrán ha apodado a Alamanni ‘la Madrina de las Bandas'. En sus programas, la retrata como una presuntuosa extranjera, hambrienta de la atención de los medios.
"Ella defiende los derechos de los presos y de los pandilleros, pero no dice nada sobre los actos de barbarie cometidos por esos criminales", dijo Beltrán en una entrevista. Luego lanzó el tipo de ataques sin fundamento que utiliza repetidas veces en la radio. "La señora tiene un problema con el alcohol".
Más de una década después del fin de la guerra civil, El Salvador sigue siendo un país profundamente dividido, donde la violencia define la vida diaria para muchos. La guerra de guerrillas y los escuadrones de la muerte han allanado el paso para una ola de crímenes violentos alimentada por traficantes de drogas y notorias ‘maras', pandillas importadas desde las calles de Los Angeles.
En 2004, el gobierno de centro-derecha aprobó una ley anti-pandillas -la ‘Super Mano Dura', el ‘Puño de Hierro'- que otorgó nuevas atribuciones de detención a la policía e incrementó las penas para jóvenes condenados por ‘asociación ilícita'.
Alamanni es solamente la más ruidosa de un pequeño número de abogados y juristas aquí, muchos de ellos mujeres, que dicen que la guerra contra el crimen está poniendo en peligro las instituciones judiciales de El Salvador.
"Las instituciones que se crearon en el proceso de paz están en crisis", dijo la juez de la Corte Suprema, Mirna Perla. El sistema penal del país es una vergüenza nacional, dice Perla, y los niveles más altos de la Policía Nacional Civil, un cuerpo creado por los acuerdos de paz de 1992, son controlados por ex militares que tienen pasados manchados.
"La corrupción está generalizada en la policía y hay muchos lazos entre la policía y el crimen organizado", dice Alamanni. Aunque los salvadoreños ven la corrupción oficial a su alrededor, dijo Alamanni, "no se castiga nunca a nadie, y esto crea un clima de miedo".
El despacho de Alamanni está enzarzada en una continua guerra con las fuerzas policiales de El Salvador. En 2004, la policía arrestó a dos de sus abogados que estaban tratando de impedir la deportación de un dirigente sindical con doble nacionalidad salvadoreña-ecuatoriana.
"Cuando vamos al Directorado de Investigaciones del Crimen Organizado, no vamos nunca solas", dice Grisela Victoria González, una abogado de 28 años con un salario de 550 dólares, un tercio de lo que ganan los abogados en la fiscalía del gobierno. "Siempre somos al menos dos, porque podrían querer hacernos algo".
Alamanni dice que cree que los agentes de policía asignados como sus guardaespaldas informan de sus actividades a sus superiores. Los agentes no la hacen sentirse más segura. Las amenazas continúan, a pesar de la presencia policial.
"La noche pasada, a la una de la madrugada, uno de los canales de televisión nacional llamó a mi casa para preguntar si estaba muerta o viva", dijo Alamanni. "Habían recibido una llamada anónima diciéndoles que yo había muerto en un accidente en la carretera... La amenaza de muerte en un accidente automovilístico es muy común aquí".
El presidente salvadoreño Tony Saca, que dice que Alamanni es una amiga, desecha su acusaciones más serias contra el sistema judicial del país y la fuerza policial, como hacen muchos funcionarios policiales.
Sin embargo, los miembros del gabinete de Saca rara vez ignoran sus censuras públicas. El director de la Seguridad Social, Jorge Mariano Pinto, soportó hace poco una reprimenda en su despacho de parte de enfurecidos ciudadanos de la tercera edad sobre la precariedad de los cuidados médicos a los que tienen acceso. Ningún alto funcionario se puede negar a concederle una audiencia.
Cualquier ciudadano puede acercarse al despacho de la defensora del pueblo para quejarse. La oficina puede entonces iniciar una investigación formal, la que puede resultar en que la oficina contacte a los burócratas en cuestión, haciendo recomendaciones o publicando una nota de censura.
"Yo asumo posiciones contra el gobierno porque es mi trabajo", dice Alamanni.
Ella ha interpretado ampliamente su papel, transformándose en una declarada defensora de todo tipo de derechos legales y políticos. Trasmite anuncios sobre los derechos sindicales y el derecho a la salud, y cuestionó la respuesta del gobierno ante el huracán Adrián en 2005.
Cuando cientos de reclusos se amotinaron en una de las más infames cárceles de El Salvador en 2002, tomando de rehenes a varios gendarmes en el proceso, Alamanni llegó con un equipo de abogados. Ayudó a negociar su entrega, pero sólo después de haber asesinado a dos gendarmes. Algunos la acusaron de retrasar una operación de rescate.
La ruta que llevó a Alamanni desde Italia a este empobrecido país de América Central pasa por varios de los capítulos más turbulentos de la historia reciente de El Salvador.
Hija única de una acomodado diplomático italiano, Alamanni conoció a su futuro marido, Juan Antonio Carrillo, en Turín en los años sesenta. Él era un expatriado salvadoreño, y estaba estudiando ingeniería eléctrica en la Universidad de Turín. Ella sacaría finalmente un doctorado en derecho.
Se casaron en Italia en 1968 y se asentaron permanentemente en El Salvador una década más tarde, cuando estaban empezando la revolución de izquierda y la guerra civil.
En 1980 Alamanni fundó la facultad de leyes en la prestigiosa Universidad Centroamericana de San Salvador, administrada por los jesuitas, a instancias del Padre Ignacio Ellacuria, filósofo y activista social.
Cuando Ellacuria y otros sacerdotes y empleados universitarios fueron asesinados por soldados salvadoreños en el campus universitario en 1989, Alamanni dejó por un breve período el país. Volvió tres meses después y dirigió durante una década la facultad de leyes.
Dos de sus tres hijos -incluyendo Eleonora, Miss El Salvador 1959- han sacado diplomas en derecho en universidades italianas. El tercero es ingeniero, como su padre. Alamanni se convirtió recientemente en abuela.
Fue nombrada por la legislatura de El Salvador en 2001, gracias en parte al hecho de que muchos de los miembros importantes del partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocido como Arena, habían sido estudiantes suyos en la facultad.
Alamanni dice que su amor por las leyes la llevó a enfrentarse con el establishment salvadoreño. Todavía dicta algunas charlas en la universidad, y le duele que ninguna institución salvadoreña ofrezca una doctorado en derecho. Su antigua universidad ofrece solamente diplomas de licenciatura y maestría en derecho.
"Empezamos la facultad de leyes con la intención de construir democracia, de lograr excelencia académica, de enseñar a la gente joven que sólo con la ley, y el estado de derecho... podíamos avanzar como país", dijo.
"La gente que estudia derecho hoy lo hace por interés propio, porque es una carrera en la que se gana bien. Hay una total ignorancia de la historia reciente... La juventud de El Salvador no sabe lo que pasó aquí hace diez o quince años".
Hoy, muchos de los jueces y ministros de gobierno más importante de El Salvador son antiguos alumnos de Alamanni: La mayoría de ellos se preocupa de pronunciar su nombre de pila correctamente en italiano: Beh-ah-Trice-che.
"Doctora Beatrice, siempre es un placer verla por aquí", la saludó Walter Araujo, presidente de la Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, cuando Alamanni visitó hace poco sus oficinas.
Alamanni había llegado con media docena de periodistas para hablar sobre las inminentes elecciones municipales y legislativas. Araujo, miembro de Arena, era uno de sus críticos.
"Este joven era uno de mis estudiantes cuando era un cipote", dijo Alamanni con una sonrisa, utilizando el coa salvadoreño para joven.
Araujo prometió que El Salvador tendría elecciones limpias. Después del encuentro, Alamanni se dirigió a la prensa. En los días anteriores había estado escuchando los primeros discursos de campaña. La retórica no le agradó.
"Los discursos son demasiado estridentes", dijo. "La gente común es influida por el discurso del enfrentamiento y del combate. No veo que se propongan programas".
Los reproches de Alamanni fueron transmitidos esa noche, la defensora del pueblo vestida impecablemente en un traje de rayas gris.
Para algunos, la doctora Beatrice es una angelical presencia televisiva. Muchos entre los pobres de El Salvador la ven como su protectora.
"Habíamos organizado un evento en una pequeña ciudad y todo el mundo salió a saludarla", dijo Ecaterina Canjura, la portavoz de Alamannni. "A último momento, tuvimos que cancelar su venida. El cura del pueblo empezó a llorar cuando se lo dijimos. Nos dijo: ‘¿Qué le voy a decir a la gente? La noticia los hará pedazos'".
Un día hace poco, Francisco Martínez fue a la oficina de la defensora del pueblo tratando de escapar de una pesadilla kafkiana que implicaba al endeble sistema judicial de El Salvador.
Meses antes, dijo, había sido secuestrado con su coche por una banda de criminales que lo obligaron a convertirse en su chofer tras un asesinato. Fue testigo de cómo mataban a un hombre en la calle. "También me iban a matar a mí", dijo. "Pero sus armas de atascaron".
Uno de los pistoleros fue detenido posteriormente. Martínez quería declarar para la fiscalía pero tenía miedo de que lo mataran antes de hacerlo.
"El fiscal me dijo que ellos no tienen dinero para proteger a la gente", dijo Martínez. Ha estado viviendo en la clandestinidad durante semanas, y tiene miedo de volver a su casa.
Después de escuchar a Martínez, una joven abogado en la oficina le prometió investigar el asunto. Era una queja común, dijo. Llamaría al fiscal y le recordaría de su obligación legal de proteger a todos los testigos. Era lo único que podía hacer la oficina de la defensora del pueblo.
Sin embargo, Martínez sonrió débilmente y se declaró satisfecho.Pero no estaba dispuesto a volver a su casa todavía.
Sí, él conoce sus derechos, dijo. Pero de momento era una víctima de un delito que estaba viviendo como si fuera un forajido fugitivo.
3 de abril de 2006
©los angeles times
©traducción mQh
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tatiana -