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madres de ejecutados recurrirán a cpi


Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales llevarán su caso a la CPI. Ana Cecilia Arenas, hermana de Mario Alexánder, desaparecido y asesinado por miembros del Ejército que lo presentaron como guerrillero muerto en combate.
Colombia. El 26 de enero, mientras el Ministerio de Defensa realizaba una jornada con lechona, payasos y rifas para los 46 uniformados procesados por las ejecuciones extrajudiciales de 16 jóvenes de Soacha  que habían quedado en libertad por vencimiento de términos, sus madres y hermanas recibían en sus hogares panfletos, correos electrónicos y llamadas con amenazas de muerte. "Cállense viejas lloronas o las vamos a matar", decían los mensajes. Han recibido 11 amenazas de muerte y pese a ello carecen de protección por parte del Estado. Al dolor y la frustración por la ausencia de justicia, ahora se suma el temor por sus vidas. Están solas y temen salir a la calle para protestar y exigir sus derechos. "Esas amenazas  me dieron mucho miedo y lloradera -dice Ana Cecilia, hermana de Mario Alexánder Arenas, desaparecido en enero de 2008 y presentado por el Ejército como guerrillero siete meses después-. Pero más tristeza me dio la lechona que les prepararon a los militares para celebrar su libertad... Es el mundo al revés: ellos festejan y a nosotras nos amenazan".
Algunas están enfermas por el estrés y la depresión, como la madre de Mario Alexánder, Cecilia Garzón, de 79 años, quien sufrió un infarto y permanece encerrada en su casa sumida en el silencio y la oración. Pero su hija Ana Cecilia no descansa, no cede, no da tregua a su aspiración de que algún día se resuelva el caso de su hermano y se conozca a los responsables. Trabaja lavando ropa en casas de familia y cada centavo que ahorra lo destina para presentarse en la Fiscalía o donde sea necesario para reclamar por el caso de su hermano.
"Las mujeres de Soacha no perdemos la fe en que haya justicia -dice-. Necesitamos limpiar los nombres de nuestros hermanos e hijos porque si no condenan a los responsables la gente pensará que eran guerrilleros como  los mostraron en un principio". Y agrega: "Mi hermano no era un santo porque le gustaba el traguito, pero igual era trabajador. ¿Por qué lo mataron?".
La familia Arenas y las otras familias de Soacha cuyos muchachos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, enviaron una carta a la Corte Penal Internacional para pedirle atención sobre lo que está pasando. "Como tristemente aquí no hay justicia para nosotros y los jueces no están actuando, nos toca buscar ayuda en el exterior -dice Ana Cecilia-. No sabemos si eso será en dos o 10 años pero queremos dejar constancia de que hicimos todo lo posible". Lo dice porque desde hace año y medio no sabe en qué estado está el caso de su hermano porque los fiscales encargados han perdido el expediente tres veces.

Más grave aún es que les han recomendado guardar silencio y abstenerse de acudir a denunciar en los medios de comunicación. "La Fiscalía nos ha dicho varias veces que no hablemos -cuenta la hermana de Mario Alexánder-. Que no sacamos nada con hablar por televisión, que eso no nos va  ayudar en los procesos, ni en las audiencias, ni en nada". Y para completar el desesperanzador panorama, la Fiscalía ha desestimado las amenazas. "Nos dicen que son un invento, que no es cierto y que tenemos que aprender a  ’no dar  papaya’ " , asegura Ana Cecilia.

¿Hasta Cuándo?
Una situación semejante vive Jacqueline, hermana de Jaime Castillo,  desaparecido el 12 de agosto de 2008. "No he tenido la primera audiencia ante un juez -asegura-. La única respuesta del fiscal 72 de Cúcuta es que tiene mucho trabajo y que no ha podido avanzar". Y añade: "Estamos muy tristes porque hay pruebas muy grandes que demuestran que los militares  mataron a todas estas personas inocentes".
Por su parte, Ana Páez, madre de Eduardo Garzón, padre de tres hijos,   desaparecido el 4 de febrero de 2008 y encontrado muerto seis meses después en Cimitarra, Santander, sostiene que su muchacho era muy trabajador, educado en un colegio militar y que al momento de su muerte estudiaba Hotelería y Turismo. "Antes de que lo desaparecieran trabajaba conmigo como administrador de un casino en las instalaciones de la Policía de Carreteras -cuenta la madre-. Tenía 32 años. ¿Cómo les digo a mis tres nietos qué pasó con su papá? Mientras no se descubra a los responsables va a quedar un manto de duda sobre si era o no un delincuente".
Con un nudo en la garganta, conteniendo la rabia que siente, Ana se desahoga: "Siento desesperanza, tristeza, mucho estrés, no creo en la Justicia colombiana, aquí no hay nada. Queremos la verdad, queremos que así como un día ensuciaron el nombre de nuestros hijos, también salgan limpios en los medios de comunicación ante todo el mundo".

5 de febrero de 2010
©cambio
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