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hrw puso el dedo en la llaga


Según Human Rights Watch, las ’Águilas Negras’ hacen presencia en algunas regiones del país.
El proceso de desmovilización de 37 grupos de las Auc que adelantó el gobierno entre 2003 y 2007 ha sido y es calificado por el presidente Uribe y miembros de su gobierno como exitoso porque llevó a que más de 30.000 combatientes dejaran las armas  y se comprometieran a entrar en programas de reinserción e integración en la vida civil. Sin embargo, la organización Human Rights Watch, HRW, no piensa lo mismo y el informe ‘Herederos de los paramilitares’ que hizo público esta semana, producto de dos años de investigación y seguimiento al proceso, llega a conclusiones que no precisamente coinciden con las del gobierno. Según el informe de 126 páginas que fue presentado por el director de la ONG, José Miguel Vivanco, en la desmovilización de las Auc hubo fraude, estructuras completas de esa organización siguen activas, las llamadas ’Águilas Negras’ existen, los sucesores de los paramilitares han tenido un impacto brutal en la crisis humanitaria y de derechos humanos, y existe tolerancia de miembros de la fuerza pública, cuando no alianzas, con las nuevas bandas criminales. Según HRW, en julio de 2009 estos grupos tenían presencia en por lo menos 173 municipios de 24 departamentos, y están dedicados a reclutar adolescentes y desmovilizados para "montar una sofisticada organización a nivel nacional".
"Una cuestión especialmente preocupante es que muchos de los testigos con quienes hablamos, señalaron que en varias regiones sectores de las fuerzas de seguridad son tolerantes con los grupos que sucedieron a las Auc", afirmó Vivanco, quien agregó que esos grupos están cometiendo graves y generalizados abusos contra civiles (masacres, ejecuciones, violaciones sexuales, amenazas, extorsión...) y "han atacado y amenazado en reiteradas oportunidades a defensores de derechos humanos, sindicalistas, personas desplazadas, entre ellas afrocolombianos que luchan por recuperar sus tierras, víctimas de las Auc que buscan justicia y miembros de comunidades locales que no aceptan sus órdenes".
La situación es especialmente grave pero aun así, según HRW, el gobierno no ha tomado medidas contundentes y efectivas. "No ha destinado recursos suficientes a las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos, ni al grupo de fiscales responsables de investigarlos -señala el informe-. No ha hecho prácticamente nada por investigar ni prevenir posibles vínculos entre los grupos sucesores y los agentes del Estado o las fuerzas de seguridad pública. Y aún no ha adoptado medidas específicas para proteger a los civiles frente a esta nueva amenaza".  Para completar el cuadro clínico, HRW sostiene que el gobierno se ha mostrado renuente a asignar fondos suficientes y en forma oportuna al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, y que en ocasiones organismos del Estado han denegado asistencia a civiles desplazados por esos grupos.
En resumen, el informe de HRW no deja bien parado al gobierno al que señala de ser tolerante con funcionarios y miembros de la fuerza pública que por acción u omisión son cómplices de los grupos sucesores de las Auc.
Las conclusiones de HRW no son muy distintas a las de varios analistas e investigaciones recientes de ONG y centros de investigación nacionales, que coinciden en la apreciación de que el paramilitarismo no es cosa del pasado y que los nuevos grupos criminales han ocupado los espacios que dejaron los bloques de las Auc que se desmovilizaron, y empiezan a repetirse situaciones de violencia y desplazamiento similares a las del pasado.
"El paramilitarismo no se acabó e independiente de cómo se denominen sus sucesores están generando graves problemas humanitarios -asegura el ex consejero de Paz Carlos Eduardo Jaramillo-. El crecimiento de esas organizaciones es evidente y es, por  ejemplo, la razón del desborde de la violencia en las ciudades, y el mismo gobierno está preocupado por ello". Por su parte, el ex canciller Augusto Ramírez, miembro de la Comisión Nacional de Conciliación, sostiene: "El problema se le salió de las manos al gobierno desde el momento mismo de la desmovilización, la  negociación con las Auc  fue deficiente y se hizo a una velocidad excesiva. Los resultados están hoy a la vista".
El gobierno no reconoce que existan sucesores del paramilitarismo y a los nuevos grupos los llama Bacrin o bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico, entre los cuales la policía identifica ocho grupos principales: ’los Urabeños’, ’los Rastrojos, ’el Erpac’, ’los Paisas’, ’los Machos’, ’Nueva generación’, ’el Magdalena Medio’ y ’Renacer’, a quienes según ellos han combatido hasta la saciedad.
Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, discrepa de las conclusiones del informe al que califica de sesgado. Está de acuerdo con el concepto según el cual hay herederos de los paramilitares y asegura que las Auc, como se conocieron en el pasado, no volverán a existir. "Las nuevas bandas no son contrainsurgentes que se enfrentan a la guerrilla y disputan la población -dice Rangel-, sino que incluso están aliadas con la guerrilla por el negocio del narcotráfico".
Y en cuanto a que el gobierno no ha hecho gran cosa para combatir esos grupos, Rangel asegura que la apreciación es injusta. "El gobierno está haciendo un esfuerzo por capturarlos y recientemente las Fuerzas Militares establecieron una especie de bloque de búsqueda para ubicarlos".
El alto consejero para la Reintegración, Frank Pearl,  por su parte considera que hay una política desde el gobierno para combatir estas estructuras. "Este gobierno no ha sido permisivo nunca ni con la guerrilla ni con las bandas criminales a quienes las Fuerzas Militares han combatido con determinación -dice-. Aunque los resultados no son perfectos hay muchísimos avances. La muestra es que este es un país más seguro, con menos desplazamiento, con menos víctimas".

5 de febrero de 2010
©cambio 
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