muertes en cárceles para inmigrantes
7 de febrero de 2010
Sobre las muertes de inmigrantes en cárceles.
[Niña Bernstein] Durante largo tiempo el silencio ha envuelto a los hombres y mujeres que mueren en las cárceles del servicio de inmigración del país. Durante años no los contó nadie, y no aparecían en los archivos públicos. Incluso en 2008 cuando el New York Times obtuvo y publicó un listado de los muertos compilado por el gobierno federal, pocos hechos había disponibles sobre quiénes eran y cómo murieron.
Pero entre bastidores, ahora está claro que las muertes ya han generado miles de páginas de documentos del gobierno, incluyendo los demoledores informes sobre investigaciones que fueron mantenidos en secreto, y un reguero de memorandos confidenciales y mensajes en Black Berry que muestran a los funcionarios tratando de bloquear el escrutinio externo.
Los documentos, obtenidos en los últimos meses por Times y la Unión Americana de Libertades Civiles en el marco de la Ley de Libertad de Información, giran sobre la mayoría de las 107 muertes en detención contadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde octubre de 2003, después de que el servicio fuera creado dentro del ministerio de Seguridad Interior.
El gobierno de Obama ha jurado revisar la política de detención de inmigrantes, una caótica red de cárceles privadas, centros federales y celdas de comisarías donde el gobierno retiene a los no ciudadanos mientras prepara su deportación.
Pero a medida que el gobierno se prepara para aumentar el control al interior del servicio, los documentos muestran cómo los funcionarios -algunos de ellos todavía en funciones clave- utilizaron su papel como supervisores para encubrir las evidencias de maltrato, evitar el escrutinio de la prensa o preparar declaraciones públicas justificativas después de conocidos los hechos que demostraban que se prestaban cuidados médicos por debajo de la norma e incluso abusos.
Mientras, por ejemplo, un hombre yacía muriendo a causa de las lesiones en la cabeza que había sufrido en una cárcel de inmigrantes de Nueva Jersey en 2007, un portavoz del servicio federal dijo al Times que no pudo sacarles nada sobre el caso a autoridades de gobierno. De hecho, según muestran los documentos, el portavoz alertó a esos funcionarios sobre la investigación del periodista y discutieron extensamente sobre la posibilidad de enviar al paciente regreso a África para evitar la publicidad negativa.
En otro caso de ese año, los investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional del servicio concluyó que un dolor intolerable y sin tratar había sido un factor importante en el suicidio de un detenido de veintidós años en la cárcel del condado de Bergen en Nueva Jersey, y que la unidad médica era tan mal administrada que otros detenidos corrían peligro.
La investigación concluyó que el personal médico de la cárcel había falsificado una cartilla de medicamentos para probar que el detenido, un salvadoreño llamado Nery Romero, había recibido Motrin. La falsificación fue fácil de detectar: Cuando se le inyectó presuntamente el fármaco, Romero ya estaba muerto.
Sin embargo, esas conclusiones no fueron reveladas nunca ni a la opinión pública ni a los familiares de Romero en Long Island, que habían acusado a la cárcel de privarlo abruptamente de analgésicos para su pierna rota. Y un supervisor del servicio escribió que debido a que otras cárceles eran "melindrosas" en cuanto a aceptar a detenidos con problemas médicos conocidos, como Romero, esos pacientes deberían ser colocados en la cárcel de Bergen como "último recurso".
En una entrevista reciente, Benjamin Feldman, portavoz de la cárcel, que el año pasado alojó a 1.503 inmigrantes detenidos, no dijo si se había efectuado algún cambio desde la muerte.
En febrero de 2007, en el caso de la muerte del hombre africano, el portavoz del servicio de inmigración para el Nordeste, Michael Gilhooly, rechazó las preguntas de un periodista del Times sobre el detenido, que había sufrido una fractura de cráneo en el Centro de Detención Elizabeth -una cárcel privada. Gilhooly dijo que sin el nombre completo y el número de registro en extranjería no podía seguir el caso.
Pero los documentos muestran que ya había presentado un informe advirtiendo a altos funcionarios de la agencia federal sobre el interés del periodista y el intercambio de información sobre el hombre lesionado, un sastre guineano llamado Boubacar Bah. Bah, 52, fue dejado en una celda de aislamiento, sin tratamiento, durante más de trece horas antes de que llamaran a una ambulancia.
Mientras yacía en el hospital en coma después de una operación de urgencia al cerebro, diez funcionarios de la agencia en Washington y Newark discutieron por teléfono y correo electrónico sobre cómo evitar los costes de su cuidado y la posibilidad de "mayores controles y/o exposición a los medios", de acuerdo a un memorando con el resumen de la discusión.
Una opción que evaluaron fue enviar al agonizante a Guinea, pese a un mensaje por correo electrónico del funcionario encargado de la deportación, que escribió: "No condono su traslado en su estado presente, porque tiene un catéter" y estaba inconsciente. Otra idea fue renovar el permiso de trabajo de Bah con la esperanza de usar su Medicaid o las prestaciones por incapacidad.
Finalmente, enfrentados a los costes de diez mil dólares al mes en una clínica de reposo, los funcionarios convinieron en una tercera posibilidad: "envío humanitario" a primos en Nueva York que habían protestado que no tenían modo de cuidarlo. Pero días antes de su liberación, Bah murió.
Entre los participantes en la conferencia estaba Nina Dozorets, encargada de toda la vida de los Servicios de Salud de la División de Inmigración del servicio que había ganado un premio por reducir los costes médicos de los detenidos. Más tarde fue vicepresidente del Grupo Nakamoto, una compañía encargada por el gobierno de Bush para supervisar los centros de detención. Hace poco el gobierno de Obama la recontrató para dirigir la reforma del servicio de salud de los centros de detención.
Interrogada sobre la conferencia telefónica con Bah, Dozoretz dijo: "¿Hace cuántos años fue eso? No recuerdo los detalles, si es que acaso hubo una llamada". Agregó: "Le aconsejo tomar contacto con nuestra oficina de relaciones públicas". Gilhooly, el portavoz que dijo que no tenía información sobre el caso, no quiso hacer comentarios.
El día después de la muerte de Bah en mayo de 2007, Scott Weber, director de la oficina regional del servicio de inmigración en Newark, recomendó en un memorando que la agencia tomara el inusual paso de pagar el envío del cuerpo a Guinea para ser sepultado e impedir que su viuda se apareciera en el funeral en Estados Unidos y se transformara en una noticia en la prensa.
Weber escribió que creía que el servicio había llevado el caso de Bah apropiadamente. "Sin embargo", agregó, "no quiero despertar el interés de la prensa sobre un asunto que no lo merece". Ayudando a enterrar a Bah en el extranjero, escribió, "se logrará olvidar este asunto".
En los documentos confidenciales del servicio había un video de la cárcel que muestra a Bah boca abajo en la unidad médica, con las manos esposadas por detrás, justo antes de que el personal médico lo enviara a una celda de castigo. El video muestra gritando en su idioma nativo, fulani: "¡Ayúdenme, me están matando!"
Casi un año después de su muerte, el servicio archivó discretamente el caso sin hacer nada. Pero el nombre de Bah apareció en la primera lista de muertes en centros de reclusión, obtenida en el marco de la Ley de Libertad de Información, y el 5 de mayo de 2008, su muerte fue el tema de un artículo en primera plana del Times.
Brian P. Hale, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo en una entrevista que los archivos recientemente revelados representaban el pasado, y que los nuevos directores del servicio estaban comprometidos con la transparencia y un mayor control, incluyendo una pronta denuncia pública y la investigación de cada una de las muertes, y más atención al cuidado de los detenidos en un sistema mejor manejado.
Pero la mayor parte de los documentos recientes muestran que la cultura del secretismo se ha mantenido. Y los encubrimientos pasados subrayan lo que algunos de los propios empleados del servicio dicen que es una importante falla en la reforma propuesta: creer que el servicio se puede controlar a sí mismo.
"Debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se investiga a sí mismo, no se puede hablar de transparencia, y no hay ni reforma ni mejoras", dijo el 10 de diciembre de 2009, ante una subcomisión del Congreso, Chris Crane, vicepresidente del sindicato que representa a los empleados de las operaciones de detención y retiro del servicio.
El servicio mantiene una base de datos de las muertes en centros de detención al menos desde diciembre de 2005, cuando una investigación de la Radio Pública Nacional provocó una indagación parlamentaria. En 2006, el servicio dictó procedimientos uniformes para que toda muerte semejante sea informada en detalle a los centros de operaciones.
**Pero documentos internos sugieren que los funcionarios estaban intensamente implicados en el control de la información pública. En abril de 2007, Marc Raimondi, entonces portavoz del servicio, advirtió a sus jefes que un periodista de Washington había preguntado por una lista de diecinueve muertes que había compilado la organización por las libertades civiles y sobre un hombre agonizante cuyo cáncer de pene se había extendido sin que fuera diagnosticado en prisión, pese a numerosas peticiones médicas para realizar una biopsia.
"Son historias médicas espantosas", escribió Raimondi. "Y creo que tenemos que dar una fuerte respuesta para impedir que se convierta en un caso nacional negativo, y que adquiera vida propia".
Esa respuesta fue una defensa incondicional del cuidado médico otorgado al detenido durante varios meses, incluyendo estadísticas que parecían mostrar que las tasas de mortalidad en los centros de detención se estaban reduciendo, y eran bajas en comparación con las tasas de defunción en las cárceles.
Expertos en salud en centros de detención dijeron que la comparación era engañosa; también salió a superficie que el servicio estaba manipulando el número de muertes en centros de detención, así como liberando a algunos detenidos poco antes de su muerte. En agosto, una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles provocó que el gobierno de Obama revelara que más de una de diez muertes en centros de detención de inmigrantes habían sido ignoradas y omitidas de una lista que fue presentada al Congreso el año pasado.
Dos de esas muertes ocurrieron en Arizona, en 2004 y 2007y en el Centro de Detención Eloy, administrado por la Corrections Corporation of America. De Eloy se sabe que tuvo nueve muertes reportadas -más que cualquier cárcel de inmigrantes bajo contrato con el gobierno federal. Cuando un periodista de The Arizona Republic preguntó sobre las circunstancias de esas muertes, un portavoz del servicio le dijo que no se disponía de expedientes.
De acuerdo a expedientes obtenidos por el Times en diciembre, un detenido en Eloy que había llegado en octubre de 2008, era Emmanuel Owusu. Un achacoso barbero de 62 años que había llegado de Gana con una visa de estudiante en 1972, había sido un residente legal durante 33 años, la mayor parte del tiempo en Chicago. Las autoridades de inmigración lo detuvieron en 2006 sobre la base de una condena en 1979 por lesiones leves y hurto.
"No entiendo cómo pudo estar detenido", escribió a sus subordinados la directora de la sucursal en Phoenix, Katrina S. Kane. "¿Condenado en 1979? Eso fue hace mucho tiempo".
En respuesta se revisó un informe sobre su muerte, agregando una referencia a "la larga historia criminal de Owusu, de 1977 a 1998". No aclaraba que excepto por la condena por lesiones, esa historia consiste fundamentalmente de hurtos.
Diabético con presión alta, estuvo detenidos durante dos años en el centro Eloy mientras trataba de impedir su deportación. Murió de deficiencia cardiaca semanas después de que se rechazara su última apelación.
9 de enero de 2010
©new york times
©traducción mQh
0 comentarios