latinos huyen después de fallo
Después del fallo sobre inmigración, los hispanos de una ciudad de Alabama se marchan.
[Campbell Robertson] Albertville, Alabama, Estados Unidos. El desplazamiento empezó el miércoles noche cuando las familias más asustadas cargaron sus coches con sus cosas y se marcharon tan pronto oyeron la noticia.
Abandonaron casas rodantes, vendieron sus muebles por menos de mil dólares. O simplemente cerraron y, en un gesto de optimismo, dejaron las llaves con un vecino. Alimentaron a los perros por última vez; si no encontraban otro hogar, simplemente se los abandonaba.
Dos, cinco, diez años de vivir aquí, y luego desaparecidos en cuestión de días, en ruta hacia Tennessee, Illinois, Oregon, Florida, Arkansas, Mexico -¿quién sabe? A cualquier parte, menos Alabama.
El éxodo de inmigrantes hispanos empezó apenas horas después de que un juez federal en Birmingham ratificara la mayor parte de las disposiciones de una ley estadual de inmigración de amplias consecuencias.
La juez, Sharon Lovelace Blackburn, aceptó las partes de la ley que permiten que las policías local y del estado controlen la documentación de inmigración durante controles policiales rutinarios, convierten los contratos con inmigrantes ilegales en inejecutables y obligan a las escuelas a verificar el estatus de inmigración de los niños cuando se matriculan.
Cuando la jueza Blackburn terminó, Alabama quedó con lo que el gobernador llamó la "ley de inmigración más fuerte del país." Entró en vigor inmediatamente, aunque el fallo fue recurrido por el ministerio de Justicia y una coalición de organizaciones de derechos civiles.
Desde entonces, los superintendentes escolares han asegurado a los padres -un superintendente lo hizo incluso por televisión, en español- que nada cambiaba para los niños que ya estaban matriculados. Algunos departamentos de policía del estado dijeron que estaban esperando instrucciones sobre cómo implementar la ley.
Sin embargo, para muchos inmigrantes esperar era demasiado peligroso. Para el lunes en la tarde, 123 alumnos se habían retirado de las escuelas en esta pequeña ciudad en las colinas del norte, dejando atrás a compañeros de escuela tristes y confundidos. Decenas más estuvieron ausentes. En el estado, el viernes faltaron a clases 1988 estudiantes hispanos, cerca del cinco por ciento de toda la población hispana en el sistema escolar.
John Weathers, un hombre de negocios de Albertville que alquila casas y ha vendido a muchos vecinos hispanos, dijo que su ocupación había bajado repentinamente en un cuarto y podría seguir bajando, dependiendo de lo que pase la próxima semana. Dos personas que ya habían pagado sus hipotecas, llamaron para preguntar si podían vender sus casas de vuelta, dijo Weathers.
Tiendas de abarrotes y restaurantes fueron notoriamente menos frecuentados, lo que en algunos casos puede haber sido una buena noticia, porque algunos empleados no llegaron al trabajo. En algunos vecindarios, las calles están inusualmente tranquilas, como después de algún tipo de arrebato.
Atraídos por el trabajo en las numerosas plantas procesadoras de pollo, los inmigrantes hispanos han estado llegando a Albertville durante años, los suficientes como para que algunos de los mayores puedan recibir amnistía por la ley de inmigración de 1986. Pero los inmigrantes están llegando en mayores números durante la última década y ahora los letreros en la Calle Principal son en su mayoría bilingües, cuando incluyen al inglés.
Lo que significa a gran escala la nueva ley de inmigración quedará más claro en un lugar como Albertville, sea creando empleo y protegiendo a los contribuyentes o augurando el desastre económico como temen los opositores.
Los críticos de la ley, especialmente granjeros, contratistas y constructores civiles dicen que la medida ya ha sido devastadora, hay una crítica escasez de mano de obra y los cultivos se pudren en los campos. Dicen que incluso trabajadores hispanos totalmente legales se están marchando, una conclusión que se deriva de las entrevistas. El estatus de parientes es a menudo mezclado -a menudo los hijos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos-, pero la decisión de quedarse reposa en el eslabón más débil.
Partidarios de la ley reconocen que podría ser disruptiva en el corto plazo y que demostrará su efectividad a largo plazo.
"Tomará algún tiempo para que la fuerza laboral local vuelva a desarrollarse", dijo el senador del estado Arthur Orr, republicano de Decatur, "pero la fuerza laboral extranjera no puede ser traída y echada cada vez que deje de ser conveniente y los pongamos fuera del negocio."
Orr dijo que ya había indicios de que la ley estaba teniendo efecto, señalando que el centro de libertad condicional de Decatur, a unos ochenta kilómetros al noroeste, no hace mucho era incapaz de encontrar trabajo para reos en las plantas avícolas o en talleres. Desde que la ley fuera promulgada, dijo, el centro ha estado colocando más y más reos en esos trabajos, ahora más de ciento cincuenta al día.
Un lunes en la mañana, una planta procesadora de aves en Albertville abrió una feria de empleo, la que atrajo a una enorme multitud, una mezcla de trabajadores hispanos, blancos y negros, que hicieron fila frente a la planta, en la calle.
"Esto debió haber sido hecho hace años", dijo sobre la ley Shannon Lolling, 36, que ha estado desempleado durante más de un año.
Lolling tenía problemas con el sistema que había traído aquí a los trabajadores inmigrantes ilegales, no con los trabajadores mismos.
"Es por eso que nuestros trabajos se fueron a México", dijo. "Pagan menos y se quedan con el dinero, y nos impiden encontrar trabajo."
No lejos de la planta, en los vecindarios hispanos, es difícil diferenciar el silencio de los días de trabajo, el silencio del abandono o el silencio de un miedo que te inmoviliza.
Muchos hispanos que han preferido quedarse, de momento, dicen sin demasiada convicción que seguramente la ley será bloqueada por el presidente, el juez, "el gobierno." Hasta entonces, no abandonarán sus casas a menos que sea absolutamente necesario. Envían a otros a hacer las compras y les obligan a sus hijos a dejar el club de fútbol y a volverse inmediatamente a casa después de la escuela. Hay una avalancha de rumores sobre allanamientos y controles carreteros, y aunque la nueva ley no tenga nada que decir sobre esas cosas, la desconfianza está sembrada de anécdotas, como una contada por un pastor hispano local que dijo que fue detenido en un control de carretera en las afueras de Birmingham el miércoles, a apenas horas del fallo. Su amigo, que conducía -y que reside ilegalmente en Estados Unidos-, ahora está en la cárcel por un delito no relacionado, dijo el pastor, agregando que aunque estaba en libertad, un agente de policía le dijo que ya no era bienvenido en Alabama.
"Tengo miedo de ir a la iglesia", dijo un trabajador de una planta procesadora de pollos llamado Candelaria, que agregó: "La señora que me lleva en coche al trabajo dijo que se marcha. Dijo que se siente como prisionera."
Durante todo el verano, Allen Stoner, abogado de Decatur, ha estado ayudando a sus clientes hispanos a rellenar formularios nombrando a amigos y parientes como tutores de sus hijos, los que en muchos casos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos. De este modo, los hijos no pueden ser transferidos a servicios sociales si los padres son arrestados o deportados.
Gran parte d esto ya se había hecho para cuando el juez dictó su fallo, aunque la semana pasada los clientes de Stoner empezaron a contactarlo inmediatamente para preguntar qué deberían hacer. El lunes estuvo tranquilo.
"Tuvimos un montón de llamadas el jueves y viernes", dijo Stoner, "pero se han reducido fuertemente."
No lo sabía con certeza, pero suponía que sus cientes se habían marchado.
8 de octubre de 2011
4 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
0 comentarios