militares bolivianos esconden archivos
7 de marzo de 2010
Las fuerzas armadas de Bolivia niegan documentos a un juez. Las fuerzas armadas rechazaron una orden de un juez de entregar documentación vinculada con los crímenes de la dictadura de García Meza. El juez pidió explicaciones al comandante en jefe.
[Sebastián Ochoa] La Paz, Bolivia. El juez Roger Valverde pidió al jefe de las fuerzas armadas, Ramiro de la Fuente Bloch, que le informe por qué los militares se resisten a mostrar los archivos de la dictadura de Luis García Meza, preso desde hace 13 años en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Las FF.AA. apelaron la orden del magistrado para que se levantara el secreto militar impuesto sobre los archivos de esa época. En el juzgado analizan responder a la demanda de los familiares y decretar el allanamiento del Gran Cuartel de Miraflores, donde denuncian que habría varios cuerpos de desaparecidos enterrados.
Milton Mendoza, uno de los fiscales de esta causa, criticó que la apelación de las FF.AA., sustentada en su ley orgánica, "Tiene un argumento totalmente endeble. Además, conspira contra una labor de justicia eficiente", señaló el fiscal.
La investigación se inició por las denuncias de desaparición de tres personas durante la dictadura de Meza, entre 1980 y 1981. Son Marcelo Quiroga Santa Cruz, periodista y escritor cercano a la Central Obrera Boliviana (COB); Juan Carlos Flores Bedregal, diputado nacional del Partido Obrero Revolucionario (POR) y Renato Ticona Estrada, maestro y universitario.
La semana pasada, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) agregó a la investigación el caso de 22 personas probablemente asesinadas por el gobierno militar de 1980. "Ahora somos querellantes y pedimos el esclarecimiento de la desaparición de estas 25 personas durante la dictadura de Meza. Pedimos que se levante la reserva sobre los archivos que no quieren entregar. Por ello presentamos el texto de un decreto, según el cual ningún documento puede seguir clasificado después de 20 años de ocurridos los hechos", dijo a Página/12 la presidenta de la Asofamd, Anita Urquieta Paz.
Las FF.AA. entregaron al juez tres sobres con la lista de los militares en funciones en 1980 y 1981. "Pero la Fiscalía había pedido documentos más explícitos, donde aparecía más información. Solamente entregaron una lista, pero no dice el destino ni nada. No dice de qué trabajaban ni dónde ni cómo. Vamos a seguir con esta lucha hasta que las FF.AA. cumplan con la ley. Y no muestren solo los archivos de 1980, sino los que tienen desde 1964, cuando comenzaron a hacer desaparecer 170 personas", agregó Urquieta.
Los familiares de los desaparecidos exigen al presidente Evo Morales que intervenga para que los militares muestren los archivos de la dictadura. "Hemos recibido declarativos de apoyo e interés del gobierno, pero en los hechos no hay voluntad política. Por eso no se explica que en este momento, siendo el presidente Evo Morales capitán general de las fuerzas armadas, no les haya instruido que procedan a la apertura de documentos", dijo a la red Erbol María Soledad Quiroga, hija de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo nombre fue usado por la Asamblea Legislativa para bautizar a la ley anticorrupción aprobada días atrás.
Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, también hizo escuchar sus quejas. "Cuando una persona se resiste a cumplir una orden de la ley, se la debe procesar. También se debe hacer allanamiento, secuestro y requisa de la información que se busca", evaluó.
El juez Valverde indicó que analiza un requerimiento. "El fiscal pide que se emita una orden de incautación de varios documentos. Entonces mi autoridad ha pedido que, en mérito a la documentación que antecede, el señor comandante en jefe de las fuerzas armadas informe a este juzgado los motivos por los cuales no se habría entregado esta documentación."
La falta de justicia en Bolivia hizo que los familiares de Quiroga Santa Cruz recurrieran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo que funciona dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos, cumpliendo la función de órgano acusatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica, organismo judicial con mandato para actuar contra Estados, pero no individuos.
"Creemos que nuestra primera tarea era buscar justicia en nuestro país, antes de acudir a tribunales internacionales. Pensábamos que aquí se iba establecer la justicia, por eso hemos agotado todos nuestros esfuerzos por todos los canales, pero sin lograr ningún avance", dijo la hija de Quiroga Santa Cruz.
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