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usando la ley contra el terrorismo


El gobierno de Obama no debería vacilar en su compromiso de brindar a los acusados de terrorismo un debido proceso.
Desde el principio, esta página editorial no ha creído nunca que fuera crucial que Khalid Shaikh Mohammed y sus cuatro cómplices fueran juzgados en un tribunal federal en Manhattan. Ahora parece que el gobierno de Obama también está de acuerdo. Después de un cambio radical de opinión del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg -que dijo una vez que los presuntos arquitectos de los atentados del 11 de septiembre de 2001 debían enfrentarse a la justicia "ahí donde tantos neoyorquinos fueron asesinados"-, se dice que el gobierno está buscando una nueva ubicación.
Eso nos parece muy bien. Aunque en general los juicios deberían celebrarse donde han ocurrido los delitos, en este caso hay montones de razones para hacer una excepción. Sin embargo, el problema es que el cambio de opinión del presidente Obama podría envalentonar a aquellos en el Congreso que se oponen no solamente a un juicio en Nueva York, sino más ampliamente a la determinación del presidente de mostrar al mundo que incluso los acusados de terrorismo serán tratados de acuerdo a las normas del debido proceso en este país. Obama debe impedir que sus críticos exploten la reubicación del juicio para tratar de desmantelar su política más general de poner la guerra contra el terrorismo bajo el imperio de la ley.
Incluso antes de que se informara que Mohammed y los otros no pueden ser juzgados en Manhattan, el jefe de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (republicano de Kentucky) y varios otros senadores republicanos estaban atacando brutalmente al gobierno de Obama por tratar a Umar Farouk Abdulmutallab, que está acusado de tratar de destruir un avión de pasajeros en Navidad, "como a un civil imputado -recordándole incluso el derecho establecido en la ley de no cooperar- antes que como un recurso de inteligencia que debía ser interrogado para obtener informaciones que pudieran eventualmente salvar vidas".
Así que lo que está bajo sitio no es solamente la política de juzgar a los sospechosos de terrorismo en un tribunal civil. McDonnell también alegó el domingo que los sospechosos de terrorismo deberían ser enviados a Guantánamo, y amenazó bloquear el financiamiento que se necesita para cerrar la prisión. Puesto a la defensiva, el gobierno ha insistido en que a Abdulmutallab no se le leyeron sus derechos sino después de que hubiera proporcionado informaciones valiosas y dejara de hablar. Funcionarios del estado también señalan que los terroristas acusados fueron juzgados en tribunales civiles durante el gobierno de George W. Bush.
Cerrar Guantánamo y juzgar a los detenidos en tribunales de justicia son rasgos distintivos del rechazo de Obama a las políticas antiterroristas de Bush. Sin embargo, el presidente ha socavado su propia posición flaqueando innecesariamente en su compromiso de juzgar a los terroristas acusados de acuerdo a la ley. Primero, decidió juzgar a algunos en comisiones militares, permitiendo que sus críticos preguntaran por qué ese mismo tratamiento no es suficiente para juzgar a los presuntos conspiradores de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Más recientemente, un grupo de trabajo nombrado por él sugirió retener a cerca de cincuenta detenidos sin someterlos a juicio, una recomendación que Obama debería rechazar. Será difícil para el presidente defender sus convicciones si no se aferra a ellas él mismo.

8 de marzo de 2010
3 de febrero de 2010
©los angeles times
©traducción mQh
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