confirman nexos de ejército y paramilitares
18 de marzo de 2010
Confirmados nexos de Auc y miembros de la Brigada XVII en masacre de San José de Apartadó. La condena a 20 años de prisión al ex capitán del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez por su participación en la masacre de San José de Apartadó, en 2005, confirma los nexos de miembros de la Brigada XVII de Carepa, Antioquia, y paramilitares de las Auc.
Colombia. El ex oficial se había acogido a sentencia anticipada en octubre de 2008 y fue condenado por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir tras quedar demostrada su responsabilidad en la muerte a machetazos de Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio, ocurridas entre el 21 y 22 de febrero de 2005.
La noticia de la condena al ex capitán Gordillo Sánchez se conoció este martes en Medellín en momentos en que se adelanta una nueva sesión de la audiencia de juzgamiento contra los diez uniformados del Ejército que se presume participaron en el múltiple crimen.
Se trata de el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez. Se espera que esta etapa de juicio termine a mediados del año y para el mes de agosto se conozca la decisión del juez sobre la responsabilidad de los procesados en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
"Es una sentencia que reafirma lo dicho por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde hace cinco años y que, en su momento, fue descalificado por las autoridades", indica el abogado Jorge Molano, quien representa a las víctimas en este proceso penal. El jurista afirma que se demostró que la comunidad tenía razón al denunciar días después de cometido el múltiple crimen que unidades militares de la XVII Brigada el Ejército habían participado en la masacre junto a un grupo de paramilitares del bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.
En efecto, la reacción inicial del Gobierno Nacional y de las autoridades militares y judiciales, fue la de responsabilizar a la guerrilla, para lo cual se valieron de un supuesto ex combatiente de ese grupo armado ilegal, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad.
"La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan", declaró este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.
La falsa versión fue ratificada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez al finalizar un consejo de seguridad en Apartadó el domingo 20 de marzo de ese año. El Jefe de Estado leyó un comunicado en el cual afirmó: "en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista".
Asimismo el entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, explicó por esos mismos días que "en ocasiones estas agrupaciones (la guerrilla) han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción". En la difusión de la falsa versión también participó la Fiscalía Regional de Antioquia.
El director regional en esa época, Francisco Galvis Ramos, declaró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó "era un veraniadero de las Farc". La estigmatización de esta comunidad, continuó por parte del Ejército Nacional que a través de un comunicado calificó de "coincidencias sospechosas" algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra "había expresado su intención de retirarse de la comunidad".
Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como "cabecilla de milicias de la región La Cristalina", dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que "estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc".
No obstante, la versión estatal fue desmontándose paulatinamente con las declaraciones de varios paramilitares desmovilizados del bloque Héroes de Tolová en las audiencias de versión libre rendidas ante la Fiscalía durante los años 2007 y 2008.
Uno de ellos fue José Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, quien narró cómo habían sido asesinados los niños: "estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina, pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro".
Otros paramilitares que participaron en la masacre y admitieron su participación en el crimen ante las autoridades judiciales fueron Adriano José Cano Arteaga, alias ‘Melaza’, y Joel José Vargas, alias ‘Pirulo’. De ella también hizo referencia Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, en su primera y única audiencia de versión libre realizada en junio de 2009 desde Estados Unidos, donde purga una condena de 30 años por delitos asociados al narcotráfico.
Las confesiones le permitieron a la Fiscalía proferir orden de captura contra el ex capitán Gordillo Sánchez y abrir investigación contra 66 militares de la Brigada XVII. Con el paso del tiempo se depuraron las responsabilidades penales y hoy son juzgados diez uniformados.
No obstante, el abogado Molano ha insistido en procurar que la Fiscalía también valore los testimonios de varios militares que han comparecido al proceso y se refirieron a la participación de altos oficiales en la preparación de la Operación Fénix, antesala de la masacre de los pobladores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. El defensor de las víctimas señala como responsables a los ex generales Mario Montoya, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante de la Primera División del Ejército, y de Héctor Fandiño, comandante de la Brigada XVII en el momento del crimen.
La pretensión de Molano se basa en testimonios que indican que ambos tuvieron conocimiento de la participación de paramilitares como guías del Ejército en la Operación Fénix, que se preparó y ejecutó como reacción a la emboscada perpetrada por las Farc semanas antes en la vereda El Porroso, de Mutatá, que dejó un oficial y 18 soldados muertos.
©verdad abierta 
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