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desautorizan pena de muerte


Es impracticable. El Instituto de Derecho Americano, que fue instrumental en la formulación del modelo en que se basan la mayor parte de las sentencias a muerte, ha retirado su apoyo a la ley.
[Michael Traynor] Hace casi cincuenta años, cuando crecía el interés en el país sobre la imparcialidad de las leyes de pena capital, el Instituto de Derecho Americano [American Law Institute] publicó una ‘ley modelo’ con la intención de ayudar a los legisladores del estado a elaborar leyes que garantizaran que las sentencias a muerte fueran aplicadas de manera justa y consistente.
En el otoño pasado, el instituto retiró su apoyo a la ley modelo sobre la pena capital. La decisión fue un asombroso repudio de la misma organización que proporcionó el plano de las leyes capitales en este país.
El instituto, con más de cuatro mil abogados, jueces y profesores de derecho con las más altas calificaciones, es la principal organización independiente en Estados Unidos que produce trabajos académicos para aclarar y mejorar la ley.
Diez años después de que el instituto hiciera público su modelo, que formaba parte de un comprehensivo modelo de código penal, este se convirtió en el prototipo de las leyes de pena de muerte en todo Estados Unidos. Algunas partes del modelo -como la categórica exclusión de la pena de muerte para otros delitos que el homicidio y para personas con capacidades mentales limitadas- resistieron la prueba del tiempo. Pero lo esencial del modelo, que ofrecía una lista de factores para orientar a jueces y jurados a la hora de decidir sobre una sentencia a muerte, demostró ser impracticable y fomentó la confusión y la injusticia.
Ahora, después de buscar análisis de nuestros principales juristas, el instituto ha concluido que el sistema que creó no funciona y no puede ser reparado. Concluyó que no podemos mantener un sistema de pena de muerte que garantice imparcialidad en un proceso o fallo, o incluso que no se ejecutará a inocentes.
Hablo por mí mismo, no como representante del instituto, pero puedo decir con certeza que el instituto no llegó livianamente a estas conclusiones. Encargó una comisión especial y un estudio académico, escuchó varios puntos de vista y debatió extensamente sobre los problemas. Emergió un sólido consenso de que en este país la pena capital está plagada de problemas.
La pena de muerte no puede balancear la necesidad de consistencia de las sentencias con la necesidad de determinaciones individualizadas. Su administración es desigual según los grupos raciales. Hay una grave ausencia de recursos para los abogados defensores. La ley es distorsionada por la política de los nombramientos judiciales, y consume una parte desproporcionada de los recursos públicos.
La pena de muerte en California es un ejemplo de estos problemas. Partes de la ley californiana fueron copiadas del modelo del instituto. Ahora el sistema está al borde del colapso. Hay ahora cerca de setecientas personas en el corredor de la muerte en California y puede tomar veinticinco años de apelaciones obligatorias antes de que se implementen. Desde 1978 California ha ejecutado a trece reos, mientras que otros 72 han muerto de viejos o por otras causas.
Los recursos son angustiosamente inadecuados. Más de la mitad de los reos en el corredor de la muerte ahora no tienen acceso al abogado que exige la Constitución. Una comisión del estado constató que existe un serio riesgo de que el estado ejecute a una persona inocente. Y luego está el problema de los costes. Un preso en el corredor de la muerte le cuesta al contribuyente 90 mil dólares al año más que si el reo fuera mantenido en otro tipo de cárcel de alta seguridad. El costo total adicional del alojamiento de todos los reos en el corredor de la muerte en California es más de sesenta millones de dólares al año.
Estos problemas están entronizados en el sistema de la pena de muerte, tanto en California como a nivel nacional. El resultado acumulativo es que las ejecuciones siguen siendo tan aleatorias como los rayos, o incluso más, y ese es en realidad el problema mismo que el modelo del instituto tenía que resolver. Además, en todo el país al menos 139 individuos han sido liberados del corredor de la muerte después de establecer su inocencia.
La decisión del instituto se produce en medio de una profunda revaluación de la pena capital. Quince estados han abandonado la pena capital, incluyendo tres en los últimos tres años. En 2009 se dictó en el país el menor número de sentencias a muerte, desde que la pena capital fuera reinstalada en 1976.
Ahora tenemos décadas de experiencia, de la que carecía el instituto cuando propuso su modelo hace casi cincuenta años. La reclusión perpetua sin posibilidad de la libertad condicional, que ahora es una importante alternativa en casi todos los estados, no se trató en ese entonces. En la medida de que la sociedad necesite castigar severamente a los homicidas, puede hacerlo más efectivamente con sentencias de prisión severas, pero justas, antes de continuar con una pena de muerte poco efectiva y extravagante.
El Instituto de Derecho Americano pudo haber decidido no hacer nada. Pero habiendo establecido los fundamentos intelectuales y legales de la pena de muerte moderna, concluyó que tenía la responsabilidad de actuar ahora que las fatales fallas del sistema habían finalmente emergido.
El retiro del modelo de la pena de muerte reconoce que es imposible administrar la pena de muerte de manera consistente y justa, y por eso no debería ser una opción de castigo en este país. El instituto no podía seguir legitimando un sistema fallido. ¿Debemos hacerlo nosotros?

El autor es presidente emérito del Instituto de Derecho Americano y vive en Berkeley.

27 de marzo de 2010
4 de febrero de 2009
©los angeles times 
©traducción mQh
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