victoria con un precio
3 de abril de 2010
Victoria de negros colombianos tiene un precio. Líder comunitario se protege las espaldas después de una batalla jurídica que desterró a una flotilla de rastras para dragar oro ilegales en el pueblo de Paimado.
/Chris Kraul] Paimado, Colombia. Cuando algo suena en la noche, Benedesmo Palacios no solo se sobresalta, sino además coge su revólver.
¿Quién podría reprochárselo? El padre afro-colombiano de ocho hijos dirigió los exitosos esfuerzos de su comunidad en la ribera del río para expulsar a una flotilla de embarcaciones contaminantes que drenaban el río a la búsqueda de oro, y ahora teme ser un hombre marcado.
"Tengo los nervios de punta. Tengo miedo de que me estén siguiendo y no confío en nadie", dijo Palacios, que es presidente del concejo comunitario de Paimado. "He oído que tienen a dos asesinos a sueldo para matarme. Pero eso está en manos de Dios".
Tres años de apelaciones al gobierno para que prohibiera los drenajes ilegales en ese tramo del río Quito frente a esta aislada comunidad en el noroeste de Colombia finalmente dieron fruto en mayo pasado, cuando la policía se dejó caer repentinamente y requisó la flotilla de dieciséis procesadores de mineral.
Las incautaciones fueron un día de fiesta en la lucha de las comunidades afro-colombianas de la región para reclamar los derechos territoriales que les fueron garantizados a principio de los años noventa y que están finalmente ejerciendo, en parte gracias a los programas de capacitación jurídica financiados por organizaciones de ayuda internacionales.
Para la mayoría de los negros pobres en Paimado, la expulsión fue una fecha histórica, liberando al pueblo de maquinarias que dejaban cicatrices en el ambiente y desviaban el curso de un río que se había formando en el curso de varios siglos.
Pero otros dicen que la minería es el único estímulo económico asequible al estado desesperantemente pobre de Choco y que los drenajes deben continuar. Varios dueños de maquinarias requisadas han iniciado acciones legales en un intento por reanudar este mes las operaciones.
Las embarcaciones en forma de caja succionan toneladas de mineral al día, chupando el lecho y riberas del río. En Paimado fueron la causa del derrumbe de siete casas y de importantes pérdidas de cosechas, dijo José Romana, oficinista del ayuntamiento de Río Quito, al que pertenece Paimado. Teme que los derrames del mercurio utilizado en el refinamiento y la obstrucción de los comederos hayan terminado con las zonas de pesca.
"Los drenajes no nos aportaron nada, solamente erosión, grupos armados, prostitución y discordia en la comunidad", dijo Luis Carlos Romana, 27, mientras repartía hielo en el sofocante pueblo de dos mil habitantes.
Pero el dueño de las rastras requisadas dijo que las embarcaciones extraían cada una hasta trescientos cuarenta gramos al día, generando seis mil dólares de ganancias -gran parte de las cuales circulaban en la economía local.
Rechazó las acusaciones de ilegalidad diciendo que las rastras son "informales", una clasificación usada comúnmente en América Latina para describir empresas que, aunque no están realmente permitidas, son toleradas por las autoridades.
El hombre, que se negó a dar su nombre para no alertar a las autoridades, dijo que los funcionarios locales no titubean a la hora de controlar las ventas de oro y recaudar el impuesto del cuatro por ciento.
"La extracción ilegal puede ser algo oscuro o escondido", dijo el dueño. "Nosotros operamos a plena luz del día, con cielo abierto".
Pero juristas de la comunidad afro-colombiana no están de acuerdo.
"Las rastras operan sin licencias, no son controladas por nadie y son ilegales", dijo el abogado Carlos Rivas, un nativo de Choco que trabaja en Bogotá, la capital colombiana.
La Constitución de 1991 y una ley subsecuente ahuecaron la condición semi-soberana de las ciento veinte comunidades negras en el Choco. Pero esos derechos, incluyendo la autonomía sobre ochocientas mil hectáreas, no están garantizados, dijo el abogado Richard Moreno. Moreno es asesor jurídico de Cocomacia, el concejo que representa a las ciento veinte comunidades.
"Ha sido un proceso de evolución retrasado por la ignorancia de las leyes", declaró un funcionario de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una rama de la Organización de Estados Americanos que ha proporcionado ayuda jurídica y económica en el Choco desde 2006.
"Pero estamos viendo pequeños signos de progreso en el reconocimiento de las autoridades del derecho de estas comunidades al control territorial que deben ejercer los afro-colombianos mismos", dijo el funcionario, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
En los últimos tres años, a medida que el precio del oro se empinaba por las nubes, aparecieron rastras en muchas partes del Choco, donde los ríos son el principal medio de transporte. Las rastras se construyen ilegalmente en la capital del estado, Quibdo, bajo las narices de las autoridades locales que son pagadas para que hagan la vista gorda, dicen funcionarios de la organización de ayuda.
Interrogado sobre si podría proporcionar los nombres de los funcionarios o políticos que respaldan la minería por dragado por ser beneficiosas para el Choco, el dueño anónimo dijo: "Sí, pero están los dos en la cárcel" por nexos con grupos paramilitares.
Aunque negó todo conocimiento de las amenazas contra Palacios, dijo que el requisamiento de las rastras ha convertido a Palacios y otros líderes comunitarios en poderosos enemigos.
"Aquí, en la política, los que están contra la minería están contra el progreso", dijo el Padre Ulrich Kollwitz, sacerdote de la diócesis de Quibdo.
Palacios es acompañado por un guardaespaldas de la policía cuando viaja a Quibdo. "La semana pasada había un tipo filmándome y tuve que sacar mi pistola para que dejara de hacerlo", dijo.
Pero no tiene ninguna intención de abandonar su lucha, la que interpreta como una lucha entre los intereses económicos y la justicia y el medio ambiente. Dijo que ha rechazado sobornos de dos mil quinientos dólares por rastra.
"El dinero no es importante", dijo Palacios. "La verdadera pregunta es qué vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos".
19 de enero de 2010
©los angeles times
©traducción mQh
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