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interrogan a chacal contreras


Interrogan a Manuel Contreras por asesinato de niño de 6 años en caso Anfruns. El ex director de la DINA declaró ayer en el recinto penitenciario, donde cumple condenas por violaciones de los derechos humanos. Este es el cuarto interrogatorio a ex agentes luego que se reabriera la investigación por el crimen del menor, ocurrido en Santiago en 1979.
[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. Por cerca de dos horas prestó declaración ayer en calidad de inculpado el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (R) Manuel Contreras, ante el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Manuel Valderrama, quien dirige la investigación por el secuestro y homicidio del menor Rodrigo Anfruns Papi, de seis años, ocurrido en Santiago en 1979.
La diligencia, ordenada por el tribunal de alzada capitalino al reabrir el caso, se realizó en el penal Cordillera donde el ex agente cumple condena por una serie de violaciones de los derechos humanos.
Esta es la cuarta entrevista que efectúa el magistrado luego de la resolución judicial que dispuso retomar la etapa indagatoria de la causa.
La semana pasada el juez tomó declaración a los ex jefes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), mayores (R) Carlos Herrera Jiménez y Álvaro Corbalán así como al ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, el general (R) Raúl Iturriaga, quienes permanecen recluidos en Punta Peuco por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Reapertura
A juicio de la Corte, según reseña el fallo de 1 de abril último, los antecedentes recabados en la indagatoria a cargo del juez Valderrama apuntan a que hubo participación de agentes del Estado en la muerte de Rodrigo Anfruns.
Por ello, el tribunal no sólo dispuso una ronda de interrogatorios a ex miembros de organismos represivos del régimen militar sino también la apertura de un proceso por el delito de asociación ilícita
Además se solicitó al juez oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el organismo que defiende los intereses fiscales evalúe la posibilidad de intervenir en la causa. El magistrado ya cumplió con esta diligencia y ahora está a la espera de la respuesta del CDE.
El organismo discutiría el tema primero en comité penal y, posteriormente, en consejo, según se informó.
También se pidió realizar nuevas diligencias para aclarar una serie de declaraciones y peritajes contradictorios.

Inhabilidad
Pocos días después de notificada la resolución judicial, el abogado que representa a la familia Anfruns, Roberto Celedón, presentó un incidente de implicancia contra el juez Valderrama.
En el escrito, el profesional manifiesta que el magistrado debe marginarse del caso pues ya se ha pronunciado sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para dictar sentencia.
Lo anterior, porque en junio de 2009 el juez llegó a la convicción de que el asesino del menor fue P. P. V., entonces de 16 años, y decretó el cierre de la indagación sin establecer responsabilidad de agentes del Estado.
El lunes pasado el ministro rechazó el incidente y comenzó a correr el plazo de cinco días para que la familia Anfruns recurra a la Corte.
Consultado, el abogado Roberto Celedón confirmó que apelará a fines de esta semana. Así será el tribunal de alzada el que resuelva si inhabilita o no al juez para seguir instruyendo la causa.

14 de abril de 2010
©la nación 
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1 comentario

claudio lisperguer -

Es incomprensible que asesinos como este cuenten todavía, y hayan contado en el pasado, con la protección de parte de nuestra clase política y de las fuerzas armadas que le han permitido -a él y otros militares como él- cumplir las penas a que ha sido condenado en una cárcel especial rodeado de inimaginables privilegios. En otros países -Argentina, por ejemplo- los represores deben cumplir sus penas en cárceles comunes. Sería bueno que Chile siguiese el ejemplo. Si se temiese por su seguridad, bastaría con encerrarlos en un pabellón o patio aislado.
Por otro lado, es igualmente incomprensible que este general no haya sido todavía procesado por traición a la patria. Según confesión de sus propios empleadores, fue un agente secreto en la planilla de pago de la CIA en la época en que era al mismo tiempo jefe de los escuadrones de la muerte de Pinochet. Este delito se castiga con la pena capital.
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