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honduras en lista negra de la cidh


CIDH incluye a Honduras en ‘lista negra’ junto con Cuba, Venezuela, Colombia y Haití. Honduras cumple tres de los cinco criterios que el organismo valora para incluir a un país en el Capítulo IV de su reporte anual.
OEA. Honduras entró hoy por primera vez en la ‘lista negra’ del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para países que no cumplen estándares básicos de derechos humanos y en la que repiten un año más Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
Según el informe del año 2009 presentado hoy en Washington, el motivo de la inclusión de Honduras es que, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, el país centroamericano cumple tres de los cinco criterios que la CIDH valora para incluir a un país en el Capítulo IV de su reporte anual sobre naciones que merecieron una "atención especial" por la situación de los derechos humanos.
A juicio de la CIDH, tras el golpe, Honduras se convirtió en uno de los "Estados regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares", en el que además "el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido" y donde "existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos".
Para la inclusión de Honduras en la ‘lista negra’, la CIDH se basa ampliamente en el informe que elaboró tras la visita ‘in loco’ al país centroamericano en agosto del año pasado y que, según concluye en el reporte anual dado ahora a conocer, "considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país".
En esta ‘lista negra’ repiten entretanto otros cuatro países del hemisferio: Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
En el caso de Colombia, la CIDH, aunque reconoce la "compleja situación que enfrenta tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil", considera que el país "aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales".
Asimismo, dice "mantener su preocupación" frente a los "ataques registrados en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales por parte de los grupos armados al margen de la ley y la guerrilla" y también por el escándalo de escuchas de los servicios de inteligencia del DAS que estalló el año pasado.
El caso de Cuba ocupa un amplio espacio del informe, en el que resalta que, un año más, en la isla "existen situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos" y reclama de nuevo la "liberación inmediata e incondicional" del alrededor de medio centenar de disidentes aún en prisión tras su condena durante la "primavera negra" de 2003.
Para la CIDH, las "restricciones a los derechos políticos, la ausencia de elecciones libres, la falta de garantías del debido proceso legal y de independencia del poder judicial", así como la "privación de libertad de los disidentes políticos, las restricciones a la libertad de expresión y los hostigamientos a los defensores de los derechos humanos", entre otros, "configuran una situación permanente de transgresión de los derechos fundamentales".
Además, la CIDH dice observar con preocupación la "práctica de torturas en contra de presos políticos" y califica de "sumamente grave la reiterada utilización de juicios sumarísimos sin garantías del debido proceso", instando entre otros a la derogación de tipos penales como el de "peligrosidad social predelictiva" que denuncia constituye una "herramienta de persecución política" del gobierno.
"Cuba es el único país de las Américas donde se puede afirmar categóricamente que no existe ninguna garantía para el ejercicio de la libertad de expresión", subraya la CIDH en su informe, en el que se apunta la posición contraria al reporte de su presidenta, la venezolana Luz Patricia Mejía, al considerar que el organismo no tiene "competencia material y territorial" en Cuba por la no reintegración de la isla a la OEA, cuestión legal que disputan el resto de los miembros de la Comisión.
Haití también repite en la "lista negra" de la CIDH sobre todo por las "graves situaciones de violencia, las serias crisis institucionales y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales".
En el caso de Venezuela, la CIDH se remite al informe sobre este país publicado a finales de febrero y en el que advertía que la "intolerancia" ante la disidencia política, la falta de independencia del poder judicial, las "restricciones" a la libertad de expresión o la "impunidad" de las violaciones de derechos humanos contribuyen a un "debilitamiento" de la democracia en el país sudamericano.
El Presidente venezolano, Hugo Chávez, rechazó dicho informe, que tachó de "basura", y amenazó con sacar a Venezuela de la CIDH, aunque todavía no ha dado ningún paso en ese sentido.
Con todo, altos funcionarios venezolanos se han quejado reiteradamente del "acoso" que dicen sufrir por la CIDH, que se defiende afirmando que el país figura de los últimos en número de peticiones que decide aceptar -donde Perú, con 46 en 2009 y Argentina, con 28, encabezan la lista- o a la hora de otorgar sus medidas cautelares, tal como muestran las estadísticas también incluidas en el Informe Anual.

16 de abril de 2010
©la tercera 
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