a un paso de una dictadura legal

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Gobierno apoya auditoría externa a Ministerio Público. El jefe de la Fiscalía Nacional, Sabas Chahuán, rechazó el planteamiento del Ejecutivo y exigió que, si se aplica este criterio al organismo, se haga lo mismo con todos los "organismos autónomos, como la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial".

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[Andrea Chaparro] Santiago, Chile. "Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo ayer el presidente Sebastián Piñera al término de la cuenta pública que rinde anualmente el organismo.
Minutos después, el fiscal nacional Sabas Chahuán -que estaba a sólo unos metros del Mandatario- reiteraba su rechazo al planteamiento del Ejecutivo.
Al respecto, el jefe del Ministerio Público advirtió que "tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web (...). Creemos que no se puede, de acuerdo a la Constitución, hacer una auditoría impuesta a la fiscalía".
Sólo aceptará la aplicación de este criterio si se realiza en todos los organismos autónomos. "Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial (…) de otra manera creemos que va más allá de la Constitución", dijo.

Justicia: "No Es Sinónimo de Confianza"
Consultado por el tema, el ministro de Justicia Felipe Bulnes expresó que una auditoría no tiene por qué poner en riesgo la autonomía del Ministerio Público.
"No son fenómenos incompatibles (...) Queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público pero creemos, al mismo tiempo, que las instituciones se fortalecen y se legitiman en la medida en que mayor información se dé a la ciudadanía", afirmó el secretario de Estado.
En ese sentido, precisó que la autonomía no está en discusión "sino las instancias de información y control de la gestión del Ministerio Público". También aclaró que esto "no es sinónimo de desconfianza, al contrario, creemos que el Ministerio Público va a salir fortalecido".
Sin embargo, aún no hay una fórmula definida para materializar la auditoría. "Por el momento, lo que me interesaba era plantear el concepto y la necesidad, cuando llegue el momento se dará a conocer la fórmula", dijo el ministro Bulnes.
Sobre la posibilidad de auditar al Poder Judicial y a otros organismos autónomos, como lo planteó el fiscal nacional, aclaró que "nadie ha pedido una auditoría al Poder Judicial".
Pero confirmó que la cartera participará -junto con el Poder Judicial, la fiscalía y la defensoría- de una mesa que analizará cada dos meses el funcionamiento de la justicia penal. En esa instancia se podrían discutir casos como el del violador de Placilla y determinar en "qué se falló".

Endurecer Leyes Anticorrupción y Antiterrorista
El uso de agentes y la realización de operaciones encubiertas en casos de corrupción y de conductas terroristas, la intervención de comunicaciones telefónicas sin mediar una autorización judicial y la creación de un registro nacional de reos son algunas de las modificaciones que planteó ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán en la cuenta pública anual (ver texto completo en www.lanacion.cl) realizada ayer en el terreno donde se emplazará el nuevo edificio del Ministerio Público, ubicado en calle Catedral 1437.
También propuso una modificación legal que excluya la aplicación de beneficios a los condenados por delitos sexuales y a quienes reincidan en la comisión de esta clase de delitos.
En materia de corrupción pidió hacer cambios a la ley para poder usar "técnicas especiales de investigación" que hoy sólo están autorizadas para casos de narcotráfico y lavado de dinero. Modificaciones similares solicitó respecto de la ley sobre conductas terroristas, puntualizando que para una labor más efectiva de la fiscalía se requiere, por ejemplo, del uso de agentes encubiertos que puedan infiltrarse en organizaciones de este tipo, lo que no está permitido respecto de ilícitos de esta índole.
Tampoco es posible hoy interceptar las comunicaciones telefónicas sin autorización de un juez. Para Chahuán resultaría más eficiente si cada fiscal pudiera pedir directamente a las compañías la localización y el tráfico de llamadas sin autorización judicial.
Por último, planteó la posibilidad de crear un registro nacional de reos (mediante un decreto del Ministerio de Justicia), con características específicas de los reclusos (características físicas, cicatrices, enfermedades, condenas anteriores).

16 de abril de 2010
©la nación

2 comentarios

[claudio lisperguer - 16 de abril de 2010 - 18:13]

Considerando las numerosas instancias de falta de probidad e idoneidad en el poder judicial, de denegación de justicia, de interpretación y aplicación torcida de las leyes, de desconocimiento del derecho internacional, es derechamente escandaloso que el fiscal Chahuán quiera poderes extraordinarios más bien propios de regímenes dictatoriales. La ley antiterrorista, de origen ilegítimo y cuya derogación vienen pidiendo organismos internacionales, es una mancha en la imagen del país. Espiar a los ciudadanos sin una orden judicial y sin control sobre sus ejecutores, amparados en la independencia de sus decisiones, es la antesala del retorno de la dictadura. Parece que al fiscal de nada le sirve la desastrosa experiencia de EUA. Lo único que falta es que proponga, como Bush, la detención secreta e indefinida, sin abogados ni formulación de cargos.
Por el peligro que representa para la democracia, su destitución e inhabilitación es de la mayor urgencia.

[claudio lisperguer - 16 de abril de 2010 - 18:12]

La aplicación burocrática de preceptos legales condujo a la decisión que finalmente le costó la vida a dos mujeres. Pero no es la única muestra del mal funcionamiento y falta de probidad e idoneidad en el poder judicial. Casi a diario dictan jueces sentencias ridículamente leves, y en franca contradicción con los tratados internacionales suscritos por Chile en materia de ddhh, contra los autores de los crímenes más bárbaros e injustificados de la historia del país. Se escudan en la independencia del poder judicial, pero es evidente que lo utilizan para encubrir sus crímenes y protegerlos.
Pese a que la Constitución establece mecanismos para erradicar a elementos poco idóneos del poder judicial, por denegación de justicia e interpretación torcida de la ley, los gobiernos de la Concertación han optado por hacer la vista gorda, y agregar al dolor de las familias, la humillación y la burla. Dudo que el actual gobierno quiera remediar esta situación.