informe chileno ante consejo de ddhh
6 de mayo de 2009
[Lorena Ferraro L.] Chile. Una recapitulación de las tareas a las que se han abocado los gobiernos de la Concertación para intentar reparar a las víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura militar; el detalle de los instrumentos ratificados por Chile recientemente en materia de derechos humanos, el esfuerzo del Ejecutivo por modificar el sistema binominal, la ampliación de derechos indígenas y la Ley de Transparencia son algunos de los aspectos trascendentes que aborda el informe que Chile presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y al que tuvo acceso La Nación.
El documento, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Presidencia, será presentado en Ginebra, Suiza, por el titular de esta última cartera, José Antonio Viera-Gallo y aborda en su marco normativo el compromiso del Gobierno para acabar con el sistema electoral actual, para lo cual, según anunció Viera-Gallo esta semana, se repondrá tras un año de su rechazo el proyecto que busca reformar el binominal.
"Está pendiente la reforma presentada por el Gobierno destinada a modificar el sistema binominal de elecciones, el cual excluye la representación política a las fuerzas minoritarias que no pertenecen a las grandes coaliciones. Realizar este cambio es un compromiso en que el Gobierno (de la Presidenta Michelle Bachelet) seguirá insistiendo", consigna el documento.
Entre las metas fijadas por la actual administración figuran la creación de Instituto Nacional de Derechos Humanos y la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que será terminado este año según establece el Gobierno en el material que presentará en Ginebra.
Un lugar relevante del informe -que corresponde al examen periódico universal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos- lo tiene la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la cual el Ejecutivo ejemplifica cómo el Gobierno "ha dado al cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los órganos interamericanos de derechos humanos".
En esa misma línea, sobre la determinación de Chile de someterse a la legislación internacional en lo relativo a los derechos fundamentales, el Gobierno realza instrumentos que ha ratificado recientemente, como el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo a la abolición de la pena de muerte, entre otros.
Un capítulo propio del informe está dedicado a las Medidas Relativas a las Violaciones de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Interno -según la designación en el documento-, donde junto con detallar el avance de mecanismos como las comisiones Retting, Valech; se desglosan los gastos en que han incurrido los gobiernos oficialistas en conceptos de reparación de 1996 a la fecha; se establece las trabas judiciales sentadas por la Ley de Amnistía; se nombra el caso del ex jefe de la DINA Manuel Contreras y se detalla la trascendencia de "medidas de reparación simbólica" la construcción del museo de la memoria.
En el informe se habla la "reparación simbólica" que busca el Estado y la creación en ese marco del Museo de la Memoria.
Avances Concretos en Materia Indígena
"Con la reinstauración de los gobiernos democráticos se dio por superada la política de división de las comunidades y su asimilación de los pueblos indígenas comenzó una nueva etapa basada en el respeto, reconocimiento, participación y desarrollo de los mismos".
Con esas palabras introduce el informe del Gobierno el acápite denominado "Derechos de los Pueblos Indígenas" donde se destaca la formación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y la realización del Congreso Nacional de Pueblos Indígenas.
En el apartado se resalta además la creación en 2001 de la Defensoría Penal Mapuche en Temuco, junto a otros órganos a nivel nacional, y se establece "entre los logros de la política indígena la restitución de tierras a las comunidades indígenas", en el cual el Gobierno, consigna, seguirá avanzando.
En cuanto a las medidas legislativas se informa de la ratificación y promulgación del Convenio Nº 169 de la OIT y la promulgación de la ley que crea el Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios.
©la nación 
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