juez se inhabilita en caso anfruns
20 de abril de 2010
En su reemplazo asumirá la investigación el ministro Alejandro Madrid, quien a su vez está marginado del proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Asesinato de niño de 6 pudo ser cometido por agentes de la dictadura.
[A. Ch.] Santiago, Chile. El ministro en visita Manuel Valderrama se inhabilitó ayer de la investigación que dirige por el secuestro y homicidio de Rodrigo Anfruns Papi (6), ocurrido en junio de 1979, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera a trámite la implicancia interpuesta en su contra por el abogado Roberto Celedón, quien representa a la familia del menor.
Su marginación del proceso judicial se extenderá hasta que el tribunal de alzada revise el fondo de la presentación y determine si corresponde o no su alejamiento permanente del caso.
Durante ese período asumirá la causa, en su reemplazo, el ministro Alejandro Madrid quien a su vez está inhabilitado en la investigación que instruye por el crimen del ex presidente Eduardo Frei Montalva, fallecido en enero de 1982.
La familia Anfruns, en la presentación contra Valderrama, afirma que el juez debe ser marginado de la indagatoria debido a que ya tiene una opinión formada del caso.
"Al momento de cerrar el sumario (el 19 de junio de 2009), declara que está agotada la investigación y señala ‘que la verdad material, real y/o procesal establecida anteriormente se confirma’, está emitiendo opinión sobre el fondo", explicó el abogado Celedón.
En ese fallo, de junio de 2009, el juez consigna que cierra el sumario con la convicción de que el asesino de Rodrigo Anfruns es P. P. V. (de 16 años a la fecha del crimen), quien se encuentra declarado sin discernimiento, y que no hubo participación de agentes del Estado en los hechos.
A igual conclusión arribó en octubre 2006 la jueza Dobra Lusic, cuando decretó el cierre del caso. Pero, en 2007, la Corte ordenó reabrir y, 15 días después, la magistrada decidió inhabilitarse para seguir a cargo de la investigación.
El pasado 1 de abril, nuevamente el tribunal de alzada disponía la reapertura. Sin embargo, esta vez, apuntaba explícitamente a eventuales responsabilidades de agentes del Estado y pedía al juez indagar una posible asociación ilícita para el crimen.
©la nación
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