piden juicio por asesinato de frentistas
26 de mayo de 2010
Piden procesar a generales por crimen de frentistas. El requerimiento apunta al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de la institución castrense (DINE), general (R) Ricardo Ortega.
Santiago, Chile. El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron a la justicia el procesamiento de dos generales en retiro del Ejército por crímenes contra la humanidad. Se trata del ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y el ex director de Inteligencia (DINE) Ricardo Ortega, quienes fueron acusados por ambos organismos de ser autores del secuestro, homicidio y desaparición forzada de cinco miembros del FPMR en 1987.
La solicitud está dentro de los escritos mediante los que, tanto Interior como el CDE, piden al ministro de fuero Mario Carroza, que reabra la investigación de estos hechos, cuyo sumario fue cerrado hace un mes.
En una resolución dictada ayer, el juez decidió reabrir el proceso e informó que, una vez realizada una veintena de diligencias, resolverá la situación de ambos ex oficiales, quienes actualmente tienen calidad de inculpados en la causa.
De hecho, Sinclair ya había sido procesado por estos mismos delitos, pero la Corte de Apelaciones, en 2008, lo dejó sin efecto. En el caso de Ortega (que hasta el año pasado fue director de Inteligencia) el Programa de DDHH sostiene que existen 17 testimonios que confirman su participación en acciones que terminaron con la vida de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
A juicio del organismo "esas pruebas y otras más reafirman, a pesar de su intento por exculparse con su testimonio inverosímil, la coautoría, con presencia en el lugar de los hechos y mando efectivo".
Ortega ha negado que él haya tenido alguna coordinación con la CNI ni menos participación en el crimen de los frentistas. Sin embargo, el organismo, que dirige Rossy Lama, prueba en su documento que siendo jefe de la Brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, tenían coordinación con la CNI, dos años antes del crimen y que el ex general participó en interrogatorios.
Por su parte, el CDE concluyó que las nuevas pruebas contra Ortega "desvirtúan por completo las alegaciones por las cuales intenta exculparse, reafirmando su mando efectivo e intervención en el secuestro de los cinco detenidos desaparecidos de septiembre de 1987".
Según ambos entes, este crimen fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Famae, ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987.
©la nación 
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