santiago uribe, pistolero
29 de mayo de 2010
Acusan al hermano del presidente colombiano de haber dirigido un escuadrón de la muerte.
[Juan Forero] Yarumal, Colombia. El presidente colombiano dejará su cargo en agosto después de haber logrado recuperar zonas del campo que estuvieron bajo control de los rebeldes marxistas, un logro que fue posible parcialmente gracias a los más de seis mil millones de dólares en ayuda estadounidense.
Pero el gobierno de Uribe también se ha visto manchado por escándalos, incluyendo acusaciones en audiencias parlamentarias de que escuadrones de la muerte tramaban golpes en su hacienda en los años ochenta y revelaciones de que la policía secreta bajo su control espiaba a opositores políticos y participó en el asesinato de activistas de izquierda.
Ahora que un ex mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, ha denunciado que el hermano menor de Uribe, Santiago Uribe, dirigió un despiadado grupo paramilitar que, en los años noventa, se dedicó a matar a delincuentes de poca monta, simpatizantes de la guerrilla y sospechosos de ser subversivos. En una entrevista con el Washington Post, Meneses dijo que la banda de asesinos hacía ejercicios en La Carolina, donde la familia de Uribe tenía empresas de agricultura industrial a principio de los años noventa.
Las revelaciones amenazan con reabrir una investigación penal contra Santiago Uribe y plantean nuevas preguntas sobre el pasado del presidente en una región donde las milicias privadas financiadas con dinero de narcotraficantes, apoyadas por ganaderos, sembraron el terror en los años noventa. Las revelaciones podrían resultar incómodas para Estados Unidos, que ha considerado a Uribe durante largo tiempo como un leal custodio del dinero estadounidense en la lucha contra las organizaciones armadas y el tráfico de cocaína.
"Esto es lo que habíamos estado esperando: que se descubriese una cosa como esta, y que pudiéramos mostrar qué eran estos grupos paramilitares", dijo María Eugenia López. Dijo que cinco de sus familiares fueron asesinados por paramilitares en Yarumal en 1990.
Organizaciones de derechos humanos han demandado durante largo tiempo que Uribe aclare su participación, si la tuvo, en la formación de esas organizaciones, cuyos numerosos crímenes de guerra están siendo desentrañados por equipos especiales de prosecutores. Uribe fue senador y luego gobernador en este estado, Antioquia, donde el número de organizaciones paramilitares creció exponencialmente con la ayuda de fuerzas militares y grupos empresariales que querían una fundar una milicia para combatir a las entonces poderosas organizaciones guerrilleras.
En una entrevista en su casa en Medellín, Santiago Uribe negó que él o su hermano estuviesen implicados en algún delito. Dijo que las acusaciones eran parte de una campaña orquestada cuidadosamente para perjudicar al presidente. "Los enemigos del presidente no descansarán, y él lo sabe muy bien", dijo Uribe.
El portavoz del presidente no respondió nuestras llamadas para pedir su comentario. Pero en sus ocho años en la presidencia, Uribe ha despotricado contra los activistas de derechos humanos de ser cómplices de la guerrilla que difunden acusaciones falsas contra su gobierno.
Pero defensores de los derechos humanos que tienen conocimiento de primera mano sobre las acusaciones de Meneses dijeron que su declaración es una poderosa evidencia que merece ser investigada. Varios de ellos son prominentes argentinos, incluyendo al Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, que oyó a Meneses contar su historia en un encuentro captado en video en Buenos Aires en abril.
"Se acusa a sí mismo y también al hermano del presidente, que dirigía una organización paramilitar, y también al presidente Uribe mismo", dijo Pérez Esquivel.
Los 12 Apóstoles
La fiscalía investigó a Santiago Uribe en los años noventa por sus nexos con paramilitares y encarceló temporalmente a empresarios locales, Meneses y otro comandante de la policía, conocido como ‘Capitán Dique’, porque estaba acusado de arrojar los cuerpos de sus víctimas a la represa local. Testigos secretos que participaron en crímenes entregaron declaraciones detallando la participación de Uribe. Pero nadie fue condenado por dirigir el grupo, conocido como los 12 Apóstoles, debido a que uno de sus miembros era un sacerdote.
Meneses es el primer estrecho colaborador de los 12 Apóstoles en hablar públicamente sobre el funcionamiento interno del grupo. Sus declaraciones son también las más extensas de un funcionario de servicios de seguridad sobre cómo la policía militariza colombiana y su ejército trabajaban en tándem con escuadrones de la muerte en una comunidad -un patrón que los investigadores del movimiento paramilitar dicen que se repitió en todo el país.
Meneses no ha declarado todavía ante las autoridades judiciales, pero ha escrito a las agencias investigativas del estado para anunciar que quiere cooperar. El video hecho en Argentina también ha sido visto por los investigadores, y un funcionario del poder judicial colombiano dijo que la fiscalía quiere la declaración de Meneses. Si su testimonio es creíble, dijo el funcionario, reabriría casos largamente archivados.
"La acusación contra Santiago Uribe puede ser reactivada", dijo el funcionario judicial, que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no estaba autorizado a comentar sobre el caso.
Hablando en su casa con su esposa a su lado, Santiago Uribe reconoció que las acusaciones de Meneses podrían forzar, "por supuesto", la reapertura de su caso. En incoherentes respuestas a varias preguntas, admitió que en su hacienda había muerto un hombre en circunstancias extrañas, pero dijo que no sabía que había paramilitares en Yarumal.
El Papel de Meneses
En su versión, Meneses dijo que empezó de inmediato a colaborar con la organización paramilitar después de ser asignado a la jefatura de policía en Yarumal a principio de 1994. Santiago Uribe era el principal recaudador de fondos y estratega detrás de la organización, dijo Meneses, describiendo reuniones en las que dos discutían sobre a quién asesinar. Meneses dijo que su propio papel era simple: se aseguraba de que sus agentes no estuvieran cerca de donde se fuera a cometer un asesinato.
"Les permitía actuar", dijo sobre los asesinos a sueldos, incluyendo a agente de policía, Alexander de Jesús Amaya, que más tarde colaboró con las autoridades. Entre los muertos se incluyen sospechosos de ser guerrilleros y chantajistas, dijo Meneses, pero también civiles sin lazos con grupos rebeldes.
"Primero eran drogadictos y delincuentes de poca monta los que aparecían muertos", dijo un ex funcionario del ayuntamiento, hablando a condición de mantener el anonimato. "Luego hubo más y más muertos".
Por su ayuda, dijo Meneses, recibió un pago mensual de cerca de dos mil dólares, pagados por Santiago Uribe.
Meneses dijo que decidió declarar porque colegas suyos en los servicios de seguridad le advirtieron que sería asesinado por saber demasiado. Meneses pensó que si lo hacía público, se transformaría del agente de policía jubilado desconocido en un valioso testigo cuya muerte provocaría serias pesquisas.
En octubre viajó a Venezuela donde solicitó refugio con su esposa e hijos. Se puso en contacto con un prominente activista de derechos humanos colombiano, Javier Giraldo, sacerdote católico, que llevó a Meneses a Argentina. La confesión de tres horas de Meneses en Argentina le dio legitimidad, dijo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz 1980.
"Pocos policías o militares han tenido el valor de confesar crímenes en Colombia", dijo Pérez Esquivel.
24 de mayo de 2010
©washington post 
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