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conspiración contra la corte suprema


La Fiscalía saca sus primeras pruebas sobre lo que considera fue una campaña de desprestigio de funcionarios del DAS y del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia.
Colombia. Durante la audiencia contra el ex director de la Uiaf Mario Aranguren, el fiscal delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, realizó una contundente exposición y presentó incontrovertibles evidencias sobre el espionaje ilegal contra magistrados.
El escenario fue un juzgado de Paloquemao, en el centro de Bogotá, en donde el miércoles de la semana pasada un fiscal delegado ante la Corte Suprema, Misael Rodríguez, realizó una exhaustiva presentación de argumentos y evidencias sobre el que se ha transformado en el escándalo más grave para el gobierno.
Durante las casi nueve horas que duró la audiencia de imputación de cargos contra Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), Rodríguez destapó algunas de las cartas que tiene la Fiscalía sobre el caso de las ’chuzadas’.
La diligencia estaba enfocada a solicitar la orden de captura de Aranguren, acusado de concierto para delinquir, abuso de función pública y prevaricato. De acuerdo con la Fiscalía, la Uiaf y el DAS se unieron para realizar una serie de actividades de seguimientos y pesquisas ilegales contra un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual tenía como fin último orquestar una campaña de desprestigio contra el alto tribunal dirigida desde la Casa de Nariño.
En el tema de los seguimientos y espionaje ilegal contra magistrados, el gobierno siempre ha defendido la tesis de que el DAS, así como la Uiaf, simplemente estaban investigando una posible infiltración del narcotráfico en la Corte. La versión oficial afirma que era legítimo saber si el polémico abogado Ascencio Reyes era parte de esa supuesta penetración mafiosa y que fue en desarrollo de esa verificación que el gobierno, a través del organismo de inteligencia de la Presidencia, hizo las labores respectivas.
Pero el fiscal Rodríguez mostró que, contrario a lo que dice el gobierno, todo era parte de una fachada para espiar y desprestigiar a la Corte. Según la Casa de Nariño, había una preocupación legítima por saber si Ascencio Reyes había pagado un viaje que en 2006 realizó un grupo de magistrados a Neiva para asistir a un homenaje al magistrado Yesid Ramírez. Al respecto, uno de los primeros cuestionamientos que hace la Fiscalía es por qué si el viaje fue en 2006, y el gobierno lo sabía, solo les dio por averiguar la supuesta infiltración a la Corte dos años más tarde. La Fiscalía tiene una sola explicación: para las fechas en que el gobierno se preocupó por la supuesta infiltración mafiosa, la Corte Suprema adelantaba investigaciones clave sobre parapolítica, yidispolítica y, por cuenta de esas y otras investigaciones, estaba en un fuerte enfrentamiento con el gobierno y era necesario neutralizar a los magistrados por medio de una campaña de desprestigio.
Según la Fiscalía, con ese objetivo, la Uiaf del Ministerio de Hacienda sacó información financiera sobre los magistrados -sin que mediara una orden judicial y violando su privacidad- para entregársela ilegalmente al DAS y a funcionarios de la Casa de Nariño.
La Fiscalía dejó en evidencia dos reuniones en el palacio presidencial en donde se trató el tema de Ascencio Reyes y la Corte. Los encuentros se efectuaron en abril de 2008 y asistieron funcionarios del DAS, entre ellos la directora María del Pilar Hurtado, la Uiaf y funcionarios de Palacio, como el secretario general Bernardo Moreno, el ex asesor José Obdulio Gaviria y el jefe de prensa, César Mauricio Velásquez.
En la audiencia de la semana pasada, el fiscal detalló que el 24 de abril de 2008 el ex subdirector de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, le envió un oficio a la Uiaf para solicitarle información de magistrados y cómo habían pagado el viaje a Neiva. El oficio fue recibido a las 2:58 de la tarde de ese día. En menos de una hora la respuesta de 111 páginas de la Uiaf ya estaba elaborada. "¿Cómo obtuvo toda esa información la Uiaf en apenas 47 minutos? -se preguntó el fiscal-. Todo estaba dispuesto desde antes entre la Uiaf y el DAS para este cometido", afirmó el funcionario en la audiencia. Pero el fiscal fue más allá. Demostró cuál era el objetivo y el uso que le dio el gobierno a esa información sobre magistrados recaudada ilegalmente cuando ratificó que el fin era atacar a la Corte "al mejor estilo de un grupo criminal".
Para sustentar esta fuerte acusación el fiscal Rodríguez leyó apartes de las declaraciones de testigos clave que ya han empezado a colaborar en la investigación. "Lo que pasaba en el Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS), pero que también tenía relación con la Uiaf, es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información sobre el viaje de los magistrados fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán Lagos, quien me ordenaba preparar documentos sucintos para entregárselos a periodistas". Este fue tan solo un fragmento de la confesión que hizo ante la Fiscalía Germán Ospina, quien formó parte del polémico grupo Goni, y quien fue uno de los hombres más cercanos al ex jefe de contrainteligencia del DAS. La declaración de Ospina, que coincide con otra leída por el fiscal Rodríguez con el testimonio de una funcionaria de la Uiaf, puso de nuevo a varios funcionarios de la Casa de Nariño como parte fundamental del espionaje contra la Corte.
Tras los graves señalamientos hechos por la Fiscalía en la audiencia, el presidente Álvaro Uribe dio varias declaraciones públicas en las que aseguró: "Yo siempre he tratado las cosas públicamente. Es por razón de mi temperamento. Para que vengan a decir ahora que se estaban ordenando publicaciones para desacreditar la Corte Suprema. Cuando he discrepado de la Corte Suprema, he discrepado públicamente. No he mandado hacer publicaciones, sino que yo mismo he manifestado de manera pública mis discrepancias", dijo Uribe, quien también afirmó que ninguno de los integrantes de Palacio había participado en filtraciones a la prensa.
Aunque Uribe trató de capotear y defender a sus funcionarios sobre la filtración de información, el gobierno no se refirió a otro aspecto, incluso más grave que el anterior. En la mitad de la audiencia, y para sustentar el hecho de que desde el DAS se adelantó una persecución contra a la Corte por orden del alto gobierno, el fiscal Rodríguez reveló unos apartes de una conversación privada de una sesión de una sala plena en julio de 2008 en la que varios magistrados hablan de temas sensibles. Esa grabación, como otra que tiene la Fiscalía en su poder, fue hecha de manera ilegal por personas que fueron infiltradas por el DAS en la Corte, como lo reveló esta revista hace dos semanas, para obtener clandestinamente información sobre los magistrados y los procesos.
La audiencia contra el director de la Uiaf, Mauricio Aranguren, resultó muy reveladora por la contundencia de los argumentos, testimonios y evidencias presentados por la Fiscalía. La investigación entró en una etapa crucial para determinar quién o quiénes dieron la orden y qué papel desempeñó en todo este escándalo la Casa de Nariño.

31 de mayo de 2010
©semana
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