onu denuncia impunidad colombiana
3 de junio de 2010
La ONU confirma los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia.
[José Luis Fraga] Ginebra, Suiza. La relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, dio por probados los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una misión en ese país, presentado este miércoles en Ginebra.
"Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso", afirmó la Relatora, que visitó Colombia en diciembre pasado, la primera vez durante las dos legislaturas presididas por Álvaro Uribe.
La relatora citó el procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, enumerando además que se han incoado sumarios contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.
Precisó que ese era el resultado de los casos investigados sobre "la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno".
Sobre la extradición a Estados Unidos por tráfico de estupefacientes de 18 miembros de esas organizaciones, Albuquerque e Silva estimó que "han impedido" que testimoniaran sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron "y sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente Congresistas y funcionarios".
"Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes", sostuvo la relatora, recalcando que no se ha producido todavía "ninguna sentencia firme" contra los miles de paramilitares desmovilizados por la ley de Justicia a Paz.
La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía Hernández, admitió que "la superación definitiva de la impunidad constituye el reto incuestionable que debe convocar los esfuerzos del Estado en su conjunto".
"Debemos continuar examinando las vías e implantando las medidas que permitan garantizar a todos los ciudadanos el acceso y la aplicación de una justicia pronta y eficaz", adelantó la viceministra Mejía Hernández.
Para Marcelo Pollack, de Aministía Internacional (AI), "las alianzas entre grupos ilegales y políticos y empresarios es probablemente la amenaza más sería al Estado de Derecho en Colombia".
"La impunidad sigue siendo la columna vertebral de la crisis de Derechos Humanos en Colombia, la gran mayoría de los victimarios no han sido identificados, y menos llevados ante la justicia. Eso se debe a que aún no existe la voluntad política por parte de las autoridades para enfrentarla", subrayó Pollack.
Albuquerque e Silva denunció igualmente las alegaciones en el sentido de "que agentes del DAS (servicio secreto) habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de Derechos Humanos".
Indicó asimismo que "las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la República constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura".
"La Relatora ha querido significar la facultad que tiene el Presidente para postular candidatos en el poder judicial, lo cual pone en duda la independencia de la Justicia", explicó Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas Gallón añadió que "la Relatora no encontró nada rescatable de su visita a Colombia, salvo que se han localizado 2.500 cadáveres en fosas comunes, y que se va a instaurar, en un futuro, el sistema procesal penal oral acusatorio".
Concluyó que la relatora "ha sido muy crítica", pues hay "impunidad, no hay condenas de paramilitares" y se hace "espionaje de los servicios que dependen del Presidente contra magistrados y abogados".
2 de junio de 2010
©afp 
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