informe de csi sobre las américas
11 de junio de 2010
Informe 2009 sobre las violaciones de los derechos sindicales - Américas.
Bruselas, Bélgica. La situación de los sindicalistas es trágica y no tiene visos de mejorar en el continente americano, muy al contrario. Esta es el resumidas cuentas la constatación que establece la sección "Américas" del Informe 2009 sobre las violaciones de los derechos sindicales en el mundo, publicada hoy por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Una vez más, esta región del mundo se adjudica el título poco envidiado del continente más mortífero para los sindicalistas, particularmente a causa de Colombia, donde 49 trabajadores perdieron la vida y más de 200 fueron detenidos como consecuencia de sus actividades sindicales.
Asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, ataques y violaciones de domicilios son el pan de cada día para numerosos sindicalistas en el continente americano. Los empleadores recurren a despidos arbitrarios y al traslado de dirigentes sindicales en represalia contra el establecimiento de nuevos sindicatos. La crisis económica y financiera que afecta al mundo entero ha servido igualmente como pretexto para el despido abusivo de sindicalistas.
El informe de la CSI subraya que Colombia es el país más peligroso para los sindicalistas, El 60% de los asesinatos registrados en todo el mundo a causa de las actividades sindicales han tenido lugar en ese país. A estas cifras habría que añadir probablemente los numerosos casos que no han podido ser registrados. Los casos de violencia han aumentado drásticamente (25% en 2008), a pesar de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe concede una importancia particular a la seguridad. De los 49 sindicalistas asesinados, cuatro eran mujeres y 16 dirigentes sindicales. La CSI deplora 10 asesinatos más de sindicalistas colombianos que el año anterior. Y a los asesinatos se suman los atentados, las desapariciones y las amenazas de muerte. Conviene desatacar asimismo la impunidad de que disfrutan los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, dado que las sentencias condenatorias, cuando se pronuncian, resultan claramente inadecuadas. Por otro lado, las políticas y leyes en materia laboral siguen excluyendo de la protección social y laboral a más de dos terceras partes de los trabajadores/as, al negar y eludir los derechos laborales mínimos a más de 12 millones de trabajadores/as.
Según el informe de la CSI, América Central tampoco se queda a la zaga en materia de violaciones de los derechos sindicales, particularmente en lo que respecta a Guatemala, donde son permanentes. Guatemala sigue de cerca a Colombia en tanto que país más peligroso para los sindicalistas. Asesinatos, intimidaciones, acoso, tiroteos de domicilios, allanamientos y ataques contra sedes sindicales, han tenido lugar durante este año. Más de 20 líderes sindicales, indígenas y campesinos fueron asesinados y la reina una total impunidad al respecto. El movimiento sindical está siendo objeto de una persecución que recuerda a las prácticas utilizadas durante el conflicto armado. El año anterior, el Presidente Álvaro Colom se había comprometido durante la Conferencia Internacional contra la Impunidad a luchar contra esa auténtica plaga que azota América Latina.
En Honduras, país normalmente más tranquilo en cuanto a asesinatos, Rosa Altagracia Fuentes, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), fue brutalmente asesinada de 16 balazos. Según información recibida por la CSI, la policía maneja listas de reconocidos dirigentes, indígenas, periodistas y hasta personalidades de la comunidad internacional que están permanentemente vigilados por los cuerpos de inteligencia del Estado. El informe de la CSI destaca casos similares en Panamá, donde un dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) fue asesinado en un contexto de extensas y graves violaciones de los derechos de los trabajadores/as.
La sindicalización y la negociación colectiva se ven obstaculizadas por toda una panoplia de prácticas laborales de dudosa legalidad, como la subcontratación de trabajadores/as a través de una empresa intermediaria o sencillamente el despido de dirigentes sindicales para lograr ni más ni menos la eliminación del movimiento sindical. No es inusual que los empleadores ofrezcan una remuneración a cambio de la desafiliación del sindicato. En Nicaragua, se van imponiendo los contratos de corta duración, que impiden aumentar el número de miembros de los sindicatos. En las zonas francas de exportación (ZFE), auténticas zonas fuera de la ley, los derechos de los trabajadores/as son inexistentes.
Para el informe anual de la CSI, si los empleadores vulneran sin vacilación los derechos de los trabajadores/as con tanta frecuencia, se debe esencialmente a la falta de sanciones o a que las sanciones impuestas no son suficientemente disuasivas. A pesar de que El Salvador ratificó el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, sigue sin tener aplicación práctica. Otro tanto ocurre en Costa Rica, donde el ejercicio efectivo de los derechos sindicales está muy entorpecido.
El informe de la CSI explica que, en algunos casos, la falta de respeto de la legislación puede ser motivo para vulnerar los derechos sindicales. Pero en otros casos, la legislación se utiliza de hecho como herramienta para violar dichos derechos. En Estados Unidos, decenas de miles de trabajadores/as son despedidos cada año sin tener en cuenta lo dispuesto en la legislación. De hecho, la destrucción de sindicatos es una industria que mueve miles de millones de dólares. En varias provincias de Canadá, la legislación no brinda a determinados grupos de trabajadores la protección jurídica necesaria para poder organizarse o contiene restricciones sobre el derecho de huelga.
En México, los "contratos de protección", simulacros de acuerdos colectivos elaborados por la patronal, negociados a espaldas de los trabajadores y depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, infringen los derechos sindicales al impedir la organización sindical, la negociación colectiva real y la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Otro tanto ocurre en Perú, donde prosigue la tendencia a subcontratar muchos servicios gubernamentales, generando menos puestos de trabajo en las empresas estatales y en la administración pública. En cuanto a Venezuela, el Gobierno continúa con sus injerencias en los asuntos de las centrales sindicales.
Los países del Caribe tampoco faltan a la regla. Aunque en general la ley reconoce los derechos sindicales, su implementación dista mucho de ser sistemática, en especial respecto al derecho a la huelga. En Barbados, por ejemplo, pese a que las organizaciones sindicales son reconocidas, les resulta prácticamente imposible negociar convenios colectivos, mientras que los sindicatos establecidos en Jamaica denuncian regularmente diversos casos de acciones antisindicales destinadas a destruirlos.
"Las violaciones de los derechos sindicales registran una preocupante agravación en el continente americano, donde la situación es ya de por sí bastante difícil desde hace muchos años", declaró Guy Ryder, Secretario General de la CSI. "El movimiento sindical debe poder ejercer su legítimo papel a la hora de representar a la clase obrera, particularmente en un momento en que el planeta se enfrenta a una crisis económica y financiera a escala mundial".
©plano sur 
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