los paras invisibles
22 de junio de 2010
En Valle y Cauca se da un fenómeno curioso con los paramilitares: tras cinco años de su desmovilización, la verdad sigue sin saberse. ¿Qué pasa?
Colombia. La masacre de Naya, en la que el Bloque Calima al mando de ´HH´ asesinó a más de 100 campesinos, es uno de los casos más sonados de impunidad en el proceso de Justicia y Paz. A diferencia de otras regiones, en el sur todavía no se sabe la verdad.
"Ya van 10 años de completa impunidad". Así resume Héctor Carabalí lo que ha sido para él y para otras 380 familias que padecieron las atrocidades del Bloque Calima de las autodefensas estos años en los que supuestamente debía imperar la verdad, la justicia y la reparación.
Esa verdad, que en teoría debía estar contándose desde 2005 cuando arrancó en todo el país el proceso de Justicia y Paz, en esta región parece seguir sepultada. "Lo poco que conocemos ha sido gracias a nuestras gestiones, y aunque denunciamos lo que sabemos, nuestros abogados nos dicen que esos casos están archivados", aseguró Carabalí, representante de la asociación de víctimas Siglo XXI.
Lo que no entienden es por qué si en regiones como la costa Atlántica ya se conocen verdades que desencadenaron escándalos de parapolítica y de paraeconomía, e incluso ya se ha llegado a audiencias de reparación, en el Valle y Cauca parece como si no se hubiera movido una sola hoja. Aún no han salido a relucir los nombres de políticos, empresarios y agentes del Estado que colaboraron o se beneficiaron de las AUC.
Hay quienes culpan de esa impunidad al mismo proceso de Justicia y Paz por no garantizar la continuidad de las audiencias, y a que buena parte de los paramilitares que están dando versiones están en cárceles de Medellín y no en la región.
El jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, explica que los mandos del Bloque Calima no se habían postulado en los términos que obliga la ley y esa es la gran causa de que aún no se sepa la verdad en esa región del país. "Donde no hay postulados es mucho más difícil reconstruir la verdad, y hace apenas dos meses empezamos a tenerlos para el caso específico del Bloque Calima", le dijo a SEMANA.
El Bloque Calima, integrado por 557 hombres, se desmovilizó en diciembre de 2004. A través de cuatro frentes hicieron presencia en al menos una veintena de municipios entre Valle y el norte de Cauca. Su fuente de financiación era el impuesto al gramaje de coca que cobraban a los narcotraficantes de la región.
A esa organización se le endilgan 70 masacres, 400 fosas comunes, el crimen selectivo de por lo menos 350 personas y el desplazamiento de 20.000 campesinos e indígenas. Una de las masacres más recordadas es la del Naya, ocurrida en 2001, donde fueron asesinadas cerca de 100 personas.
Salvo el caso del ex gobernador de Cauca Juan José Chaux, los dos únicos congresistas del Valle presos -Juan Carlos Martínez y Luis Carlos Restrepo- están enredados más por sus presuntos nexos con capos de la mafia que con las autodefensas.
A comienzos de 2009, Éver Velosa García, alias ’HH’, jefe del Bloque Calima, prendió un pequeño ventilador en el que alcanzó a mencionar nombres de algunos políticos y militares. Aún no se sabe si los mandos medios que involucraron a concejales y alcaldes de Valle y Cauca ratificaron lo dicho dentro de Justicia y Paz.
Fiscales de la región precisaron que en la actualidad hay 129 paramilitares postulados, pero solo 16 de ellos rinden versiones. "De esas declaraciones recibidas se compulsaron 191 copias y se han hecho siete imputaciones", dijo una fuente oficial.
En carta blanca, eso quiere decir que la justicia tiene en sus manos verificar denuncias que involucran a 191 personas sobre si tuvieron una presunta relación con el Bloque Calima y sus atrocidades.
Mientras esa verdad sale a flote, las víctimas de la región siguen padeciendo la violencia que daban por extinta. En los tres últimos años, media docena de sus líderes fueron asesinados y otros están amenazados; el caso más reciente fue el de Alexander Quintero, baleado el 23 de mayo cerca de su casa en Santander de Quilichao, Cauca.
Quintero era considerado pieza clave para reconstruir la memoria histórica de los vejámenes a los que fueron sometidos cerca de 100 campesinos en abril de 2001, cuando el Bloque Calima anunció su llegada sangrienta al Naya. "La protección que le tenía el gobierno era un policía para que todos los días pasara revista en su casa y firmara un libro", dijo Clemente Lucumí, alcalde de Buenos Aires, Cauca.
Todos ellos aún esperan con resignación conocer en detalle quiénes ordenaron desmembrar cuerpos, arrojar cadáveres al río Cauca, violar a sus mujeres, llenar de fosas comunes sus campos y desterrar a sus familias. En julio próximo, Héctor Carabalí y su comunidad van a conmemorar lo que ellos llaman una década de impunidad.
21 de junio de 2010
©semana
©verdad abierta 
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