juzgan a parapolíticos por ddhh
19 de julio de 2010
Estos son los ex congresistas condenados por nexos con los paras y a los que ahora se les investigará por lesa humanidad. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento.
Colombia. La Corte Suprema investigará a ocho parapolíticos, ya no por lograr curules con votaciones ilegales, sino por ser posibles responsables de la barbarie paramilitar.
Si antes se sentían pasos de animal grande, ahora se ven las huellas. Eso es lo que ha ocurrido con la determinación de la Corte Suprema de Justicia frente a ocho parapolíticos ya condenados por concierto para delinquir, y a los que ahora se les inicia investigación por el más grave tipo penal que se conozca: el delito de lesa humanidad.
Los afectados son los ex congresistas Jorge Castro Pacheco, Dieb Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento. Todos condenados por nexos con el Bloque Norte de las autodefensas. Durante su juicio fueron acusados, entre otros, por el propio jefe de esa estructura criminal, ’Jorge 40’. Además, nunca pudieron explicar las súbitas y abultadas votaciones que obtuvieron en zonas que controlaban los paras. Ante la carga probatoria, varios se acogieron a sentencia anticipada pues "asumieron representación de esa organización armada ilegal en el Congreso de la República", como se lee en la sentencia contra Castro Pacheco de mayo pasado.
Dicha sentencia, además, ordenó indagar si el nivel de conexión de estos políticos con los paramilitares es suficiente para tener una responsabilidad en las atrocidades cometidas por el Bloque Norte. Una verdadera máquina de terror que bañó de sangre toda la costa caribe con más de 300 masacres entre 1997 y 2006, y que produjo el desplazamiento de 700.000 personas. La apertura de investigación preliminar contra los ocho ex congresistas por lesa humanidad -tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento- es el primer paso formal para establecer su eventual responsabilidad en esa estrategia de tierra arrasada.
La noticia tuvo resonancia por la cantidad de políticos afectados pero no se trata de los primeros. Por delitos de lesa humanidad la Corte ya condenó a otros parapolíticos como Álvaro ’el Gordo’ García y al ex gobernador del Sucre y ex embajador en Chile Salvador Arana. Hace unos meses al ex congresista Álvaro Araújo Castro también se le inició una investigación por ese mismo delito.
Abrir investigación por lesa humanidad contra parapolíticos ya condenados en ninguna medida significa que serán sentenciados por las atrocidades llevadas a cabo por las autodefensas. "La sola vinculación a una organización ilegal no basta para hacer responsable a alguien de un delito de lesa humanidad, aunque sí es un indicio importante", asegura el jurista colombiano Federico Andreu-Guzmán, quien participó en calidad de perito en el juicio al ex presidente de Perú Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.
El gran desafío de la Corte Suprema de Justicia de Colombia es establecer el nivel de vinculación de cada ex congresista con el aparato criminal, y a partir de allí evaluar su responsabilidad. Porque una cosa es tener votaciones atípicas, otra asistir a reuniones ocasionales con los jefes de las AUC y otra muy distinta hacer parte orgánica de una organización criminal que utilizaba las masacres para generar terror en la población y lograr así control territorial, político y social.
Por lo pronto, lo que se confirma es que la Corte está ’cargada de tigre’ y se mueve en sintonía con los lineamientos del derecho penal internacional contemporáneo. En julio de 2002, Colombia suscribió el Tratado de Roma, que compromete severamente al país a aplicar justicia frente a los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, reconocidos como imprescriptibles y no indultables. Además, se admite el sometimiento a la justicia internacional en caso de impunidad. "La Corte Suprema está empleando doctrinas penales modernas, y es acertado porque no se trata de observar la actuación de una persona sino de develar aparatos criminales colectivos que han atentado contra la humanidad", dice Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia.
En la práctica, cuando la Corte Suprema toma el lente de la lesa humanidad para indagar las actuaciones de los parapolíticos, lo que hace es usar un moderno instrumento para combatir la impunidad. Y está en el deber de hacerlo. Pero de ahí a que varios de los parapolíticos a quienes se les abrió esta nueva investigación sean criminales de guerra hay mucho trecho. Más aún cuando se tiene en cuenta que los jefes paramilitares que ordenaron las masacres fueron condenados a ocho años, y algunos políticos que tuvieron relaciones con ellos enfrentan 40 años de cárcel. Frente a este sensible tema, los magistrados tendrán la última palabra.
©semana 
0 comentarios