más sobre la prohibición
29 de julio de 2010
El parlamento catalán prohibió las tradicionales fiestas españolas en esa región. La aprobación fue el final de una campaña iniciada en 2006, que incluyó la recolección de 180 mil firmas contra el maltrato a animales. Los defensores de la tauromaquia dicen que es un paso más en la escalada nacionalista de los catalanes.
[Óscar Guisoni] Madrid, España. Era el debate más esperado del verano y no defraudó. El Parlamento autónomo catalán aprobó ayer por mayoría la prohibición de las corridas de toros a partir del 1º de enero de 2012. Se suspende así por primera vez en la historia una fiesta clásica con la que se identifica a España en el mundo entero. La iniciativa partió de una plataforma ciudadana denominada Prou (Basta!), que logró juntar 180 mil firmas a favor de la prohibición, un movimiento social que comenzó a cobrar fuerza en 2006 y que vio ayer coronada su lucha. En el resto del país arrecia el debate sobre lo acertado o no de la medida. Mientras el Partido Popular anuncia que presentará en el Parlamento nacional una propuesta para garantizar "la libertad" y permitir que se sigan haciendo las corridas, otras voces desde la derecha también insinúan que los catalanes han tomado esta medida como un paso más en la escalada de tensión nacionalista que se percibe en la región luego de que el Tribunal Constitucional rechazara gran parte del estatuto de autonomía catalana que se había aprobado en 2006.
Por 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones, el Parlamento regional puso fin ayer a un debate que ha traspasado las fronteras catalanas desde que el 11 de noviembre de 2008 ese cuerpo aceptó como trámite parlamentario la iniciativa de la plataforma Prou para prohibir la fiesta, obligando a los prohibicionistas a que recogieran como mínimo 50 mil firmas en 120 días. Los defensores de los derechos de los animales, que consideran la fiesta una barbarie antigua que debe ser desterrada del mundo moderno, casi cuatriplicaron esa cifra y los diputados regionales no tuvieron más remedio que abocarse a la votación.
Con la aprobación legislativa, Cataluña se sumó a las Islas Canarias, donde no hay corridas de toros pero sí razones económicas: la actividad se suspendió porque resultaba costoso llevar toros hasta las islas.
Como el tema es delicado y afecta directamente cuestiones identitarias, un debate que en Cataluña ha vuelto a aflorar con fuerza desde que se tratara la reforma del estatuto de autonomía gracias a la iniciativa política del gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los partidos decidieron no tomar una decisión institucional y dejaron a sus diputados libres de votar a conciencia.
La votación demostró, dando pie a las críticas de la derecha española, hasta qué punto el debate sobre la identidad catalana estuvo presente a la hora de tomar una decisión sobre la fiesta taurina: la izquierda nacionalista, incluida Izquierda Unida, votó a favor de la prohibición junto a algunos diputados del Partido Socialista y la gran mayoría de los representantes de Convergencia I Unió, la formación nacionalista de centroderecha que se encuentra en estos momentos en la oposición en la región.
Los argumentos que esgrimen los defensores de la fiesta suenan pobres: por un lado, afirman que sólo en Cataluña las corridas mueven cerca de 300 millones de euros al año, una cifra que en la plataforma Prou ponen en duda. De todos modos, algo de realidad hay cuando una entrada de reventa se suele conseguir hasta por 3000 euros, pero no existen cifras oficiales que determinen la importancia económica de la fiesta. Por otra parte, los taurinos afirman que el espectáculo se ha vuelto menos salvaje desde que se introdujeron algunas medidas destinadas a que el toro sufra menos las agresiones a las que es sometido, aunque los protectores de los animales desestiman por completo este argumento.
Desde la vereda contraria, ambientalistas y diputados que ayer votaron a favor de la prohibición piensan que se trata de un espectáculo degradante, extremadamente violento, que causa un sufrimiento innecesario al animal y por lo tanto debe ser prohibido. Los taurinos acusan a los partidarios de la prohibición de haberla aprobado sólo porque ataca un punto neurálgico de la identidad española, pero ellos descartan este argumento y prefieren no entrar en debates de identidad. En esa misma línea se manifestó ayer el gobierno socialista, afirmando que no se debe olvidar que se trata de una fiesta y no se ha votado ni contra España ni contra su constitución.
El Partido Popular no lo ve de esa manera y ayer su máximo dirigente a nivel nacional, Mariano Rajoy, anunció que pretende tratar en el Parlamento una iniciativa para defender "la libertad" de los que quieran disfrutar la fiesta, a la vez que pretende declarar las corridas como un evento de "interés cultural" nacional, algo a lo que se opone la mayoría de la izquierda y los movimientos prohibicionistas. De hecho, el gobierno regional de Madrid, en manos de la derecha, ya ha procedido a otorgarle a las corridas ese status especial.
Por su parte, los prohibicionistas que viven en otras regiones españolas se apresuraron ayer a anunciar que comenzarán con fuerza la lucha política para lograr que la fiesta sea declarada ilegal en todo el territorio. Si lo lograsen, los toros y su parafernalia de mitología machista y feudal que tanto caracterizan a España pasarán a ser sólo un recuerdo, un episodio de una novela de Ernest Hemingway, como recordaba ayer un peatón sorprendido por la polémica en uno de los tantos programas que la televisión española le dedicó a la noticia.
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