cs rechaza acusaciones de uribe
2 de agosto de 2010
Supremo colombiano no tiene "pruebas" de nexos de congresistas con las guerrillas. Acusaciones de Uribe contra políticos de oposición y liberales (como la senadora Piedad Córdoba) carecen de fundamento.
Bogotá, Colombia. La Corte Suprema de Colombia afirmó hoy que no ha recibido pruebas de los supuestos vínculos de congresistas con las guerrillas de las FARC y el ELN, en respuesta a las denuncias del presidente Álvaro Uribe sobre la impunidad que, a su juicio, existe en este asunto.
"Si lo que quieren decir es que hay parlamentarios que tienen vínculos con las FARC, entonces que los denuncien, que lleven la prueba. No se puede quedar en la mera retórica", dijo en Caracol Radio el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Jaime Arrubla.
Indicó que a la CSJ han llegado "denuncias" contra algunos parlamentarios por presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "ninguna prueba".
"Si no hay pruebas, ¿cómo podemos nosotros inventarlas?", cuestionó el magistrado.
Arrubla respondió así a las denuncias que hizo este domingo Uribe, quien lamentó que en Colombia no se haya hecho "el juicio por las omisiones del Estado" que permitieron que el país "se llenara de guerrilla y paramilitarismo".
"Aquí falta superar la impunidad de la ’Farcpolítica’, superar la impunidad de la ’Elenopolítica’, y falta un juicio: ¿dónde están los responsables de los descuidos del Estado que permitieron que estas regiones se llenaran de guerrilla, de narcoguerrilla y de narcoparamilitarismo", clamó Uribe.
Por la llamada "parapolítica", como se conoce al escándalo de los vínculos de congresistas con jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares de extrema derecha), hay más de 80 políticos procesados y de ellos más de 30 presos.
Pero por la "Farcpolítica" y "Elenopolítica", referidas a los presuntos nexos de políticos con guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), no hay abiertos procesos formales.
Arrubla mencionó el caso de la senadora opositora Piedad Córdoba, mediadora para la liberación de rehenes de las FARC y contra quien la Procuraduría (Ministerio Público) formuló cargos en abril pasado por presuntos vínculos con esa guerrilla.
Al respecto, recordó que la CSJ no ha recibido pruebas de esas acusaciones contra la senadora y enfatizó que, en diferentes procesos de mediación ante las FARC para lograr la liberación de secuestrados, Córdoba "estuvo actuando por la investidura que le dio el propio gobierno".
©efe 
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