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tierra a la vista


El gobierno Santos destapó una carta audaz: restituir tierras a millones de despojados. Gobierno de Santos busca aumentar considerablemente la tierra dedicada a los cultivos agrícolas, que hoy apenas llega a 4,9 millones de hectáreas.
Colombia. Conseguir su finca de 17 hectáreas ha sido una hazaña para Eric Vides, un campesino sucreño de unos 70 años. En los años 60, con la reforma agraria de Lleras Restrepo, se hizo con otros campesinos a una tierra, pero los quisieron matar. Pasaron 20 años para que otro gobierno, el de Barco con el PNR, se las titulara colectivamente. El año pasado pagó al Incoder 400.000 pesos para legalizar su propiedad individual, pero no le han salido los papeles y ahora "unos cachacos quieren comprarle su tierra por nada".
Como a don Vides, a los campesinos colombianos siempre les ha sido muy difícil conseguir tierra para producir. Cada cuarto de siglo aparece algún gobierno que se acuerda de ellos y se propone repartir y usar mejor los 50 millones de hectáreas disponibles para la agricultura.
Ahora, el gobierno de Juan Manuel Santos anuncia que, con mucha voluntad política, va a intentarlo de nuevo. Tendrá que atravesar aguas muy turbulentas. Treinta años de narcotraficantes comprando enormes fincas para ganadería extensiva y poco más de una década de paramilitares que obligaron a cuatro millones de campesinos a abandonar sus parcelas han concentrado la propiedad rural a niveles intolerables para una sociedad democrática. Un estudio de Ana María Ibáñez, de la Universidad de los Andes, estableció que el Gini rural colombiano es de 0,875, una cifra escandalosa, pues, según este índice, el máximo de desigualdad es de 1.
En un debate sobre tierras ante el Congreso, el miércoles pasado, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que emprendería una política de gran aliento para optimizar el uso de los suelos, mejorar el acceso a la tierra para los campesinos y formalizar la propiedad rural. Pero, sobre todo, dijo Restrepo, "Colombia tiene el deber ético y moral de saldar esa deuda insoluta con aquellos despojados injustamente por los violentos de todos los pelambres".
El giro audaz en la política agraria se explica, dijo un analista a SEMANA, porque la dirigencia colombiana se ha dado cuenta de que no se podrá acceder a los mercados internacionales si no pone en orden su territorio y le demuestra al mundo que no tiene lazos con los mafiosos que se apropiaron de manera violenta de millones de hectáreas. La prometida prosperidad democrática solo se alcanzará con reglas claras que aseguren el trámite civilizado de los conflictos rurales, mayor equidad social y la seguridad jurídica de los emprendimientos agrícolas y mineros.
Por eso, si el gobierno anterior buscó modernizar el campo y fomentar los grandes cultivos industriales, sin miramientos acerca de la injusticia sobre la que cimentaba su política, este quiere empujar el desarrollo de un sector agrícola saneado, con los pequeños y medianos productores como protagonistas. A su favor será redefinido el desprestigiado Agro Ingreso Seguro y se quiere simplificar y acelerar la formalización de títulos de propiedad, pues el 70 por ciento de los campesinos no los tienen. El título legal es la puerta de acceso a créditos y a subsidios.
Falta además actualizar el 45,7 por ciento y formar el 3,3 por ciento del catastro rural, que aunque se mejoró mucho, arroja un dato insólito: hoy toda la tierra en Colombia vale 70 billones de pesos, apenas una tercera parte del valor de los predios de Bogotá. Con avalúos más realistas, quizás un alza en la tarifa mínima del predial rural y un cobro más eficaz, habrá fuertes incentivos para que la tierra se use con mayor eficacia.
En el corazón de esta política está la restitución de tierras a los campesinos que las perdieron sobre todo a manos de la barbarie paramilitar. Según el estudio de la comisión de seguimiento a la política sobre desplazamiento forzado trazada por la Corte Constitucional, 5,5 millones de hectáreas fueron usurpadas o abandonadas. La tarea de verificación que se emprendió desde Planeación Nacional hace un tiempo puede dar un monto menor, pues diferentes víctimas pueden estar reclamando un mismo predio. De todos modos hay coincidencia en que la magnitud del despojo es monumental. La cifra conservadora que dio el Ministro es de dos millones de hectáreas.
Lo que se ha hecho en materia de restitución de tierras es insignificante. Los paramilitares han entregado al fondo de reparación poco más de 21.000 hectáreas y el gobierno Uribe entregó, entre subsidios y tierras a los campesinos, 66.295 hectáreas, cifras ridículas en comparación con la dimensión del problema. El gobierno Santos se compromete a darles mayor agilidad y dinero a estas adjudicaciones directas.
Su estrategia central, sin embargo, pretende coger el toro por los cuernos. Montará un sistema nacional de información de predios despojados que se construirá a partir del cruce de las actuales bases de datos, complementado, cuando no exista la información, con un catastro social. Este constata, con investigación de campo, quiénes eran los dueños de qué tierras. Una vez se verifique que la persona sí fue despojada, el gobierno le dará un carnet que así lo acredite.
Se creará por ley una jurisdicción especial nacional de tierras, que según cálculos iniciales exigirá abrir 75 nuevos juzgados. Ante estos acudirán las víctimas, acompañadas por el Estado y la carga de la prueba a su favor, pues será el tenedor quien deberá probarle al juez que el título es suyo.
Aún queda por definirse cómo la justicia castigará a los usurpadores violentos y a sus avivatos cómplices. Ponerlos tras las rejas será esencial para proteger a los campesinos que vuelvan a sus parcelas. Luis González, de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dice que urge tipificar el delito penal de despojo forzado, que no existe como tal.
Hay casos grises, sin embargo, como el de los simples testaferros. Justicia y Paz está presentando ante la Corte Suprema uno de Valencia, Córdoba, que quiere devolver seis predios que eran de Vicente Castaño, para que siente jurisprudencia al respecto y defina si se puede evitar procesarlos si entregan fincas en forma voluntaria.
Mientras se encarcela a los usurpadores, el retorno de los propietarios legales a sus parcelas puede ser peligroso. El despojo se hizo a sangre y fuego y han sido asesinados 45 líderes de víctimas, la mayoría luchando por recuperar sus fincas. El gobierno asegura que lo hará en coordinación con la fuerza pública para asegurarles su protección.
Para conseguir tierras, además, el Minagricultura, mediante una ley, buscará hacer más expedita la extinción de dominio y frenará en seco la venta de 500.000 hectáreas que la DNE estaba en proceso de monetizar para destinar los dineros a diferentes usos. En cambio, las adjudicará a los campesinos, aun antes de que falle el juez, y si el dueño durante el juicio logra probar el origen lícito de su propiedad, se le pagará su valor catastral con un título de deuda pública que pueda redimir en ocho o diez años.
El gobierno también se prepara para reversar decisiones de Incoder que les quitaron tierras a desplazados, beneficiarios del viejo Incora, con la excusa de que habían roto su contrato cuando las abandonaron, y se las adjudicaron a terceros. "El Incoder está desvencijado y necesita una reingeniería total", dijo el Ministro en el debate, luego de que el representante a la Cámara Iván Cepeda denunció que cinco gerentes de esta entidad han sido investigados, y dio varios ejemplos de adjudicaciones a ‘paras’ y a sus amigos.
Si bien el gobierno contempló presentar un proyecto de ley independiente de restitución de tierras, en consulta con los congresistas liberales Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, ponentes de la hundida ley de víctimas, decidió mejorar y ampliar el capítulo que sobre el tema ya tenía dicha ley. Ahora será presentada de nuevo, con respaldo de la bancada de gobierno.
Este punto es clave porque los convenios internacionales aprobados por Colombia contemplan que la reparación de las víctimas debe ser integral. Es decir, no solo debe restituirse la tierra y repararse el capital perdido (el 84 por ciento de los desplazados perdió sus animales), sino que la víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación moral.
Ni la ley será fácil de aprobar ni tampoco lo será devolverles las tierras a los despojados, formalizar y hacer más equitativo el agro colombiano. Las amenazas que recibió el representante del Polo Iván Cepeda por citar a un debate del tema, son apenas un augurio de las borrascas que va a enfrentar la nueva política si, como dijo Restrepo, "la decisión de seguir adelante es firme e irreversible".
No obstante, también tendrá amigos entusiastas en Colombia y el exterior, y, ante ellos, el desafío del gobierno será otro: no defraudarlos.
24 de agosto de 2010
23 de agosto de 2010
©semana
©verdad abierta
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