trece condenas en la pampa
Concluyeron juicios por crímenes contra la humanidad en La Pampa y Mendoza. En Mendoza condenaron a perpetua al teniente coronel Aníbal Guevara y a los ex policías Raúl Soppe y Juan Labarta y le dieron ocho años al abogado Raúl Egea. En La Pampa recibieron penas de entre 8 y 20 años nueve represores.
Argentina. Tribunales de Mendoza y La Pampa produjeron ayer sendos fallos en causas por delitos de lesa humanidad, en los que fueron condenados en total trece represores, uno de ellos civil. Miembros del Tribunal II de Mendoza condenaron a prisión perpetua al teniente coronel Aníbal Guevara y a los ex policías Raúl Soppe y Juan Labarta, e impusieron una pena de ocho años de prisión al abogado Raúl Egea, tras el primer juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en esa provincia. En tanto, el Tribunal Oral Federal de La Pampa condenó a penas que van de 8 a 20 años de prisión en cárcel común e inhabilitación absoluta y perpetua a nueve represores condenados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas, cometidos en la Subzona 14 con jurisdicción en esa provincia durante la última dictadura cívico-militar.
Ese juicio oral y público comenzó el 2 de agosto en el Colegio de Abogados de Santa Rosa y también se convirtió en histórico porque juzgó por primera vez el accionar de un grupo de policías y militares durante la dictadura. Con absoluto silencio de parte de todos los presentes en la sala, entre ellos el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, se escuchó cada una de las condenas a los nueve imputados, pero ese clima fue interrumpido con silbidos y quejas cuando se escuchó que el ex subcomisario Hugo Marenchino era condenado a la pena de 8 años de prisión. Los nueve condenados por el tribunal, que falló en forma unánime, son el coronel Néstor Greppi (20 años de pena), secretario general de la gobernación de facto; Roberto Constantino (20 años), comisario general; Roberto Fiorucci (20 años), comisario inspector de la Policía, jefe de Informaciones; Omar Aguilera, comisario mayor de la policía y jefe de Operaciones; Néstor Cenizo (14 años), oficial principal, integrante de Informaciones y Operaciones; Carlos Reinhart (20 años), oficial principal, integrante del Grupo de Trabajo de la Subzona 14; Oscar Yorio (12 años), subcomisario de la policía; Athos Reta (12 años), subcomisario de la Brigada de Investigaciones y Marenchino (8 años), subcomisario integrante Grupo de Trabajo Subzona 14. Fueron condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad mediando amenazas, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos y allanamiento ilegal. Todos ellos están detenidos desde el inicio del juicio en la Unidad 4 de Santa Rosa y fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal de esa ciudad.
La querella había solicitado una pena de 25 años de prisión en cárceles comunes, que los condenados no cobren más jubilación, pensión o cualquier tipo de remuneración que actualmente perciban, y que se ordene la investigación de la participación civil y los médicos policiales y militares denunciados en el debate oral. En tal sentido, la fiscal federal Marta Odasso decidió abrir otra causa en la que incluiría a civiles, como médicos policiales, que intervinieron en las sesiones de torturas y fueron imputados por las víctimas en este juicio.
En tanto, en Mendoza, el presidente del Tribunal II, Roberto Burad, ordenó que "a los cuatro acusados se les deberán rechazar las solicitudes de excarcelación y prisión domiciliaria y deberán ser trasladados de inmediato a una cárcel común". El juicio se había abocado a los casos de cuatro miembros de la Juventud Peronista, Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Verón, quienes fueron detenidos el 23 de marzo de 1976. Guevara, Soppe, Labarta y Egea se proclamaron inocentes y fueron condenados por homicidio triplemente agravado, aplicación de tormentos, y falsedad ideológica, a excepción del abogado Egea que sólo fue sentenciado por este último delito. Las condenas fueron firmadas por Burad y los jueces Héctor Cortés y Roberto Naciff, quienes además ordenaron investigar a once cómplices cuyos nombres fueron denunciados en las testimoniales, entre los que se encuentra el cura párroco de San Rafael, Franco Revérveri.
Mariano Tripiana, hijo del desaparecido Francisco Tripiana, dijo estar "muy conforme", ya que "realmente no esperaba que iba a haber una justicia tan correcta". Y agregó: "Para mí y mi familia tener justicia fue muy importante en memoria de mi viejo, esté donde esté su cuerpo, porque hacemos esta lucha por él y por todos los compañeros desaparecidos de toda nuestra Argentina".
17 de noviembre de 2010
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