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solución equivocada en méxico


El gobierno de Obama hace bien en considerar un aumento del financiamiento, pero militarizar todavía más la lucha contra los carteles de la droga es erróneo. Sería más razonable que Estados Unidos se preocupara de la escandalosa corrupción.
[John M. Ackerman] La secretario de Estado Hillary Rodham Clinton cometió el miércoles pasado un peligroso error cuando llamó "subversivos" a los carteles de la droga mexicanos y sugirió revivir el Plan Colombia del presidente Clinton para enfrentar el problema. Ese programa instaló bases militares estadounidenses en Colombia y canalizó miles de millones de dólares por concepto de ayuda militar para combatir la subversión de izquierda que se financia con el tráfico de drogas. Lo último que necesita Estados Unidos ahora es un nuevo atolladero al sur del Río Grande.
México no se parece a Colombia. Colombia debía hacer frente a una organización revolucionaria empecinada en derrocar al gobierno. En contraste, los narcotraficantes colombianos son hombres de negocios que, podemos asumir, están interesados sobre todo en aumentar sus ganancias. Al final, prefieren usar "plata", o sobornos, en lugar de "plomo", o balas. Aunque toman decisiones rápidas sobre el asesinato y la decapitación de miembros de organizaciones rivales, prefieren de lejos a un agente de policía, soldado o mayor dócil vivo que uno muerto. Es por eso que funcionarios de gobierno constituyen apenas un pequeño porcentaje de las muertes: sólo cerca de tres mil, de 28 mil víctimas, de acuerdo a cifras oficiales.
El despliegue de tropas de combate estadounidenses en territorio mexicano también podría parecer y sentirse como una invasión extranjera. No sería la primera vez que Estados Unidos cruce la frontera. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos conquistó un tercio del territorio mexicano. En 1914, Estados Unidos ocupó la estratégica ciudad portuaria de Veracruz. En 1917, cuando se redactaba la moderna Constitución mexicana, tropas estadounidenses cruzaron la frontera en un fallido intento de atrapar a Pancho Villa.
Por eso, el pueblo mexicano desconfía mucho más que los colombianos de cualquier tipo de relación militar con Estados Unidos. Este es particularmente el caso este año, cuando México celebra el bicentenario de su independencia de España y el tema de la soberanía está en el centro del debate público.
El Plan Colombia fue muy problemático. Más de cuatro mil millones de ayuda militar y la construcción de bases militares estadounidenses redujeron la violencia. Sin embargo, la cocaína colombiana todavía fluye libremente hacia el mercado estadounidense y es una de las fuentes de ingreso más importantes para los carteles mexicanos.
El apoyo militar estadounidense en Colombia también condujo a un fuerte aumento de las violaciones a los derechos humanos y numerosas ‘desapariciones’ de ciudadanos, con un costo considerable para el tejido social del país. Informes de organizaciones no-gubernamentales y de la prensa han constatado que gran parte de la ayuda fue canalizada hacia organizaciones paramilitares y que la presencia de Estados Unidos envalentonó a los militares colombianos para actuar con impunidad.
El gobierno de Obama hace bien en considerar un aumento para el financiamiento mexicano. La secretaria de Estado Clinton también hace bien en exigir más "voluntad política" al sur de la frontera. La decisión de la última semana, de suspender 26 millones de dólares de ayuda a México por la situación de los derechos humanos, es un respiro. Declaraciones recientes de altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos sobre la corrupción en México también representan un bienvenido rompimiento con el pasado.
Pero incrementar la militarización no es la solución. Como dijo al Times Alonzo R. Pena, subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, la semana pasada: "Donar al gobierno mexicano doce helicópteros Black Hawk nuevos para combatir a los señores de la droga no tiene ningún valor si los funcionarios avisan a los carteles antes de que los aparatos se acerquen". México debe enfrentar resueltamente el problema de la corrupción.
Hay indicios de que se está avanzando en este frente. La semana pasada el gobierno anunció que había despedido al diez por ciento de la fuerza de policía federal porque los agentes no habían aprobado sus exámenes de "control de confianza", que incluyen un detector de mentiras y tests de drogas. Otro cinco por ciento está siendo investigado y también podrían ser despedidos.
Además, el reciente aumento de los ataques directos contra funcionarios públicos puede ser una triste indicación de que en realidad algo se está logrando con el intento de México de purgar el gobierno. Nueve presidentes municipales, un candidato a gobernador y numerosos jefes de policía han sido asesinados en los últimos meses. Aunque es siempre posible que los funcionarios hayan sido asesinados porque favorecían a una banda por sobre las otras, al menos en algunos casos las organizaciones respondieron a la campaña contra la corrupción.
Pero es simplemente ingenuo pensar que los exámenes de control de confianza y unos pocos héroes del gobierno harán el trabajo. México debe implementar potentes soluciones institucionales que cambien la ecuación de incentivo para los funcionarios de gobierno. En lo específico, se debería crear una nueva comisión contra la corrupción, completamente independiente y bien financiada, que trabaje estrechamente con la sociedad civil para controlar, investigar y capturar a funcionarios públicos corruptos. Hoy, México no tiene nada que se acerque siquiera a una institución semejante.
Otra decisión estratégica sería financiar y apoyar agresivamente al periodismo investigativo independiente y a los medios alternativos, que han jugado un importante papel en exigir responsabilidad al gobierno. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo en México. Los dos carteles y el gobierno han hecho todo lo posible por suprimir la verdad sobre la corrupción.
Desgraciadamente, ni las agencias contra la corrupción ni el apoyo a periodistas han formado parte del nuevo énfasis en programas sociales, los que hace algunos meses el gobierno de Obama sugirió como posibles receptores de financiamiento futuro en México. Bajo la influencia del gobierno de Calderón, gran parte de las conversaciones han girado sobre iniciativas más "blandas", como educación en drogas, renovación urbana, becas escolares y programas de desarrollo de la comunidad. Todo esto es bueno, pero no atacarán las raíces del presente fracaso en el intento de contener a los carteles de la droga en México.
Es hora de que Estados Unidos modifique su política de drogas en México. En lugar de echar más dinero al hoyo negro de los helicópteros de combate, bases militares o programas de desarrollo social, Estados Unidos podría hacer una importante contribución a la paz en Norteamérica ayudando a combatir resueltamente la corrupción y apoyando la libertad de expresión.
[El autor es profesor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y columnista del diario La Jornada y de la revista Proceso].
johnackerman.blogspot.com
13 de noviembre de 2010
10 de septiembre de 2010
©los angeles times
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