empresas deben pagar reparaciones

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Empresas que financiaron grupos ilegales, obligadas a reparar a las víctimas. Así quedó establecido expresamente en el proyecto que busca la reparación integral y la restitución de tierras a las víctimas de la violencia. Es la principal novedad de un proyecto que no discriminará a las víctimas según su victimario.

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Colombia. Después de dos semanas de intenso debate, que el propio Gobierno calificó de "gran altura", la Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno al proyecto que busca la reparación integral a las víctimas de la violencia y la restitución de bienes a los despojados.
La decisión adoptada por esta comisión del Congreso es significativa, porque delineó los principales alcances de un proyecto al que le faltan aún tres debates para que entre en vigencia.
Esta comisión, gracias a un consenso promovido por los ministerios del Interior y Agricultura, aprobó sin mayores modificaciones el texto original que el propio presidente Juan Manuel Santos radicó en el Congreso el pasado 27 de septiembre, y que se acumuló con el proyecto de restitución de tierras diseñado por el ministro Juan Camilo Restrepo.
Sin embargo, hubo una novedad que no aparecía en el texto original. Y fue la obligación expresa para las empresas que hayan financiado organizaciones armadas al margen de la ley de compensar y reparar a las víctimas de aquellas estructuras ilegales.
Fue una proposición de autoría del representante liberal Guillermo Rivera, que obliga a jueces y fiscales a determinar si a las organizaciones al margen de la ley las financiaron empresas legalmente reconocidas. Caso en el cual, en la misma sentencia, deberán ordenar que estas empresas concurran en la misma proporción a reparar a las víctimas.
Por ejemplo, casos similares a los de la multinacional bananera Chiquita Brands, que fue condenada por la justicia estadounidense por financiar grupos paramilitares, son los que contempla esta ley. Sin embargo, este caso específico no entraría en jurisdicción de esta legislación, pues ya la multinacional se vio obligada a pagar una indemnización.
El texto también entrega a las autoridades judiciales mayores herramientas para perseguir bienes y tierras de victimarios que están ocultos en manos de testaferros. La estrategia será mediante la creación de una unidad especializada de la Fiscalía y el CTI para identificar bienes ocultos de los victimarios que, una vez identificados, ingresarán al fondo nacional de reparación.
Al proyecto, que originalmente constaba de 177 artículos, se le adicionaron cuatro más y ahora lo componen 181 artículos. En ellos se le otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República, por espacio de seis meses posteriores a la consagración de la ley, para que a través de decretos con fuerza de ley se garanticen y se regulen los derechos de víctimas de grupos afrodescendientes y comunidades indígenas.
La aprobación de este proyecto en primer debate fue calificada por el ministro Juan Camilo Restrepo de "histórica", al señalar que con esta ley, que probablemente empiece a ser aplicada en abril del próximo año (si así lo decide la plenaria de la Cámara y el Senado en otros dos debates), "la sociedad colombiana va a cumplir una deuda hasta ahora insoluta, pero de inmensa magnitud para con las víctimas de la violencia y los despojados de la tierra".
El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras considera que la relevancia de la aprobación de este proyecto en primer debate es que constituye "un nuevo enfoque en materia de Derechos Humanos que presenta Colombia ante la comunidad internacional" y que supone el comienzo de una etapa de "cicatrización de tantas heridas, un primer paso a la reconciliación".
 
Así Quedó la Ley de Víctimas
Tal como fue aprobado por la Comisión Primera, y a falta de tres debates, los principales alcances de este proyecto de ley son los siguientes:
 
- No habrá discriminación en la definición de víctima
Víctima es toda aquella persona que haya sufrido el menoscabo de uno de sus derechos fundamentales sin importar quién fue su victimario. Esta fue la gran discusión que tuvo el proyecto que se frustró en la legislatura anterior, al considerar que no se podían equiparar las víctimas de agentes del Estado, con las de organizaciones armadas al margen de la ley. Tal como lo aprobó el Congreso en esta oportunidad todas las víctimas son tratadas en igualdad de condiciones y no se excluye a ninguna.

- Actuales poseedores deberán demostrar la tenencia de las tierras
En materia de restitución de tierras, se invierte la carga de la prueba. Quienes hoy tienen el dominio de las tierras son los que deberán probar que son los dueños legítimos, legales o que sean poseedores de buena fe, en este caso serán compensados, pero en cualquier circunstancia se restituirá la tierra a los despojados.

- Duda, a favor de la víctima
El proyecto consagra principios internacionales que generan obligaciones al Estado en materia de no discriminación, garantías de reparación integral y de favorecer a la víctima en caso de una interpretación dudosa de la ley.

- Sanciones penales a quienes oculten bienes o engañen al Estado
El proyecto establece como delito, con penas que contemplan entre siete y diez años de prisión, a aquellos que, siendo testaferros, conserven las tierras y no las entreguen. También a aquellas personas que intenten engañar al Estado, y haciéndose pasar como víctimas sin serlo, reclamen tierras o indemnizaciones contempladas en la reparación.

- Indemnizaciones por vía administrativa y judicial
Según lo aprobado en el proyecto, aquellas personas que acrediten su condición de víctimas podrán acceder a la reparación por vía administrativa, consistente en una indemnización de 40 salarios mínimos, sin perjuicio de reclamar reparación por la vía judicial. Es decir, que las víctimas reparadas por el Estado podrán adelantar en instancias judiciales procesos y si el juez lo decide podrán reclamar una indemnización. En este caso se descontará del monto establecido en la sentencia los 40 salarios que le fueron otorgados.

- Comisión de la verdad
El proyecto también contempla la creación de una Comisión de la Verdad, que también tendrá la labor de investigar quiénes fueron los financiadores y promotores de la violencia en el país.

- Quiénes se beneficiarán de la ley
La ley de víctimas y restitución de tierras será una legislación de justicia transicional y creará mecanismos excepcionales, que no elimina los mecanismos ordinarios ya existentes. En ese sentido, el proyecto establece que las víctimas desde 1984 en adelante podrán acceder a reparación. Y en el capítulo de tierras, quienes hayan sido objeto de despojo desde 1990 en adelante. Para épocas posteriores, no quiere decir que las tierras no se puedan reclamar, pero se tendrán que hacer por la vía judicial ordinaria, donde la carga de la prueba sí es competencia de las víctimas.

¿Qué Queda Pendiente?
 Varios temas deberá discutir el Congreso en los tres debates que le restan a esta iniciativa. Son los siguientes:

- Inclusión de parejas del mismo sexo dentro del capítulo de definición de víctima.
 
- Salvedades que en materia de Derecho Internacional Humanitario le caben a las niñas y niños víctimas del conflicto por el delito de reclutamiento forzado.

- Posibilidad que, en virtud de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, los familiares de miembros de organizaciones armadas ilegales puedan ser considerados eventualmente como víctimas.

- La voluntad de los ciudadanos que por vía de aportes en cajeros automáticos o transacciones bancarias tengan la posibilidad de contribuir con el fondo nacional de reparación.
26 de noviembre de 2010
©semana