gobierno respalda a general homicida
En medio de fuertes cuestionamientos por su pasado CNI. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro, es el segundo hombre en la línea de mando de la institución.
Santiago, Chile. En el Ejecutivo se señaló que la situación del Jefe del Estado Mayor del Ejército es distinta a la de los tres ex asesores -también vinculados con los servicios de inteligencia del Régimen Militar- despedidos del Ministerio de Defensa. "Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter.
A las investigaciones por supuestas irregularidades que por estas horas afectan a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, se suman ahora los vínculos que integrantes del Ejército tuvieron con los servicios de seguridad del Régimen Militar.
Tras la desvinculación el lunes de cinco ex oficiales de la institución que prestaban asesorías para el Ministerio de Defensa por este tema, ayer se abrió una nueva polémica tras la revelación de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división Guillermo Castro Muñoz, fue agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) desde 1979 a 1982.
Así lo confirmó el propio Castro en una declaración judicial que prestó ante el juez Héctor Solís, que investiga el asesinato de 22 campesinos en Paine en octubre de 1973, caso en que el general prestó testimonio en calidad de inculpado en 2008.
Tras conocerse estos antecedentes, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, analizó detalladamente con los principales asesores del ministerio el caso del Jefe del Estado Mayor, segundo en la línea de mando del Ejército.
En el estudio de este escenario se llegó a la conclusión de que la situación de Castro es distinta a la de los ex asesores despedidos, principalmente por tratarse de un militar en servicio activo al cual jamás se le puso una objeción a su continuidad ni a los asensos que obtuvo al interior de la institución.
"Ahí operan otras normas legales y otros entendimientos para tomar decisiones", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien fue el encargado de entregar la versión oficial del hecho. "La decisión del ministro Allamand, que nosotros compartimos, es que, tratándose de asesores a honorarios, hay ciertas conductas que están reñidas con el espíritu de nuestro gobierno", agregó.
Por esto es que el Ejecutivo puso énfasis en la trayectoria de Castro durante los gobiernos de la Concertación, que siempre tuvo conocimiento de los antecedentes que vinculaban al oficial con la CNI: Comandante del Regimiento Maipo (durante la era Frei Ruiz-Tagle); agregado militar en Argentina (con Lagos) y ascendido a general en 2003 (nuevamente con Lagos y con Michelle Bachelet como ministra de Defensa).
"La posición que ocupa hoy dentro del Ejército es una posición a la que llegó con una trayectoria militar dentro de los gobiernos de la Concertación, no producto de decisiones de este gobierno", explicó Hinzpeter.
Esta versión fue reconocida por el ex ministro de defensa concertacionista, Francisco Vidal, quien sostuvo haber conocido el historial de Castro.
"La política de nuestro gobierno fue: en la medida que ese oficial sea procesado y acusado, se le pide la renuncia. Mientras no haya una acusación, no se le pide la renuncia (...) En el caso del general Castro, obviamente había prestado declaraciones ante el juez que lleva el Caso Paine. Pero ese juez lo declaró fuera de responsabilidad", explicó.
En esa línea Vidal sostuvo que en su época de ministro, el 20% de los oficiales del Ejército pasaron por la CNI (es decir 1 de cada 5 oficiales).
Petitorio de Renuncia
Ante estas informaciones, parlamentarios de la oposición y representantes de organizaciones de DD.HH solicitaron la salida del general Castro del Ejército.
"Quien perteneció a la Dina o la CNI, algún grado de responsabilidad tienen en los crímenes. A Castro además de darlo de baja hay que quitarle todos los honores", sostuvo Lorena Pizarro de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
A su turno el presidente del PS, Osvaldo Andrade expresó que "sería un gesto de mínima dignidad que no prestara servicio como militar activo del Ejército".
El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, dijo a su vez que "ninguna persona que haya integrado la DINA o la CNI en organismos de seguridad de la dictadura militar tiene la probidad necesaria para ocupar un cargo público".
3 de febrero de 2011
1 de febrero de 2011
©la nación
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