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insisten en remoción de general rata


Un llamado al gobierno a "terminar con la impunidad" hizo la AFDD junto al miembro de la Comisión Política del PC, Juan Andrés Lagos. "Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas", dijo Lorena Pizarro.
[José Antonio Torres] Santiago, Chile. Hasta el ministerio de Defensa llegaron agrupaciones de Derechos Humanos para entregar una carta al ministro de Defensa, Andrés Allamand, en la que se le solicita la destitución a la brevedad del actual jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro Muñoz, por su vinculación con la CNI durante la dictadura.
"El gobierno de Piñera avanza en la impunidad. Las palabras de buena crianza las venimos escuchando hace 20 años, por lo tanto le decimos al Presidente que empiece de una vez por toda a cumplir con lo que lo obliga el derecho internacional. Aquí no estamos hablando del Hogar de Cristo, estamos hablando de aparatos represivos y terroristas como fueron la DINA y la CNI", señaló Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, sostuvo que esto es una reiteración que han mantenido las agrupaciones de DDHH, en el sentido de que el único camino para establecer la verdad y justicia en Chile es no seguir ocultando ni seguir manteniendo una política que permita a militares con pasado en organismos represores vayan haciendo carrera al interior de las Fuerzas Armadas.
"Nos preocupa que el ministro Rodrigo Hinzpeter trate de justificar el respaldo al general Castro sobre la base de algo que no se hizo antes, refiriéndose a gobiernos de la Concertación. El ministro olvida que la derecha ha sido parte de los consensos que se han realizado en nuestro país, especialmente en relación a los derechos humanos", afirmó Juan Andrés Lagos.
Lorena Pizarro dijo que la imagen del país queda en entredicho ante la comunidad internacional al tener como segundo hombre del Ejército de Chile, a "un terrorista de Estado y a un criminal".
"Aquí lo que se está transmitiendo, es que el Estado de Chile ampara a genocidas y violadores de derechos humanos. Estamos convirtiéndonos en un Estado que da señales claras de legitimar el exterminio a personas que piensan distinto. Eso se condice con la  decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Magallanes", dijo la dirigenta.
3 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©la nación
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