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"Se gobierna en función del presente y no del pasado", afirmó el diputado Jorge Burgos, quien instó al gobierno a definir a quién aplicará la "Doctrina Allamand", estrenada con el despido de Defensa de ex militares vinculados a la DINA y CNI. "Nadie que hubiera pasado por estos servicios debiera detentar puestos", afirmó.

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[Fidel Oyarzo] Valparaíso, Chile. Al paso de la política adoptada por el gobierno con relación a los militares en retiro y en servicio activo vinculados a organismos de inteligencia de la dictadura salió el diputado Jorge Burgos, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara y ex subsecretario de Guerra entre los años 1993 y 1996.
En el mundo político ya se habla de la "Doctrina Allamand", la que está teniendo amplias repercusiones en la esfera castrense.
Hasta antes de la nominación del ex senador como Ministerio de Defensa, nadie hablaba de los ex agentes de la CNI y la DINA, de la derogación de la Ley Reservada del Cobre ni de la necesidad de otorgar más transparencia a las adquisiciones militares y recursos que perciben las ramas castrenses.
Como varios de estos cambios requieren necesariamente de un apoyo transversal en el Congreso, el gobierno del presidente Piñera, y en particular el ministro Andrés Allamand, tendrán que entenderse con parlamentarios de las filas opositoras. Y en esa dinámica la opinión de Burgos será determinante.

¿Qué opina sobre el manejo que ha tenido Allamand y el gobierno en los casos de militares en retiro y en servicio activo que estuvieron en la DINA o la CNI?
Tanto el gobierno como el Ministerio de Defensa, conducido por Andrés Allamand,  tienen un problema que ha sido habitual en el Chile de la post dictadura: miembros de las Fuerzas Armadas destinados a servicios de inteligencia o unidades que se dedicaron a cometer delitos y conculcar los derechos más esenciales de los chilenos.
Durante el ejercicio de las administraciones anteriores hubo casos en que no ascendieron y vieron truncadas sus carreras y  hubo otros en que, atendidas ciertas circunstancias, los ascensos se concedieron.
En los primeros años de la transición fue más difícil. Hay que recordar, por ejemplo,  que hubo que hacer esfuerzos, que hoy parecieran increíbles, para que Manuel Contreras cumpliera la primera sentencia y sacarlo de un regimiento donde estuvo escondido durante 24 horas.
Después del retiro de Pinochet las cosas fueron discurriendo por otro camino. En lo concreto, quien debe resolver el problema hoy es el gobierno de Piñera y no saca nada con argumentar respecto a casos ocurridos antes. Se gobierna en función del presente y no del pasado.

¿Qué le han parecido las últimas decisiones?
 La doctrina que fijó el ministro Allamand, en el sentido que los asesores de Izurieta que habían estado en servicios de inteligencia debían terminar sus contratos es una sana doctrina. El tema es si esa doctrina la va a aplicar en términos generales o sólo en algunos casos. Eso está por verse.
Si la tesis se aplica cuando una persona ha estado imputada, formalizada o encargada reo puede ser una tesis, pero aparentemente no la fue con ocasión de los asesores y sí en el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército.
Tienen un problema que hay que resolver. A mi juicio, el Chile de hoy requiere claridad y lo lógico sería que nadie que hubiera pasado por estos servicios pudiera detentar puestos de esa magnitud.

¿Debe abandonar su cargo el general Guillermo Castro?
Es mi modesta opinión, pero quien debe resolver esto es quien detenta el poder democráticamente. No sacan nada con seguir argumentando lo que se hizo antes. Esas son cosas se resuelven en función del presente.

Se ha dicho que se está aplicando una política de continuidad…
No estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos, en el sentido que había una determinada doctrina. Esto es algo que tiene que resolver el actual gobierno sin ampararse en situaciones del pasado. Uno no entiende cuando dicen que siguen la doctrina de la Concertación, en circunstancias que cuando partió este gobierno se afirmó que en veinte días habían hecho más que lo que la Concertación hizo en veinte años. ¿En qué quedamos entonces?

El ex Ministro de Defensa, Francisco, Vidal, dijo que no se podía remover a todos los oficiales vinculados a la ex CNI porque eran demasiados ¿Qué opina?
La cautela tuvo que ver con los primeros años, donde las prioridades eran otras. Los cambios que se iniciaron de a poco con Patricio Aylwin llegaron hasta la época de Ricardo Lagos, en que particularmente el Ejército entendió el rol que deben tener las Fuerzas Armadas. Y se generó una normalidad que perdura hasta hoy. No se puede hacer la diferenciación de la cual habla el ex ministro Vidal de manera tan categórica.

¿Los argumentos de Vidal no son válidos?
No son válidos.

Entonces los gobiernos de la Concertación cometieron un error…
Puede que en algunos casos se cometieran errores. Nadie está exento de cometer errores. Es perfectamente posible que en algunos ascensos se cometieran errores. Pero eso no le sirve de nada al actual gobierno. No pueden decir "como ellos cometieron errores, yo voy a continuar cometiéndolos". Nadie elige gobernantes para eso.

¿Cuál es su visión sobre el subsecretario de Defensa, Oscar Izurieta, cuestionado por contratar ex agentes y por presuntas irregularidades en compras de helicópteros?
Nombrar al general Izurieta como subsecretario de Defensa a pocas horas de haber dejado la comandancia en jefe del Ejército fue un grave error. Es contrario a la tesis de que el Ministerio de Defensa se relaciona con los militares, pero es un ministerio eminentemente civil.
Al no haberlo removido en el cambio de subsecretarios de esta semana han persistido en ese error. Eso no ha andado bien y no andará bien. Y con respecto a esa denuncia, no tengo ningún antecedente. Eso se está investigando y sería muy injusto de mi parte atribuirle responsabilidades.

¿La salida de Izurieta habría provocado inquietud en las Fuerzas Armadas?
No. La relación de respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas hacia el poder civil está absolutamente consolidada en nuestro país y, presumir que un gobierno tiene que inhibirse de tomar ciertas decisiones en virtud de los efectos que esa resolución pudiera producir, no tiene asidero.

¿Qué le parece la decisión del Presidente Piñera de poner fin a la Ley Reservada del Cobre?
Muy bien, y espero que este titular que conocimos -ya que no hemos recibido un proyecto de ley, ni siquiera en borrador- sea una buena noticia. Si hay un proyecto razonable, el presidente Piñera contará con los votos de la Concertación. Creo que tendrá más dificultades de conseguir los votos de la Alianza. Ojalá se parezca lo más posible al proyecto que mandó la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009 e, injustificadamente, el gobierno actual retiró.

¿Cuál debe ser el eje de ese proyecto?
Si yo tuviera que nombrar un aspecto esencial, ese es la transparencia y el término del secreto, y además la aprobación del Parlamento de los gastos militares.
7 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
©la nación