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ofensiva en caso mirage


El CDE logró que se nombrara un ministro en visita. Tras descubrirse que comisiones por la venta de los Elkan aterrizaron en las cuentas de ex oficiales de la FACH y de familiares del ex comandante en jefe Ramón Vega, la justicia busca ahora cerrar el círculo de otros funcionarios que pudieron recibir su tajada en el negocio.
Santiago, Chile. Si la historia ha reportado numerosos casos de corrupción donde se menciona a un misterioso hombre del maletín, Chile no es la excepción. Y la decisión de la Corte Suprema de nombrar un ministro en visita para investigar el pago de coimas por la compra de 25 aviones Mirage para la Fuerza Aérea de Chile (FACH), en 1994, tiene algo de aquello.
Algunos ministros de la Corte lo supieron varios días antes del viernes, cuando se aprobó la petición que había hecho el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para nombrar un ministro. El organismo sabe que existen antecedentes suficientes para presumir que varios oficiales de la FACH, entre ellos el ex comandante en jefe Ramón Vega, recibieron coimas directa o indirectamente. Pero también conoce que, en la profusa información enviada por las autoridades belgas, hay indicios de que en la negociación para vender a Chile las aeronaves los incentivos económicos también pudieron alcanzar esferas políticas.
El proceso chileno por este caso, que comenzó en diciembre de 2003 en Bélgica se inició en 1995 , cobró nuevos bríos en noviembre último. Ese mes, el Primer Tribunal de Instrucción de Bruselas envió a la justicia chilena la copia íntegra de su investigación del dispositivo montado por la empresa Sabca para lograr que mediante el pago de comisiones ilegales el gobierno chileno aprobara la oferta de los cazabombarderos dados de baja por la Fuerza Aérea belga.
En dicho informe, un alto ejecutivo de la empresa reconoce que el dispositivo, además de enviar intermediarios para incentivar a funcionarios de la FACH, también contemplaba la ‘cobertura’ de políticos que pudieran intervenir en la decisión final sobre la compra de los aviones, rebautizados como Elkan.

La Ruta Verde
Tras varios años de investigación, los tribunales belgas lograron que Suiza y EEUU levantaran el secreto bancario de los principales sospechosos que habían identificado como distribuidores y receptores de comisiones ilegales: Carlos Honzik, chileno de origen checo y encargado de distribuir 14,4 millones de dólares; Bernardo van Meer, un británico de origen holandés y yerno del general Ramón Vega a la fecha de la negociación; Conrado Ariztía O’Brien, un conocido proveedor de la FACH, y el propio ex comandante en jefe de la FACH, entre otros.
El exhorto de diciembre, al que LND tuvo acceso exclusivo, reveló que desde cuentas de sociedades al portador, creadas en paraísos fiscales, se realizaron millonarios depósitos entre 1996 y 1997, a los tres hijos de Vega: Gustavo, Verónica y Rosa María Vega Pizarro. La suma total alcanza a los 700 mil dólares, provenientes de Berthier Investment Inc., de propiedad de Honzik (fallecido en 1999).
Siguiendo la ruta de los dineros que esta sociedad tenía depositados en una cuenta denominada Solane del Clariden Bank de Suiza, se llegó hasta los bancos Coutts and Co., hoy de propiedad del español Santander, y Espirito Santo, ambos de Miami, EEUU, donde se hallaron cuentas asociadas a la ruta de las comisiones.
En el Coutts se descubrió una cuenta a nombre de Gustavo Vega Pizarro, que actuaba en representación de su padre (in trust for), Ramón Vega, según la documentación oficial que la entidad financiera posee. El 28 de marzo de 1996, padre e hijo recibieron 441.189 dólares provenientes de la cuenta TABA del mismo Coutts, denominación para la cuenta de la misma Berthier.

El Yerno y Sus Dos Mujeres
Asimismo, se descubrió que Honzik también transfirió desde la cuenta Solane un total de 2.774.989 dólares a favor de Van Meer, el yerno de Vega.
Los dineros fueron depositados en 12 movimientos, entre el 31 de enero de 1995 y el 8 de septiembre de 1997, a la cuenta 40.361 que Van Meer mantenía en el Swiss Bank Corporation (que luego se llamó Union de Banques Suisses y, actualmente, Scheitzerischer Bank Verein).
Desde allí, el yerno del general realizó transferencias a varias cuentas ubicadas en Inglaterra, en libras esterlinas y dólares. Su esposa de entonces, Rosa María Vega, recibió dos depósitos en el Midland Bank de Londres.
Por otra parte, de la misma cuenta personal de Honzik (TABA), en julio de 1996, éste transfiere 20 mil dólares a una cuenta que la misma Rosa María Vega mantenía en el banco londinense. Dos años más tarde, en marzo de 1998, la mujer recibe dos depósitos por un total de 100 mil dólares en otra cuenta que mantuvo en el Coutts de Londres.
El 15 de diciembre de 1995, en tanto, fueron transferidos 20 mil dólares a la cuenta que Verónica Vega, la otra hija del ex comandante en jefe de la FACH, mantenía en el Chase Manhattan Bank de Nueva York.

Los Oficiales
Desde las cuentas de Honzik en el Coutts de Miami, en tanto, se descubrieron transferencias al general (R) Jaime Estay Viveros, que fue quien firmó por parte del fisco, ante las autoridades belgas, el contrato de crédito que permitió la adquisición de los aviones. Estay fue comandante de la IV Brigada Aérea y coordinador del Comité de Asesoría Técnica de la Agencia Chilena del Espacio. Según los antecedentes recogidos en Estados Unidos, el uniformado recibió unos 65 mil dólares, entre junio de 1995 y marzo de 1996.
Desde cuentas extranjeras de Conrado Ariztía se descubrieron también depósitos a uno de los miembros de la comisión que evaluó los Mirage, el coronel (R) Luis Bolton Montalvo, por 160 mil dólares, y al general (R) Florencio Dublé, ex jefe de Estado Mayor de la FACH, por 60 mil dólares.
Todos ellos han declarado en calidad de inculpados en el proceso. Por ello se estima que el ministro que quede a cargo del caso a partir del lunes podría someter a proceso a Vega y los ex oficiales. La decisión debiera recaer en alguno de los dos últimos ministros en ingresar a la Corte de Apelaciones de Santiago, Emilio Elgueta o Jéssica González. Fuentes del proceso estiman que quien quede a cargo también podría citar a autoridades civiles de la época que participaron en la negociación.

4 de mayo de 2008
©la nación
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