acusan montaje en juicio contra llaitul
Abogados de Llaitul califican megajuicio como "burdo montaje". Con alegatos de clausura de la defensa terminan las audiencias que se realizaron durante más de tres meses en el Tribunal Oral Penal de Cañete. La próxima semana habría veredicto.
[Claudio Leiva Cortés] Chile. Como un "gran y burdo montaje" califican los abogados defensores el megajuicio que se realizó durante tres meses en el Tribunal Oral Penal de Cañete, Región del Biobío, contra los 18 comuneros mapuches, en el marco del supuesto atentado al fiscal Mario Elgueta, que los indígenas afirman fue un enfrentamiento cuando la comitiva oficial llegó de noche a la comunidad.
En sus alegatos de clausura que se realizarán este jueves, los defensores Pablo Ortega, Pelayo Vial, Victoria Fariña y Juan Guzmán Tapia (ex juez) insistirán en que el fiscal Andrés Cruz no pudo probar ninguno de los delitos que se les imputan a Héctor Llaitul Carrillanca y los otros comuneros, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Estos supuestos delitos son asociación ilícita terrorista, incendio terrorista, robo con intimidación, asociación ilícita para el robo de madera y el ataque contra la comitiva del fiscal Elgueta, perpetrado en Tirúa el 16 de octubre de 2008, y en el cual resultaron heridos con perdigones tres funcionarios de la PDI y dos carabineros.
Según el ex juez Guzmán, defensor de Llaitul, quien arriesga 102 años de cárcel, la acusación contra el presunto líder militar de la CAM y supuesto organizador del ataque se basa principalmente en dos testigos secretos que están confesos de diferentes delitos y que, por lo mismo, tienen poca credibilidad.
Guzmán afirma que las escuchas telefónicas presentadas en el juicio fueron "manipuladas y sacadas de contexto". Insiste en que el fiscal Cruz no pudo situar a los acusados en el lugar en que se cometió el ataque y que los mismos carabineros que testificaron en el juicio calificaron el hecho como un enfrentamiento y no una emboscada.
Comuneros Denunciaron Presiones
En cuanto a los incendios terroristas, los abogados dicen que esta acusación se basa en cuatro comuneros que denunciaron presiones indebidas de parte de carabineros y de la fiscalía para declarar contra su peñi, Ramón Llanquileo. "Los únicos testigos presentados fueron carabineros que declararon como testigos de oídas", señalan los defensores.
Acerca de las asociaciones ilícitas y el robo de madera, los abogados aseguran que en la época en que se cometieron los delitos, "parte importante de los acusados no se encontraba en la zona". Por ejemplo, explican, Ramón Llanquileo se encontraba en el extranjero, Héctor LLaitul estaba preso, Jonathan Huillical estudiaba en el Liceo de Lonquimay y Luis Menares trabajaba en Temuco. "Obviamente, si la acusación se cae para algunos, se cae para todos", expresan los defensores.
Sobre el robo con intimidación que sufrió el comunero Santos Jorquera, los abogados indican que esta acusación se basa en el testimonio de testigos secretos que reconocieron haber estado bebiendo alcohol en la chichera de Jorquera, cuando ocurrieron los hechos. "Además, uno de los que dice haber escuchado algo es sordo el que dice haber visto algo es corto de vista", aseguran.
El veredicto se conocería el próximo lunes en medio de la expectación internacional que ha despertado el juicio. Éste comenzó poco después de concluida la huelga de hambre de 81 días que realizaron Llaitul y otros 37 comuneros para exigir que no fueran juzgados por Ley Antiterrorista. El gobierno retiró las querellas de este tipo, pero la Fiscalía del Biobío mantuvo la calificación de terrorista para los delitos.
17 de febrero de 2011
16 de febrero de 2011
©la nación
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