interceptaciones eran irregulares
Wikileaks: Exvicefiscal Pareja reconoció a la embajada de EE.UU. que 23 interceptaciones eran irregulares. Un cable describe la versión que dio el exvicefiscal a la embajada estadounidense sobre los avances en las investigaciones de los responsables de las chuzadas.
Colombia. Uno de los cables clasificados por Brian A. Nichols y creado el 13 de octubre de 2009, dio cuenta de una reunión entre funcionarios de la embajada y el exvicefiscal Fernando Pareja, en la que éste les rinde cuentas sobre los avances de las investigaciones sobre las ‘chuzadas’. Pareja se mostró sorprendido por la manera en la que el Ejecutivo tenía acceso a los programas de interceptaciones de teléfonos.
Este es uno de los cables revelados por El Espectador:
Los funcionarios del gobierno colombiano continúan participando en el control de daños a raíz del escándalo de las escuchas telefónicas que tienen en líos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Fiscal General de la Oficina. La Fiscalía General investiga presuntos delitos cometidos por los ex funcionarios del DAS, así como las escuchas telefónicas ilegales más recientes. Además, el Fiscal General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia han activado pruebas sobre el uso indebido del programa de interceptación judicial de la Fiscalía conocido como la ‘Plataforma de Esperanza’. El embajador reiteró el deseo del gobierno de Estados Unidos de que se hagan investigaciones completas y transparentes, y ofreció la asistencia de EE.UU. en su realización.
Despliegue de Múltiples Investigaciones sobre el Escándalo
El Fiscal General (interino) Guillermo Mendoza, anunció el 21 de septiembre que la investigación había demostrado que dos fiscales de su oficina - no del DAS - habían estado detrás de la vigilancia ilegal al magistrado auxiliar Iván Velázquez de la Corte Suprema. Según Mendoza, dos fiscales de su oficina insertaron el número de teléfono de Velázquez dentro de las solicitudes de interceptación de dos casos no relacionados. La vigilancia se llevó a cabo en las instalaciones del programa de interceptaciones judiciales "Esperanza" de la Fiscalía General, dijo Mendoza. El director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo, reconoció que tres agentes de la Policía participaron en la farsa, y agregó que "no hay justificación" para el seguimiento. "La policía judicial (DIJIN) está investigando agresivamente este aspecto del caso, tenemos indicios, pero estamos esperando para arrestar a los sospechosos hasta que el alcance de los vínculos criminales sea descubierto. El CTI también está realizando una investigación por separado de estos eventos.
Gobierno Defiende la Capacidad de la Interceptación
Altos funcionarios de la administración pasaron a la ofensiva a raíz de las revelaciones. El presidente Uribe alegó una "venganza criminal" para desacreditar al gobierno colombiano en el país y en el extranjero, mientras que el vicepresidente Francisco Santos dijo que los escándalos demuestran que había un "complot bien orquestado" destinado a socavar la capacidad del gobierno colombiano de luchar contra la delincuencia. El Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, dijo a la prensa que "algo olía a pescado" sobre el caso y afirmó que el gobierno colombiano había identificado 12 empresas que fabricaban y vendían servicios de escuchas telefónicas ilegales. El director del DAS, Felipe Muñoz dijo en público que había un mercado negro de escuchas telefónicas ilegales alimentado por la corrupción entre los proveedores de telefonía móvil y las agencias privadas de detectives. Muñoz en privado nos dijo que tenía la "intuición" de que las grabaciones a Velásquez estaban orientadas a avergonzar a la administración, y no a controlar al magistrado. El Vicefiscal General, Fernando Pareja, por su parte opinó que el objetivo de los casos del programa ‘Esperanza’ era distraer del escándalo de las interceptaciones telefónicas del DAS, creando la impresión pública de que "todos lo hacen."
Investigación por las Fechorías del DAS
El Vicefiscal General Pareja dijo el 9 de octubre que la investigación del caso del DAS se ha dividido en cuatro partes a saber:
- Los actos perpetrados por el personal del DAS, antes de enero de 2005, cuando el antiguo sistema acusatorio (Ley 600) estaba en vigor. En esta parte están las acusaciones al exdirector del DAS Jorge Noguera, quien manejaba una célula de operaciones secretas llamada ‘G3’, en connivencia con los paramilitares, para instigar el asesinato de tres sindicalistas y un profesor de colegio. La fiscal Patricia Rodríguez dijo que el CTI ha obtenido evidencia documental suficiente de las actividades del G3.
- Actividades llevadas a cabo a partir de enero de 2005, cuando entró el nuevo sistema acusatorio (Ley 906). Esta investigación se refiere a las denuncias contra la Directores del DAS Andrés Peñate Giraldo y María del Pilar Hurtado, cuando el "Grupo de Observación Nacional e Internacional (Goni) supuestamente llevó a cabo la vigilancia de representantes de la sociedad civil y la oposición política.
Rodríguez dijo que esta investigación ha sido mal dirigida fundamentalmente desde principios de este año. (Nota: la revista ‘Semana’ informó que el Fiscal General interino Guillermo Mendoza había removido a dos fiscales que llevaban casos de los altos exfuncionarios del DAS, y otros 12 (delegados), que de manera flagrante se hicieron los de la vista gorda frente a pruebas importantes. Los nuevos fiscales tuvieron que empezar desde cero, dijo Rodríguez. La investigación posterior de estos crímenes, dijo, es de naturaleza más técnica, con la participación de la exploración de los discos duros de ordenadores, etc, y será más difícil, dado el alto estándar del valor probatorio que se requiere en el nuevo sistema acusatorio. - Sin entrar en detalles, Pareja dijo que Mendoza había retenido dos de los casos del DAS para manejarlos personalmente, presumiblemente, debido a las irregularidades antes mencionadas.
Investigación en los Abusos de los Productos ‘Esperanza’
En cuanto a la investigación de la Plataforma ‘Esperanza’, Pareja dijo que los investigadores se centraron en cómo las llamadas interceptadas al magistrado Auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez - el principal investigador de los vínculos entre los miembros del Congreso y los paramilitares – se filtraron nueve días después a la revista ‘Semana’. Pareja señaló que dos salones de escuchas separadas, uno operado por el CTI en nombre del Ejército de Colombia y el otro por el grupo anti secuestros de la Policía Nacional de Colombia - habían ejecutado dos órdenes, autorizadas legalmente, de interceptar a Velázquez en agosto. Cuando un analista de CTI reconoce Velázquez como magistrado, la vigilancia terminó, sólo para ser restablecida por la sala de escucha de la Policía al día siguiente. Pareja dijo que los investigadores habían concluido que la interceptación del agregado judicial de EE.UU. hablando con Velázquez fue "accidental", y no una acción específica dirigida a un funcionario de EE.UU. Señaló que la interceptación de un segundo número fue ilegalmente respaldada en las órdenes de escuchas telefónicas, esta vez contra a Alexandra Valencia, la jefe de investigaciones de la Procuraduría asignada a la investigación del escándalo del DAS.
Pareja dijo que la Fiscalía General ha detectado un total de 23 interceptaciones sospechosas de estar autorizadas indebidamente, vía Esperanza. Pareja, un magistrado a quien Mendoza nombró en agosto, como su número dos, expresó su sorpresa por el amplio acceso de las agencias gubernamentales a la Plataforma Esperanza. Él se sorprendió, por ejemplo, de la revelación pública de que el Procurador General ha mantenido su propia sala de audición entre 1996 y enero de 2009, a espaldas de la rama Judicial y del Ejecutivo. También se sorprendió de que la ciudad de Medellín haya sido sede de una sala de audición donde los fiscales investigan la delincuencia organizada en esa ciudad. Dijo que tanto él como Mendoza se preocupan por la responsabilidad penal y política propia de un sistema supuestamente bajo su control, pero con diversos puntos de acceso. Dijo que el Fiscal General en funciones había ordenado a ingenieros llevar a cabo una revisión de la plataforma Esperanza y cada sala de audición como medida de precaución y que haría cambios en los procedimientos para fortalecer la supervisión del gobierno.
El cuerpo diplomático acreditado instó al vicefiscal que revelara a la prensa las investigaciones de su competencia a fin de presentar una contabilidad completa de los escándalos de escuchas telefónicas. El cuerpo diplomático ofrece las asistencia de la embajada estadounidense para el logro de este objetivo, incluyendo la re-investigación del personal colombiano que trabaja en el DAS o con acceso a Esperanza que facilita el intercambio de información con los Estados Unidos.
Investigadores de la Policía nos dijeron, el 13 de octubre, que han descubierto los posibles vínculos entre los exfuncionarios del DAS y los funcionarios Policía que falsificaban las ordenes para para lograr la interceptación del teléfono del magistrado Iván Velázquez. La Policía está siguiendo los vínculos de los responsables para determinar hasta qué punto la conspiración criminal se extiende, antes de hacer detenciones.
25 de febrero de 2011
24 de febrero de 2011
©semana
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