doce mil falsos paras desmovilizados
Sabas culpó a Restrepo de meterle 12.000 paras. Los cables diplomáticos revelados por Wikileaks dejan ver que las desmovilizaciones fueron motivo de conflicto en el gobierno Uribe. Dudas por armas, combatientes y algunos colados en el bloque Cacique Nutibara.
Colombia. El escándalo que hoy se ha suscitado por los presuntos engaños y colados en los procesos de desmovilización de diversos frentes de los grupos paramilitares, y también del denominado bloque Cacica Gaitana, de las Farc, ya había sido advertido por las autoridades y la comunidad internacional en 2006. Las pruebas están contenidas en reportes diplomáticos desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en los cuales quedaron al desnudo las dudas y diferencias entre allegados a estas desmovilizaciones por lo que estaba sucediendo.
En concreto, el 28 de junio de 2006, la Embajada de Estados Unidos remitió un cable diplomático consignando las opiniones del director de la Misión de la OEA, Sergio Caramagna, en torno a las últimas incidencias del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, y en él quedaron claras, una vez más, las desavenencias entre el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, con el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, precisamente respecto a las desmovilizaciones y los ofrecimientos a los jefes paramilitares.
Caramagna indicó que la relación entre Pretelt y Restrepo estaba de mal en peor, y la razón eran sus mutuos reclamos. El ministro Sabas Pretelt culpaba al comisionado Restrepo de haber metido a 12.000 paramilitares más de los que el Gobierno estimaba; y a su vez Restrepo responsabilizaba a Pretelt de estar haciendo promesas a los paramilitares que el Gobierno no podía cumplir. El delegado de la OEA insistió en su sorpresa de que las negociaciones con los distintos bloques de autodefensas se estuvieran dando por separado.
Pero Caramagna fue mucho más allá y comentó que el ministro Pretelt había manifestado que, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad condicionada de la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno iba a buscar cómo preservar sus principios. El delegado de la OEA reconoció que nada había unido más a los jefes paramilitares que ese fallo de la Corte Constitucional, pero que los líderes de las autodefensas reconocieron que para ese momento ya muchos de sus hombres ni siquiera se reportaban con ellos.
El cable concluyó citando las preocupaciones de Sergio Caramagna respecto a comentarios atribuidos a Vicente Castaño. El jefe paramilitar le había advertido que más de 200 desmovilizados de rango medio que esperaban que el proceso se cayera en la Corte, estaban proponiendo un atentado contra el Estado y un retorno a las actividades criminales, incluyendo el secuestro, para obtener reconocimiento político del Gobierno. Los jefes ‘paras’ estaban atentos de lo que el Ejecutivo estaba dispuesto a ofrecer a la guerrilla de las Farc.
Pero no fue el único cable diplomático de la época que dejó entrever los dilemas causados por las desmovilizaciones. El 20 de junio de 2006, la Embajada de Estados Unidos envía un informe sobre las armas que fueron entregadas por los grupos paramilitares, e incluye en el reporte las inquietudes de los analistas en el sentido de que muchas de esas armas hubiesen sido entregadas a manos criminales. Ya entonces quedaba en evidencia que al parecer sólo 15.000 de los 30.000 desmovilizados fueran realmente del ala armada de las Auc.
El cable contiene información sobre las armas y, por ejemplo, expresa que mientras el Bloque Norte aportó hasta tres por militante, en las autodefensas de Puerto Boyacá y el Bloque Central Bolívar hubo hasta cuatro por paramilitar. El cable refiere que, según analistas, alrededor de 4.000 no fueron entregadas y que se clasificaron armas de origen ruso, norteamericano, búlgaro, de Corea y de Polonia. Y armas venezolanas, lo cual evidenciaba que no sólo las Farc se proveían de armas del vecino país.
Con anterioridad —en abril de 2006—, la Embajada de Estados Unidos había remitido otro cable diplomático, producto de una reunión entre un senador norteamericano y un defensor de derechos humanos de Colombia, donde este último le advertía a su interlocutor que el proceso de desmovilización de las autodefensas no era serio y que existían innumerables denuncias sobre asesinatos del paramilitarismo después de iniciado el proceso de paz. El cable destacó las críticas por el manejo de las estadísticas por parte del Gobierno.
En general, más allá de los cables diplomáticos y las revelaciones de Wikileaks, desde el mismo momento de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003 en La Ceja (Antioquia), surgieron dudas. En su momento, El Espectador publicó en su edición del 30 de noviembre de 2003 un informe de su enviada especial María Alejandra Villamizar, titulado "Un as bajo la manga en el proceso de La Ceja", donde quedó referido cómo mucha gente que asistió a la desmovilización del Cacique Nutibara quedó con la sensación de haber sido engañada.
Según el informe periodístico, las armas que fueron entregadas no eran las mismas que se habían visto antes; y un conocedor del Cacique Nutibara observó que no habían aparecido los fusiles de doble mira con que acostumbraban patrullar en Medellín. Varios informes de derechos humanos de la misma época registraron también que durante la desmovilización del bloque Cacique Nutibara se habían reclutado jóvenes únicamente para que participaran en la ceremonia de desmovilización, recibiendo a cambio beneficios económicos.
Aun así, a mediados de 2006, la Embajada envió un reporte sobre 14.078 desmovilizados. El informe quedó encabezado por los 868 combatientes del Cacique Nutibara, y la clasificación incluyó las desmovilizaciones de frentes encabezados por Hébert Veloza, José María Barrera, Guillermo Torres, Luis Eduardo Cifuentes, Salvatore Mancuso, Juan de Dios Úsuga, Jairo Angarita, Alcides de Jesús Durango, Diego Vecino, Don Berna, Pablo Sevillano, Daniel Mejía, Francisco Zuluaga, Vicente Castaño, Diego Martínez, Julián Bolívar, Luis Tuberquia, Ernesto Báez y Macaco.
Lo paradójico es que examinando hoy esa misma lista, así como aparecen jefes paramilitares que terminaron extraditados a Estados Unidos, otros que siguen presos en Colombia y unos más que murieron asesinados, se incluye a Juan de Dios Úsuga, como el principal líder del bloque Calima del Pacífico. Aunque en su momento dicha estructura paramilitar aparecía bajo el mando de Hernán Hernández, hoy Úsuga encabeza las listas de los hombres por capturar, dada su vinculación con las hoy llamadas bandas criminales o bacrim.
En síntesis, los cables de Wikileaks demuestran que, tal como hoy lo están reconociendo jefes paramilitares como El Alemán, El Tuso Sierra, el exsecretario de alias Gordo Lindo y H.H., en los actos de desmovilización del paramilitarismo se metieron muchos goles. De hecho, siempre se tuvo claro que Gordo Lindo, El Tuso y los mellizos Mejía Múnera, se colaron para tratar de lograr sombra en el proceso de paz con el gobierno Uribe, a pesar de que sus actividades siempre estuvieron relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
Desmovilizaciones en Entredicho
El escándalo de las presuntas desmovilizaciones ficticias que tiene hoy al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo en la mira de la Procuraduría, que decidió ayer abrirle indagación preliminar en su contra por las presuntas irregularidades y faltas disciplinarias en ese tema, empezó cuando los desmovilizados José Alfredo Pacheco y Luis Eduardo Montero aseguraron que el desarme del bloque Cacica Gaitana de las Farc y del bloque Cacique Nutibara de las Auc, en marzo de 2006, fue un fraude. En febrero, fecha en la que este diario publicó los cables de Wikileaks que señalaban lo mismo, un fiscal de Justicia y Paz pidió abrir investigación contra el excomisionado Restrepo, entre otros, por la supuesta mentira. A estos testimonios se sumó el del exjefe ‘para’ Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, quien afirmó esta semana que en 2005 dos bloques de las Auc fueron un montaje que protagonizaron mototaxistas, vagos y quienes querían ganarse $450 mil. Asimismo, el excomandante ‘para’ Hébert Veloza ,alias ‘HH’, lleva dos días asegurando que la desmovilización del bloque Granada estaba llena de narcotraficantes que pretendían recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, y que el Gobierno sabía que muchos de esos grupos acababan de surgir. Por su parte, Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, denunció desde 2008 que el bloque Pacífico que se desmovilizó no eran sólo por paramilitares.
10 de marzo de 2011
9 de marzo de 2011
©el espectador
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