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piñera y el indulto


La columna de Carlos Peña en El Mercurio.
[Carlos Peña] El anuncio vino desde Madrid:
Vamos a explorar y conversar en el Congreso la posibilidad de otorgar conmutaciones de penas a personas de edad avanzada -explicó el Presidente.
¿Acaso incluirían ellas a violadores de derechos humanos hoy día ancianos o enfermos? -preguntó un periodista.
Por supuesto -dijo Piñera-, cuando se habla de razones humanitarias, no se debe hacer ninguna distinción entre ser civil o militar. Son todos seres humanos; por tanto, todos sujetos de razones humanitarias.
A la luz de esas declaraciones, el Presidente parece creer dos cosas: una, que los violadores de derechos humanos merecen conmiseración de parte del Estado; dos, que ésa es una razón suficiente para que el Congreso los incluya en un indulto general.
Se trata de dos errores del Presidente.
Los violadores de derechos humanos -a diferencia de un delincuente común- se sirvieron del aparato del Estado no sólo para infringir sistemáticamente los derechos de las personas, sino para encubrir su propia participación en esos crímenes. Gracias a que detentaban el poder estatal, pudieron asesinar por motivos políticos, y más tarde, sirviéndose de ese mismo poder, eludir toda responsabilidad. En suma, quienes violaron los derechos humanos pervirtieron la misma índole del Estado, y aprovechándose de eso, delinquieron y luego se ocultaron.
Si se les liberara con el pretexto de las razones humanitarias, la pena en su caso no habría sido ni ejemplarizadora, ni retributiva: ni aleccionadora para el resto de los ciudadanos, ni correctiva para las víctimas.
En cambio, el Estado habría sido defraudado en sus fines por tercera vez: cuando con sus medios se violaron los derechos, cuando sirviéndose de ellos se alcanzó la impunidad y cuando se echó mano a sus reglas para eludir la pena.
¿Significa eso que quienes violaron los derechos humanos no son merecedores de consideraciones humanitarias?
En absoluto. Esas consideraciones deben inspirar un cuidado especial cuando están enfermos y un régimen que les permita relacionarse con sus familiares; pero no evitarles la cárcel. Es verdad que se trata de seres humanos -como es obvio, un criminal es, efectivamente, un ser humano-, pero justo por ello, son responsables de lo que hicieron meditada y sistemáticamente y sirviéndose de los medios del Estado.
Por lo demás, tampoco el Presidente parece muy convencido de que se trate de personas que por razones humanitarias merezcan eludir el encierro.
Si de verdad el Presidente creyera lo que declaró en Madrid, entonces podría aplicar el indulto particular que es (¿acaso no lo sabe?) una atribución exclusiva suya que ejerce de manera discrecional. ¿Por qué el Presidente trata de conseguir en el Congreso lo que él podría hacer bajo su única y exclusiva responsabilidad? Si él efectivamente estuviera convencido de que en esos casos median razones humanitarias, ¿por qué, entonces, no toma la responsabilidad de indultar a los culpables y luego le explica al país las poderosas y notables razones que lo inspiraron?
Si en cambio él piensa que no median razones humanitarias o que habiéndolas ellas se ven obstaculizadas por la gravedad de las felonías y los crímenes que esos reos cometieron, entonces ni debe indultar ni, tampoco, pedirle al Congreso que lo haga. La razón es obvia: si para él no hay razones para indultar, ¿por qué podría haberlas para que el Congreso lo hiciera?
La ministra Von Baer improvisó una razón. Lo que ocurre, dijo ella, es que los chilenos estamos divididos frente a nuestra historia, y de ahí entonces que para indultar sea imprescindible un consenso general.
Tampoco es cierto.
Los chilenos están divididos por la historia; pero no respecto a que las violaciones de los derechos humanos carecen de toda justificación y merecen un castigo. La diversidad de opiniones en torno a la historia es una cosa; la actitud que el Estado y la ciudadanía deben tener en torno a los crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos es otra.
No cabe duda: si el Presidente cree que hay razones humanitarias, debe indultar y tomar la responsabilidad; si piensa que no hay tales razones, entonces ni siquiera debe sugerir al Congreso que lo haga.
13 de marzo de 2011
©el mercurio

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