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entrevista con michael reed


Director del ICTJ. Aduce que las falsas desmovilizaciones torpedean la búsqueda de justicia, verdad y reparación. En su criterio, aún falta mucho para una transición hacia la paz.
[César Paredes] Colombia. Para Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la ley de víctimas que se discute en el Congreso no es la primera ni la última en el intento de resarcir a la población vulnerada por el conflicto armado.
En entrevista con Semana.com, Reed señaló los ajustes que en su criterio requiere la iniciativa. El especialista sostuvo que la falta de claridad en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares no es una denuncia nueva e indicó que aún estamos lejos de un verdadero proceso de justicia transicional (la que se aplica después de las dictaduras o en los procesos de paz).
 
Semana.com: ¿Qué significa la ley de víctimas en nuestro contexto?
Michael Reed: No es la primera ley de las víctimas ni tampoco será la última. Es importante entender eso. En Colombia se han creado varias leyes, por ejemplo, la Ley de Desaparición forzada de 1989, la Ley 387 para las personas desplazadas por la violencia. Lo nuevo es que después del proceso de Justicia y Paz se empezó a hablar de justicia y reparación y la ley de víctimas contempla unas medidas en ese sentido. Es una propuesta ambiciosa para Colombia, pero también es una iniciativa que se queda corta.
 
Usted ha resaltado varias de esas debilidades, ¿cuáles son?
La iniciativa ha tenido mucha concertación, debate público y debate no público también (se han negociado algunas cosas). El proyecto, como está redactado, recoge problemas viejos como la definición de víctimas. La última propuesta amplió el universo hasta 1986, La U ha contemplado la posibilidad de que se amplíe hasta 1985, pero inmediatamente surge la pregunta: ¿qué pasa con las víctimas de 1983 y 1984?
 Por otro lado, el proyecto excluyó de la reparación administrativa a los miembros de grupos armados ilegales que sufrieron violaciones. Y por último, hay un intento de unos sectores por excluir personas que son víctimas de las acciones de agentes estatales.
 
Además…
El proyecto sigue haciendo una fusión indebida de lo que es asistencia, atención, protección, servicios básicos, con reparación. El Estado podría decirle a la comunidad internacional, a las víctimas y a la sociedad: ‘Yo soy un Estado responsable porque estoy tratando de socorrer y ayudar a las víctimas del conflicto’. Pero eso hay llamarlo como es: asistencia. Infortunadamente, el proyecto como está confunde esos conceptos y presenta debates viejos.
 
El ICTJ también ha hecho reparos a los mecanismos de restitución de tierras. ¿En qué consisten?
Hay que reconocer que en la agenda pública nunca se había puesto el tema, pero también encontramos algunos problemas. Por ejemplo, solo cobija a las víctimas de hechos que ocurrieron después de 1991. ¿Por qué el 91 y no antes? En política pública hay que justificar las decisiones con argumentos que todo el mundo entienda. Porque así, zonas que fueron golpeadas por el paramilitarismo, como San Vicente de Chucurí, donde el paramilitarismo existió antes del 91, y la gente fue desplazada y despojada de su tierra, no podrán reclamar su derecho.
Los legisladores deberían revisar la propuesta, de lo contrario, estarían desconociendo los derechos de los poseedores o propietarios al darles títulos a los que de buena o mala fe se aprovecharon de la situación.
Además, la restitución sólo se puede dar con garantías de seguridad y de protección. Las personas que están en zonas afectadas por la violencia coercitiva, presencia de grupos o de personas que representan poderes fácticos de tiempo atrás, tienen mucho miedo. La violencia ha logrado lo que pretende y es que la gente se comporte de una manera o de otra, porque teme morir.
 
El ICTJ ha dicho que la entrega de tierras no es suficiente. ¿Por qué?
No es suficiente si no hay garantías para que se pueda ejercer el derecho de hacer lo que le dé la gana con la tierra. También consideramos la necesidad de prever un mecanismo ágil de revisión a la decisión de primera instancia para el reclamo de la tierra, que, según el proyecto, quedará a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Las acciones penales en contra de quienes entreguen tierras deben ser estratégicas y no limitar la justicia a entregarles el beneficio del principio de oportunidad, sino buscar que se persiga la información relacionada con la usurpación y llegar hasta los responsables. Tampoco estamos de acuerdo con el derecho real de superficie, que establece que en algunos terrenos hay intereses agroforestales o de materias públicas, y que por tanto el campesino despojado podría recibir una renta. Eso no es una restitución de facto porque no permite el disfrute de la tierra por el campesino y se avala lo que se busca deshacer.
 
Otro tema que el ICTJ está estudiando es la ley para facilitar el proceso de de los paramilitares que quedaron por fuera de Justicia y paz. ¿Cuál es su opinión de esa iniciativa que está en proceso de desarrollarse en el Congreso?
Es una ley compleja que se expide alegando una crisis. No entendemos el porqué de la crisis, si la situación jurídica fue generada en el 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo que dice que los paramilitares no se pueden juzgar por el delito de sedición.
Entendemos la necesidad de resolver problemas jurídicos, pero eso no se debe hacer de manera rápida y ciega. Lo que hemos sugerido es que se depuren las listas, de quién se desmovilizó, quiénes son estos 30.000 que entraron en las listas de desmovilizados, para que el Estado no otorgue beneficios de manera irresponsable a personas que podrían tener información valiosa para desmontar estructuras importantes. Hay por lo menos 1.500 individuos que han salido de Justicia y Paz, porque dicen es que fue un error. Que no nos sorprenda alguien que dice ser un soldado raso y resulte que fue un comandante.
 
¿No le parece que es necesaria para garantizar la desmovilización de los combatientes rasos?
La ley se está vendiendo como un complemento de Justicia y Paz, porque el desmovilizado firma un acuerdo con el presidente de la República que lo compromete a dar una declaración con una delegación —que no sabemos quién es porque no se ha definido—. Pero lo más grave es que se le está dando un cheque en blanco, porque se dice lo que usted confiesa no va a tener un efecto judicial. Eso es grave, ¿qué tipo de verdad es esa? ¿Qué pasa si un paramilitar confiesa vínculos con élites políticas y militares?
Por otro lado, curiosamente, la ley es para que se garantice justicia, verdad y reparación de las víctimas, pero no sabemos qué papel desempeñan las víctimas en los procesos judiciales. En Sudáfrica el proceso de paz tenía un componente esencial: la garantía de la transparencia en la confesión y de la participación de las víctimas. Además, el Comité rector podía decir: "Usted no cuenta con el aval porque no me está diciendo toda la verdad.
Lo que no queremos es que se pierda una vez más la oportunidad de identificar quién se desmovilizó y qué información tienen sobre los aparatos de poder en Colombia.
 
¿De qué manera las falsas desmovilizaciones podrían afectar el proceso de justicia transicional?
Desde el proceso de desmovilización, en el 2003, había mucha confusión sobre quién estaba negociando y quién no. El Bloque Élmer Cárdenas, por ejemplo, se retiró al comienzo del proceso y después volvió a la mesa de negociación. Grupos como los del Casanare se retiraron del todo. Hubo falta de transparencia sobre quién participaba.
Si uno ve los documentos oficiales, el objetivo era que se desmovilizaran entre 15.000 y 20.000 combatientes. Pero ¡oh sorpresa! son algo más de 30.000. Eso tenía el propósito de confundir, de cubrir retaguardias que quedaron armadas y grupos que nunca se desmovilizaron. Tenemos información muy precisa, documentada por el ente oficial que estaba vigilando el proceso, de que días después de la desmovilización se encontraron con la misma estructura armada en el mismo sitio, el Bloque Héroes de Tolová.
En el 2006, cuando el gobierno hizo traslado de la lista construida con los desmovilizados a la Fiscalía, (2.695 postulados), el fiscal Mario Iguarán, con cara de frustración, dijo que esa lista no ayudaba, que solo se habían individualizado los procesos de un 10 por ciento. Si eso era sobre la lista más depurada, imagínese el caos.
A eso agréguele las desmovilizaciones de personas que lo hicieron por fuera de Justicia y Paz (entre el 2003 y el 2005), súmele el reclutamiento rápido de personas que no tienen nada qué ver con la estructura, por ejemplo del bloque Cacique Nutibara. También hay denuncias sin investigar de entre el 2004 y el 2006 de muchachos que fueron reclutados a la fuerza para desmovilizarse en grupos a los que nunca pertenecieron, y de muchachos que dijeron que les ofrecieron incentivos para desmovilizarse. Lo que pasa es que ahora las denuncias se ratifican.
 
¿Usted considera que el surgimiento de lo que el Ejecutivo llama las Bandas Criminales obedece a un proceso de desmovilización mal hecho?
Obedece a muchas cosas: a las dinámicas de violencia que siguen activas donde hubo desmovilizaciones; a la dificultad en Colombia de encontrar un antes y un después; a que el tema del narcotráfico no se abordó de manera explícita, sino de manera implícita y hasta soterrada; a la falta del ejercicio de la soberanía del Estado en todo el territorio nacional… No podemos asumir que la desmovilización de las AUC era la desmovilización de todas las estructuras de grupos ilegales del país.
Ahora se habla de los Rastrojos y de los Machos y se presentan como bandas emergentes. Esos grupos existen desde hace muchos años en el norte del Valle tenían una pretensión militar, dedicación al narcotráfico, control de territorios y de rutas, desde mucho antes. Esos fueron grupos que no entraron en el proceso de desmovilización, que vieron la posibilidad de ampliar su influencia, y lo hicieron.
 
¿Qué opina de la propuesta de promover un nuevo marco legal para futuras desmovilizaciones?
Creo que hay que respetar los ciclos de las políticas públicas. Diría lo mismo para la ley de víctimas. Hay una extraña tendencia en Colombia a pensar que a punta de leyes uno puede superar los problemas. Yo creo que es bien importante diagnosticar los problemas que enfrentamos, antes de hablar de un nuevo marco legal. Hay que hacer mucha conciencia, con estudios técnicos, sobre qué pasó con los paramilitares desmovilizados, en qué se ha fallado, cuáles son los vacíos, qué es lo que se quiere.
 
¿Cuáles son los elementos ineludibles para la aplicación de la justicia transicional?
La justicia transicional no es un proceso declarativo, como se ha sugerido. No se hace a la fuerza, ni se impone. Es un proceso donde participa todo el mundo. La idea es que exista un ambiente político propicio donde todos tengan garantías. Ofrecer justicia transicional cuando a uno lo matan por denunciar es bastante equívoco. Sin embargo, los procesos de transición no son en blanco y negro. No hay un día en el que uno dice "hoy vamos a hacer la paz, pues ayer no la había". Pero los actores sí deben tener una intención explícita de buscar cambios. Eso implica pensar en una cosa importante: ¿qué va a pasar con los integrantes de la fuerza pública que son casi medio millón de hombres en armas?
 
En un eventual proceso de paz con las FARC, ¿qué es imprescindible?
Hoy día es claro que la amnistía no es permitida en casos de delitos graves. Hace 20 años se pensaba lo mismo. Pero a las víctimas en Chile, en Argentina, les tocó dar la pelea política para que quedara claro. Esas son peleas que hoy día no han terminado. Pero es claro que las amnistías ni los indultos son viables, en la comisión de delitos atroces. Después de procesos como el de Sudáfrica creo que no hay procesos perfectos. Lo que se busca es que existan condiciones políticas favorables para que la sociedad dé pasos cualitativos, que permitan el reconocimiento de las víctimas. Lo que está en juego con los grupos ilegales es la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
 
¿Estamos lejos de un proceso así?
Ojalá no tanto, pero la historia, que es el mejor predictor del futuro, nos indica que el proceso colombiano es complejo. Cada paso que se dé para llevar el escenario hacia una discusión política sobre la solución al conflicto colombiano es un paso positivo. Cuando se cayeron los diálogos de paz entramos en un proceso en el que no era posible discutir una salida negociada al conflicto. Hoy, hay voces polarizantes que plantean que quien defienda esa idea está bordeando la criminalidad. Mientras existan esas expresiones, sí, estamos lejos. Pero no quiere decir que sea demasiado lejos para que no podamos avizorar una meta posible.
23 de marzo de 2011
16 de marzo de 2011
©semana

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